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Hace 2 semanas
domingo 15 de noviembre de 2009
domingo 8 de noviembre de 2009
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PERSISTENTE AFÁN PERSECUTORIOJosé Enrique González Ruiz
Ante las presiones políticas,
en poco quedan los principios jurídicos.
en poco quedan los principios jurídicos.
Un magistrado Terco
El Presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, doctor José Vicente Troya Jaramillo, manifiesta un inexplicable afán persecutorio contra Lucía Andrea Morett Álvarez, víctima del infame bombardeo al campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en Sucumbíos, ordenado por Álvaro Uribe Vélez. Porque insiste en solicitar su extradición a la nación andina, bajo la acusación de haber cometido un delito contra la seguridad interior del Estado (ecuatoriano) previsto en su Código Penal, artículo 147, que establece:
El que promoviere, dirigiere o participare en organizaciones de guerrillas, comandos, grupos de combate o grupos o células terroristas destinadas a subvertir el orden público, sustituir la Fuerza Pública, atacarla o interferir su normal desempeño, será reprimido con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años y multa de ochenta y siete a ciento setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Si estas actividades se ejecutasen con armas, u obedeciendo instrucciones foráneas, o con la intervención, apoyo o auxilio económico del extranjero, la pena será de ocho a doce años de reclusión mayor ordinaria y multa se ciento setenta y cinco a cuatrocientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
Para que una persona pueda ser sancionada en aplicación de ese precepto legal, deben probarse plenamente los siguientes hechos:
1.- La persona acusada promovió, dirigió o participó (tres hipótesis distintas: promover, dirigir y participar) en grupos guerrilleros, o comandos, o grupos de combate o células terroristas.
2.- Tales grupos deben estar destinados a: I.- subvertir el orden público. 2.-sustituir la fuerza pública. 3.- Atacar la fuerza pública. 4.- o interferir el normal desempeño de la fuerza pública. Obviamente, por ser una ley del Ecuador, se refiere al orden y la fuerza pública ecuatorianos.
3.- Son factores agravantes de estas conductas: 1.- Ejecutar los hechos con armas. 2.- Realizarlos obedeciendo instrucciones foráneas. 3.- O recibir apoyo o auxilio económico, o propiciar cualquiera intervención del extranjero.
El magistrado Troya reiteró al gobierno de México su petición de que extradite a la ciudadana mexicana, en resolución del 30 de octubre del 2009, en la que da respuesta a una serie de requerimientos que le hicieron las autoridades mexicanas.
Los principales requerimientos de la Secretaría de Relaciones Exteriores
Una primera solicitud de extradición fue presentada por el presidente de la Corte ecuatoriana. La Secretaría de Relaciones Exteriores, a nombre del gobierno de México, requirió a la solicitante una serie de precisiones. Las más importantes son:
a) El delito por el cuál se reclama a Lucía Morett; b) un extracto de los hechos que constituyeron las conductas delictivas por las que es requerida; c) las circunstancias de tiempo, modo y lugar del ilícito; ch) cómo fue que Lucía Morett participó en el ilícito, de tal forma que puso en riesgo la seguridad interna del estado ecuatoriano; d) si se trató de un atentado contra la seguridad interna del Estado o se produjo una lesión a la misma; e) si el delito que se imputa a Morett se considera político; y f) la razón por la que se validó la información contenida en la computadora que el ejército de Colombia dice haber recogido del Campamento de las FARC, cuando el Informe Forense de Interpol señaló “que el acceso a los datos contenidos en las pruebas que fueron entregadas a la Dirección de Investigación Criminal de Colombia ‘no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la Ley’, por tanto no puede tomarse como evidencia para pretender acreditar la presunta responsabilidad de la reclamada en los hechos que se le atribuyen”.
Como puede verse, el cuestionamiento fue a fondo: abarcó desde los hechos base de la acusación, hasta la validez de las pruebas que aparecen en el expediente, pasando por la tipificación del ilícito imputado. Y es que el gobierno mexicano sabe perfectamente que Lucía Morett es víctima del bombardeo criminal que se realizó el 1 de marzo del 2008, en el cual fueron asesinadas 25 personas, entre ellas el comandante de las FARC Raúl Reyes y cuatro jóvenes de nacionalidad mexicana. El único hecho comprobado es que la estudiante de la UNAM se encontraba en el sitio.
Más adelante nos referimos en concreto a la pregunta que consideramos clave, referente a las acciones de las FARC.
Las respuestas del presidente de la Corte de Ecuador
Desaprovechando la oportunidad que le dieron las autoridades mexicanas de enmendar los errores que cometió en su primera solicitud, el doctor Troya respondió con vaguedades y reiteraciones.
1.- Respecto a la acusación concreta, simplemente transcribió el artículo 147 del Código Penal. Pero no precisó cuál de las hipótesis de ese precepto es la aplicable al caso, pues omitió decir si considera a las FARC un grupo guerrillero, u comando, un grupo de combate o una célula terrorista. Tampoco precisó si ese organismo está destinado a subvertir el orden público ecuatoriano, o a sustituir, atacar o interferir el normal funcionamiento de la fuerza pública ecuatoriana.
2.- En cuanto al extracto de los hechos que se le solicitó, lo único que hizo fue una transcripción de un acta que existe en el expediente, en la que se dice que “…En el lugar de los hechos se encontraron (sic) a Lucía Andrea Morett Álvarez, Doris Bohórquez o Doris Johana Torres Bohórquez y Martha Pérez, que por la gravedad de sus heridas fueron trasladadas al hospital militar de la ciudad de Quito, quienes manifestaron que se encontraban dentro del campamento de las ‘Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo’ (FARC-EP cuando se produjo el bombardeo”.
De modo que si se hubiesen encontrado en el lugar a alguna de las personas que realizaban gestiones de intermediación de las FARC con el gobierno de Colombia, para conseguir la paz, como la senadora Piedad Córdoba, también la hubiesen criminalizado.
Lo cierto es que no se cumplió lo pedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues no se hizo un extracto de los hechos que pudieran ser constitutivos del delito de participar en hechos tendientes a subvertir el orden público ecuatoriano, o a atacar, sustituir o interferir en el normal desempeño de su fuerza pública.
3.- Tampoco se definieron las circunstancias de tiempo, lugar y modo del delito que imputan a Lucía Morett, ya que no se dijo concreta y específicamente qué hizo para participar con un grupo cuyo destino es subvertir el orden público ecuatoriano, o atacar, sustituir o interferir en el normal funcionamiento de la fuerza pública ecuatoriana. Se limitó el doctor Troya a detallar una serie de documentos que aparecen en el expediente y luego concluir de forma ilógica que “la requerida ) o sea Lucía) participó porque se encontraba en el campamento irregular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia”. Como si alguien que se encontrara en un cementerio pudiese legalmente ser considerado muerto.
4.- No precisa el doctor Troya en qué consistió la conducta de Lucía Morett que pudiera llevar a decir que participó en el grupo denominado FARC, de modo que es imposible concluir que se actualiza el tipo penal del artículo 147 del Código Penal. Se refugia el doctor Troya en lo dicho por el Juez Tercero de lo Penal de Sucumbíos y pretende justificar su actuación afirmando que es su obligación pedir la extradición.
Realmente, la obligación de la Corte y de su presidente, era estudiar a fondo si lo que le solicitó el citado Juez se ajusta con plenitud a los términos del Tratado de Extradición que su país tiene celebrado con México. Asuntos de tanta relevancia no pueden ser tratados con tal superficialidad, sobre todo que está pidiendo a México que extradite a una mexicana.
Su único “argumento” es que: “se trataba de un campamento militar de grupos irregulares (¿cuáles, cuántos?) en el cual se encontraba la reclamada”. De manera que para el presidente del más alto tribunal del Ecuador, estar en un lugar convierte a la persona en delincuente, como si estar en un rastro convirtiera a las personas en matanceros.
Para acusar a Lucía Morett de participar en un grupo que se proponía subvertir el orden público ecuatoriano, o sustituir a su fuerza pública, o atacarla, o interferir en su normal desempeño, es indispensable que se pruebe (y no que se suponga o se sospeche) que realizó actos u omisiones que lleven a la conclusión de que tales eran sus propósitos. Nada de esto existe en el caso; estamos ante una mera fabulación, impropia de una Tribunal de Derecho y de su presidente.
5.- Al referirse a la pregunta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de si se trató de una tentativa o de un ilícito consumado, el doctor Troya contestó que se trata de un delito de acción pública, pero de nuevo omitió probar que Lucía Morett lo cometió. Y es que, ciertamente, ante tanta ambigüedad de la solicitud de extradición, cabe la duda de la índole de la acusación. Y en materia penal no hay sitio para la duda; los hechos tienen que estar perfectamente tipificados y comprobados.
Tal vez lo ambiguo del escrito se deba a que no hay manera de probar que Lucía Morett cometió el ilícito que le están imputando, y por eso sus acusadores se quedan en el mundo de las vaguedades: “la requerida participó, porque se la encontró en el campamento…”
6.- Para el doctor Troya, no es político el delito que se atribuye a Lucía Morett porque “la presencia de grupos irregulares afectan (sic) la seguridad interna del país”.
Incluso dando por bueno ese argumento, ¿qué relación directa tiene eso con Lucía Morett? Como dice Rodrigo Trujillo Orbe, asesor jurídico miembro de la INREDH, “La sola presencia de la misma –Lucía- en el campamento que fue bombardeado no demuestra absolutamente nada, sino que fue una víctima de los bombardeos”.
Para cualquier analista medianamente informado, Lucía Morett es acusada de un delito político, lo que se evidencia por el hecho de que está incluido en el capítulo de los “Delitos contra la Seguridad Interior del Estado” del Código Penal. Imposible ocultar tanta verdad.
7.- Y la validación de los datos “encontrados” en la computadora milagrosa que tenía Raúl Reyes en el campamento bombardeado, tampoco es tratada por el doctor Troya, quien responde con una leguleyada: “…no fue enviado –el informe forense de la INTERPOL- para acreditar la presunta responsabilidad de la reclamada en los hechos sino para evidenciar la existencia de los mismos”. Si alguien entiende, que por favor nos aclare.
El cuestionamiento esencial
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México hizo a Ecuador una pregunta clave: el grupo denominado FARC ¿está destinado a subvertir el orden público, sustituir la fuerza pública, atacarla, interferir su normal desempeño? La respuesta es indispensable para “determinar si se actualiza o no el tipo penal”. Y pos supuesto que para responder sí a alguna de esas hipótesis, se tiene que acreditar que las FARC quiere poner en riesgo al Estado ecuatoriano y no a algún otro.
La contestación no podía ser más elusiva: “se trataba de un campamento militar de grupos irregulares en el cual se encontraba la reclamada…”. De modo que si una gavilla de robavacas se establece en algún sitio, para el doctor Troya se pone en peligro la seguridad interna del Estado ecuatoriano.
En conclusión, a la luz de un estudio imparcial, queda claro que la solicitud de extradición de Lucía Morett Álvarez que formuló la Corte Nacional de Justicia de Ecuador carece totalmente de sustento. Se basa en un hecho que nunca ha sido cuestionado: que la mexicana se encontraba en el campamento de las FARC el día 1 de marzo del 2008, cuando ocurrió un bombardeó genocida ordenado por el presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. Ese hecho, que es el único comprobado, no constituye ningún delito, ni mucho menos contra el Estado ecuatoriano.
Lo que existe es un persistente afán persecutorio por parte del presidente de ese órgano jurisdiccional, que no encuentra apoyo en precepto jurídico ninguno, ni del orden interno de Ecuador, ni de la Jurisprudencia Internacional.
Y como no cabe suponer ingenuidad en autoridades de la jerarquía del presidente de una Corte nacional, tiene uno derecho a concluir que existe la intención deliberada de continuar aprovechando este caso para adquirir prestigio, para colocarse en el escenario internacional o para mantener presión sobre una víctima de la agresión de Uribe.
Por ello, el gobierno de México debe declarar improcedente tal solicitud, en estricto cumplimiento al Tratado de Extradición que tiene celebrado con Ecuador, lo mismo que a los Principios Universales del Derecho. También está obligado a reclamar ante los tribunales internacionales, el castigo a los culpables de la matanza a mansalva de cuatro intelectuales mexicanos en plena formación: Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado, Verónica Natalia Vázquez Ramírez y Soren Ulises Avilés Ángeles.
7/noviembre/09.
El Presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, doctor José Vicente Troya Jaramillo, manifiesta un inexplicable afán persecutorio contra Lucía Andrea Morett Álvarez, víctima del infame bombardeo al campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en Sucumbíos, ordenado por Álvaro Uribe Vélez. Porque insiste en solicitar su extradición a la nación andina, bajo la acusación de haber cometido un delito contra la seguridad interior del Estado (ecuatoriano) previsto en su Código Penal, artículo 147, que establece:
El que promoviere, dirigiere o participare en organizaciones de guerrillas, comandos, grupos de combate o grupos o células terroristas destinadas a subvertir el orden público, sustituir la Fuerza Pública, atacarla o interferir su normal desempeño, será reprimido con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años y multa de ochenta y siete a ciento setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Si estas actividades se ejecutasen con armas, u obedeciendo instrucciones foráneas, o con la intervención, apoyo o auxilio económico del extranjero, la pena será de ocho a doce años de reclusión mayor ordinaria y multa se ciento setenta y cinco a cuatrocientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
Para que una persona pueda ser sancionada en aplicación de ese precepto legal, deben probarse plenamente los siguientes hechos:
1.- La persona acusada promovió, dirigió o participó (tres hipótesis distintas: promover, dirigir y participar) en grupos guerrilleros, o comandos, o grupos de combate o células terroristas.
2.- Tales grupos deben estar destinados a: I.- subvertir el orden público. 2.-sustituir la fuerza pública. 3.- Atacar la fuerza pública. 4.- o interferir el normal desempeño de la fuerza pública. Obviamente, por ser una ley del Ecuador, se refiere al orden y la fuerza pública ecuatorianos.
3.- Son factores agravantes de estas conductas: 1.- Ejecutar los hechos con armas. 2.- Realizarlos obedeciendo instrucciones foráneas. 3.- O recibir apoyo o auxilio económico, o propiciar cualquiera intervención del extranjero.
El magistrado Troya reiteró al gobierno de México su petición de que extradite a la ciudadana mexicana, en resolución del 30 de octubre del 2009, en la que da respuesta a una serie de requerimientos que le hicieron las autoridades mexicanas.
Los principales requerimientos de la Secretaría de Relaciones Exteriores
Una primera solicitud de extradición fue presentada por el presidente de la Corte ecuatoriana. La Secretaría de Relaciones Exteriores, a nombre del gobierno de México, requirió a la solicitante una serie de precisiones. Las más importantes son:
a) El delito por el cuál se reclama a Lucía Morett; b) un extracto de los hechos que constituyeron las conductas delictivas por las que es requerida; c) las circunstancias de tiempo, modo y lugar del ilícito; ch) cómo fue que Lucía Morett participó en el ilícito, de tal forma que puso en riesgo la seguridad interna del estado ecuatoriano; d) si se trató de un atentado contra la seguridad interna del Estado o se produjo una lesión a la misma; e) si el delito que se imputa a Morett se considera político; y f) la razón por la que se validó la información contenida en la computadora que el ejército de Colombia dice haber recogido del Campamento de las FARC, cuando el Informe Forense de Interpol señaló “que el acceso a los datos contenidos en las pruebas que fueron entregadas a la Dirección de Investigación Criminal de Colombia ‘no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la Ley’, por tanto no puede tomarse como evidencia para pretender acreditar la presunta responsabilidad de la reclamada en los hechos que se le atribuyen”.
Como puede verse, el cuestionamiento fue a fondo: abarcó desde los hechos base de la acusación, hasta la validez de las pruebas que aparecen en el expediente, pasando por la tipificación del ilícito imputado. Y es que el gobierno mexicano sabe perfectamente que Lucía Morett es víctima del bombardeo criminal que se realizó el 1 de marzo del 2008, en el cual fueron asesinadas 25 personas, entre ellas el comandante de las FARC Raúl Reyes y cuatro jóvenes de nacionalidad mexicana. El único hecho comprobado es que la estudiante de la UNAM se encontraba en el sitio.
Más adelante nos referimos en concreto a la pregunta que consideramos clave, referente a las acciones de las FARC.
Las respuestas del presidente de la Corte de Ecuador
Desaprovechando la oportunidad que le dieron las autoridades mexicanas de enmendar los errores que cometió en su primera solicitud, el doctor Troya respondió con vaguedades y reiteraciones.
1.- Respecto a la acusación concreta, simplemente transcribió el artículo 147 del Código Penal. Pero no precisó cuál de las hipótesis de ese precepto es la aplicable al caso, pues omitió decir si considera a las FARC un grupo guerrillero, u comando, un grupo de combate o una célula terrorista. Tampoco precisó si ese organismo está destinado a subvertir el orden público ecuatoriano, o a sustituir, atacar o interferir el normal funcionamiento de la fuerza pública ecuatoriana.
2.- En cuanto al extracto de los hechos que se le solicitó, lo único que hizo fue una transcripción de un acta que existe en el expediente, en la que se dice que “…En el lugar de los hechos se encontraron (sic) a Lucía Andrea Morett Álvarez, Doris Bohórquez o Doris Johana Torres Bohórquez y Martha Pérez, que por la gravedad de sus heridas fueron trasladadas al hospital militar de la ciudad de Quito, quienes manifestaron que se encontraban dentro del campamento de las ‘Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo’ (FARC-EP cuando se produjo el bombardeo”.
De modo que si se hubiesen encontrado en el lugar a alguna de las personas que realizaban gestiones de intermediación de las FARC con el gobierno de Colombia, para conseguir la paz, como la senadora Piedad Córdoba, también la hubiesen criminalizado.
Lo cierto es que no se cumplió lo pedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues no se hizo un extracto de los hechos que pudieran ser constitutivos del delito de participar en hechos tendientes a subvertir el orden público ecuatoriano, o a atacar, sustituir o interferir en el normal desempeño de su fuerza pública.
3.- Tampoco se definieron las circunstancias de tiempo, lugar y modo del delito que imputan a Lucía Morett, ya que no se dijo concreta y específicamente qué hizo para participar con un grupo cuyo destino es subvertir el orden público ecuatoriano, o atacar, sustituir o interferir en el normal funcionamiento de la fuerza pública ecuatoriana. Se limitó el doctor Troya a detallar una serie de documentos que aparecen en el expediente y luego concluir de forma ilógica que “la requerida ) o sea Lucía) participó porque se encontraba en el campamento irregular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia”. Como si alguien que se encontrara en un cementerio pudiese legalmente ser considerado muerto.
4.- No precisa el doctor Troya en qué consistió la conducta de Lucía Morett que pudiera llevar a decir que participó en el grupo denominado FARC, de modo que es imposible concluir que se actualiza el tipo penal del artículo 147 del Código Penal. Se refugia el doctor Troya en lo dicho por el Juez Tercero de lo Penal de Sucumbíos y pretende justificar su actuación afirmando que es su obligación pedir la extradición.
Realmente, la obligación de la Corte y de su presidente, era estudiar a fondo si lo que le solicitó el citado Juez se ajusta con plenitud a los términos del Tratado de Extradición que su país tiene celebrado con México. Asuntos de tanta relevancia no pueden ser tratados con tal superficialidad, sobre todo que está pidiendo a México que extradite a una mexicana.
Su único “argumento” es que: “se trataba de un campamento militar de grupos irregulares (¿cuáles, cuántos?) en el cual se encontraba la reclamada”. De manera que para el presidente del más alto tribunal del Ecuador, estar en un lugar convierte a la persona en delincuente, como si estar en un rastro convirtiera a las personas en matanceros.
Para acusar a Lucía Morett de participar en un grupo que se proponía subvertir el orden público ecuatoriano, o sustituir a su fuerza pública, o atacarla, o interferir en su normal desempeño, es indispensable que se pruebe (y no que se suponga o se sospeche) que realizó actos u omisiones que lleven a la conclusión de que tales eran sus propósitos. Nada de esto existe en el caso; estamos ante una mera fabulación, impropia de una Tribunal de Derecho y de su presidente.
5.- Al referirse a la pregunta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de si se trató de una tentativa o de un ilícito consumado, el doctor Troya contestó que se trata de un delito de acción pública, pero de nuevo omitió probar que Lucía Morett lo cometió. Y es que, ciertamente, ante tanta ambigüedad de la solicitud de extradición, cabe la duda de la índole de la acusación. Y en materia penal no hay sitio para la duda; los hechos tienen que estar perfectamente tipificados y comprobados.
Tal vez lo ambiguo del escrito se deba a que no hay manera de probar que Lucía Morett cometió el ilícito que le están imputando, y por eso sus acusadores se quedan en el mundo de las vaguedades: “la requerida participó, porque se la encontró en el campamento…”
6.- Para el doctor Troya, no es político el delito que se atribuye a Lucía Morett porque “la presencia de grupos irregulares afectan (sic) la seguridad interna del país”.
Incluso dando por bueno ese argumento, ¿qué relación directa tiene eso con Lucía Morett? Como dice Rodrigo Trujillo Orbe, asesor jurídico miembro de la INREDH, “La sola presencia de la misma –Lucía- en el campamento que fue bombardeado no demuestra absolutamente nada, sino que fue una víctima de los bombardeos”.
Para cualquier analista medianamente informado, Lucía Morett es acusada de un delito político, lo que se evidencia por el hecho de que está incluido en el capítulo de los “Delitos contra la Seguridad Interior del Estado” del Código Penal. Imposible ocultar tanta verdad.
7.- Y la validación de los datos “encontrados” en la computadora milagrosa que tenía Raúl Reyes en el campamento bombardeado, tampoco es tratada por el doctor Troya, quien responde con una leguleyada: “…no fue enviado –el informe forense de la INTERPOL- para acreditar la presunta responsabilidad de la reclamada en los hechos sino para evidenciar la existencia de los mismos”. Si alguien entiende, que por favor nos aclare.
El cuestionamiento esencial
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México hizo a Ecuador una pregunta clave: el grupo denominado FARC ¿está destinado a subvertir el orden público, sustituir la fuerza pública, atacarla, interferir su normal desempeño? La respuesta es indispensable para “determinar si se actualiza o no el tipo penal”. Y pos supuesto que para responder sí a alguna de esas hipótesis, se tiene que acreditar que las FARC quiere poner en riesgo al Estado ecuatoriano y no a algún otro.
La contestación no podía ser más elusiva: “se trataba de un campamento militar de grupos irregulares en el cual se encontraba la reclamada…”. De modo que si una gavilla de robavacas se establece en algún sitio, para el doctor Troya se pone en peligro la seguridad interna del Estado ecuatoriano.
En conclusión, a la luz de un estudio imparcial, queda claro que la solicitud de extradición de Lucía Morett Álvarez que formuló la Corte Nacional de Justicia de Ecuador carece totalmente de sustento. Se basa en un hecho que nunca ha sido cuestionado: que la mexicana se encontraba en el campamento de las FARC el día 1 de marzo del 2008, cuando ocurrió un bombardeó genocida ordenado por el presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. Ese hecho, que es el único comprobado, no constituye ningún delito, ni mucho menos contra el Estado ecuatoriano.
Lo que existe es un persistente afán persecutorio por parte del presidente de ese órgano jurisdiccional, que no encuentra apoyo en precepto jurídico ninguno, ni del orden interno de Ecuador, ni de la Jurisprudencia Internacional.
Y como no cabe suponer ingenuidad en autoridades de la jerarquía del presidente de una Corte nacional, tiene uno derecho a concluir que existe la intención deliberada de continuar aprovechando este caso para adquirir prestigio, para colocarse en el escenario internacional o para mantener presión sobre una víctima de la agresión de Uribe.
Por ello, el gobierno de México debe declarar improcedente tal solicitud, en estricto cumplimiento al Tratado de Extradición que tiene celebrado con Ecuador, lo mismo que a los Principios Universales del Derecho. También está obligado a reclamar ante los tribunales internacionales, el castigo a los culpables de la matanza a mansalva de cuatro intelectuales mexicanos en plena formación: Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado, Verónica Natalia Vázquez Ramírez y Soren Ulises Avilés Ángeles.
7/noviembre/09.
jueves 5 de noviembre de 2009
calaveritas
CALAVERAS 2009
La narcoguerra
Josenrique
La huesuda anda enojada
por la feroz competencia:
la mortandad desatada
no es toda de su incumbencia.
Por doquier se ven cabezas
y los cuerpos mutilados.
¡Carecemos de certezas
y vivimos espantados!
Un político rabón
declaró la guerra al narco;
se apellida Calderón
y en verdad no es nada parco.
Habla y habla sin cesar
y dice que va ganando.
¡Sólo lo vemos fallar;
siempre se anda tropezando.
Ahora hay mucha policía
y soldados reprimiendo,
mientras el pueblo porfía
en continuar resistiendo.
La violencia no se acaba
y crece con desmesura.
Está peor de lo que estaba
por ese cabeza dura.
Cada día hay más territorios
del crimen organizado;
con derechos sucesorios,
al “junior” bien “educado”.
Para acabar el problema,
la muerte dio el levantón;
a la tumba más extrema
se llevó al tal Calderón.
En verdad, dijo la parca,
tu guerra es contrainsurgente;
es el fascismo tu marca;
y atentas contra la gente.
Por eso al panteón se lleva
al espurio Calderón;
y a proponer yo me atrevo,
la nueva revolución.
por la feroz competencia:
la mortandad desatada
no es toda de su incumbencia.
Por doquier se ven cabezas
y los cuerpos mutilados.
¡Carecemos de certezas
y vivimos espantados!
Un político rabón
declaró la guerra al narco;
se apellida Calderón
y en verdad no es nada parco.
Habla y habla sin cesar
y dice que va ganando.
¡Sólo lo vemos fallar;
siempre se anda tropezando.
Ahora hay mucha policía
y soldados reprimiendo,
mientras el pueblo porfía
en continuar resistiendo.
La violencia no se acaba
y crece con desmesura.
Está peor de lo que estaba
por ese cabeza dura.
Cada día hay más territorios
del crimen organizado;
con derechos sucesorios,
al “junior” bien “educado”.
Para acabar el problema,
la muerte dio el levantón;
a la tumba más extrema
se llevó al tal Calderón.
En verdad, dijo la parca,
tu guerra es contrainsurgente;
es el fascismo tu marca;
y atentas contra la gente.
Por eso al panteón se lleva
al espurio Calderón;
y a proponer yo me atrevo,
la nueva revolución.
Noviembre/09.
miércoles 21 de octubre de 2009
Artículo
Persiste la impunidad en el caso Sucumbíos
José Enrique González Ruiz
Un ataque artero
José Enrique González Ruiz
Un ataque artero
La madrugada del 2 de marzo del 2008, aviones de la fuerza aérea colombiana, dirigidos por el ejército de los Estados Unidos desde la base de Manta, bombardearon en territorio de Ecuador un Campamento Guerrillero. La intención manifiesta era acabar con el comandante de las FARC, Raúl Reyes, quien encabezaba las negociaciones para la liberación de algunas personas que el grupo insurgente tiene retenidas hace tiempo.
Luego del bombardeo, soldados colombianos ingresaron en Ecuador y terminaron el operativo: es decir, ejecutaron a los sobrevivientes, con excepción de tres mujeres: Las colombianas Doris Bohórquez y Martha Pérez, y la mexicana Lucía Morett Álvarez. Durante 12 horas fueron sometidas a presiones psicológicas, que terminaron cuando se hizo presente el ejército ecuatoriano. Fueron 25 los asesinados por órdenes de Álvaro Uribe Vélez, entre ellos cuatro mexicanos: Juan González del Castillo, Fernando Franco, Verónica Velázquez (estudiantes de la UNAM) y Soren Ulises Avilés (egresado y trabajador del Instituto Politécnico Nacional).
Los jóvenes que se salvaron de la masacre en Quito (donde Lucía Morett fue torturada por el ejército ecuatoriano), recibieron asilo político en Nicaragua. La mexicana salió legalmente de Ecuador. Tanto los asesinados como ella fueron acusados de “terroristas”, por el gobierno colombiano, lo cual justificaría el daño que se les causó.
Mientras el gobierno ecuatoriano rompió relaciones diplomáticas con Colombia, el de Felipe Calderón consideró que el asunto quedó saldado cuando Álvaro Uribe “pidió perdón” por haber invadido un país amigo y ordenado el bombardeo.
De parte del régimen mexicano no existió una reclamación formal, ni mucho menos una demanda en tribunales internacionales, por el homicidio de cuatro mexicanos y las lesiones y torturas contra Lucía Morett.
Distanciamiento entre Ecuador y Colombia
Luego del ataque a Sucumbíos, la relación entre Colombia y Ecuador se tensaron. Hoy están en su punto más álgido, a partir de que el segundo país reclama la extradición de los responsables materiales del bombardeo.
Rafael Correa había decidió no renovar el convenio para la base de Manta; también demando a Uribe una satisfacción por el ataque a Sucumbíos. Calderón, por su parte, profundizó sus lazos militares con los norteamericanos, al ratificar la ASPAN y operativizar la Iniciativa Mérida, que antes se llamó “Plan México”, gemelo del “Plan Colombia”. Asimismo, reforzó su alianza estratégica con Álvaro Uribe para plantearse como la barrera de contención las derechas ante los planteamientos renovadores que se viven en Venezuela, Bolivia y el mismo Ecuador.
El tema de Sucumbíos evolucionó con una lógica propia en ambos países andinos. En Ecuador se abrió un juicio contra Lucia Morett, imputándole haber violado el artículo 147 del código penal al atentar contra la integridad del Estado. También se abrió juicio en Colombia, pero acá por terrorismo. A más de un año de los hechos, ambos países han dicho que Lucia es delincuente, aunque sólo Ecuador ha pedido a México la extradición de la universitaria mexicana.
La situación no podía ser más compleja para Morett: es testigo de los ilícitos cometidos por los soldados colombianos por órdenes de Álvaro Uribe y está en medio de un conflicto internacional que involucra no sólo a los países sudamericanos, sino también a México y a los Estados Unidos.
Siete Puñaladas en el Corazón de América Latina.
Como Ecuador no renovó la autorización para la base de Manta, el gobierno norteamericano pactó con Uribe el manejo de 7 de esos establecimientos en Colombia. Siete puñales en el corazón de América Latina los denominó Fidel Castro. Se ubican en Malambo, Palenquero, ----, Bogotá, Tolemaida y Larandia. La renta será por diez años, los gringos tendrán en ellas 800 militares y 600 contratistas (mercenarios) y un objetivo será apoyar a Uribe para acabar con la insurgencia (El comercio, Quito, 16 de agosto del 2009, P.3).
El gobierno de Barak Obama declaró que USA debe dejar de ser el policía del Mundo, pero eso no le impide instalar siete bases castrenses en territorio colombiano. Quiere cercar a Venezuela, a cuyo gobierno cataloga la prensa dominada por el imperio como “amenaza a la democracia”. Obviamente, es una imputación falsa, pues ningún gobernante de América se ha sometido a la cantidad de pruebas electorales que Hugo Chávez ha superado.
Al alinearse con esa estrategia, el impuesto Felipe Calderón, ha sepultado cualquier posibilidad de reclamar justicia por los asesinados en Sucumbíos, y no ha protegido a nuestra compatriota Lucía Morett. Es inconcebible que haya recibido más apoyo del gobierno de Nicaragua que del de México.
Obviamente, el de las 7 bases no es un asunto bilateral entre Colombia y Norteamérica. La peligrosa presencia de militares y mercenarios (eufemísticamente llamados “contratistas”) estadounidenses en el territorio andino, es una grave amenaza para toda la región.
Calderón Quiere ser Mediador
Al iniciar un segundo período presidencial, Rafael Correa aceptó la segunda petición de perdón que le presentó Álvaro Uribe por la agresión de Sucumbíos. Se exhibe consternado, pero parece bastante mustio. Porque sólo merece ser perdonado quien muestre arrepentimiento y propósito de enmienda, además de que pagó la correspondiente penitencia; y nada de eso hace Uribe. Además, su canciller Jaime Bermúdez precisó que el ofrecimiento de dialogar con Correa no es incondicional, pues no incluiría negociar el acuerdo militar con Estados Unidos. Dijo que las “relaciones internacionales no pueden simplemente partir de un supuesto de que el diálogo per se es bueno” (Idem).
Calderón no está legitimado para mediar, porque es parte interesada. Ha usado a periodistas, como Jorge Fernández Menéndez, para atacar a Lucía Morett clamando implícitamente porque sea entregada a los carniceros colombianos. Ese personaje tiene una clara relación con el gobierno de Uribe, pues recibe información de “la mágica computadora de Raúl Reyes. Los panistas del tipo del diputado Cristian Castaño, manejan lo que dice ese pseudoperiodista como “prueba” de que Lucía Morett es terrorista.
Antes de “mediar” entre Uribe y Correa, Calderón debería cumplir su obligación de defender a los mexicanos ante agresiones de gobiernos y ejércitos extranjeros. Debería recordar que nuestro Himno Patrio nos llama a ser soldados cuando un extraño enemigo osare profanar con su planta nuestro suelo; y, agregamos nosotros, asesinar y torturar a nuestros compatriotas.
O sea, que primero debe hacer lo necesario para poner fin a la impunidad por lo de Sucumbíos. Y no andarse ofreciendo para una mediación para la cual no está moralmente capacitado.
Luego del bombardeo, soldados colombianos ingresaron en Ecuador y terminaron el operativo: es decir, ejecutaron a los sobrevivientes, con excepción de tres mujeres: Las colombianas Doris Bohórquez y Martha Pérez, y la mexicana Lucía Morett Álvarez. Durante 12 horas fueron sometidas a presiones psicológicas, que terminaron cuando se hizo presente el ejército ecuatoriano. Fueron 25 los asesinados por órdenes de Álvaro Uribe Vélez, entre ellos cuatro mexicanos: Juan González del Castillo, Fernando Franco, Verónica Velázquez (estudiantes de la UNAM) y Soren Ulises Avilés (egresado y trabajador del Instituto Politécnico Nacional).
Los jóvenes que se salvaron de la masacre en Quito (donde Lucía Morett fue torturada por el ejército ecuatoriano), recibieron asilo político en Nicaragua. La mexicana salió legalmente de Ecuador. Tanto los asesinados como ella fueron acusados de “terroristas”, por el gobierno colombiano, lo cual justificaría el daño que se les causó.
Mientras el gobierno ecuatoriano rompió relaciones diplomáticas con Colombia, el de Felipe Calderón consideró que el asunto quedó saldado cuando Álvaro Uribe “pidió perdón” por haber invadido un país amigo y ordenado el bombardeo.
De parte del régimen mexicano no existió una reclamación formal, ni mucho menos una demanda en tribunales internacionales, por el homicidio de cuatro mexicanos y las lesiones y torturas contra Lucía Morett.
Distanciamiento entre Ecuador y Colombia
Luego del ataque a Sucumbíos, la relación entre Colombia y Ecuador se tensaron. Hoy están en su punto más álgido, a partir de que el segundo país reclama la extradición de los responsables materiales del bombardeo.
Rafael Correa había decidió no renovar el convenio para la base de Manta; también demando a Uribe una satisfacción por el ataque a Sucumbíos. Calderón, por su parte, profundizó sus lazos militares con los norteamericanos, al ratificar la ASPAN y operativizar la Iniciativa Mérida, que antes se llamó “Plan México”, gemelo del “Plan Colombia”. Asimismo, reforzó su alianza estratégica con Álvaro Uribe para plantearse como la barrera de contención las derechas ante los planteamientos renovadores que se viven en Venezuela, Bolivia y el mismo Ecuador.
El tema de Sucumbíos evolucionó con una lógica propia en ambos países andinos. En Ecuador se abrió un juicio contra Lucia Morett, imputándole haber violado el artículo 147 del código penal al atentar contra la integridad del Estado. También se abrió juicio en Colombia, pero acá por terrorismo. A más de un año de los hechos, ambos países han dicho que Lucia es delincuente, aunque sólo Ecuador ha pedido a México la extradición de la universitaria mexicana.
La situación no podía ser más compleja para Morett: es testigo de los ilícitos cometidos por los soldados colombianos por órdenes de Álvaro Uribe y está en medio de un conflicto internacional que involucra no sólo a los países sudamericanos, sino también a México y a los Estados Unidos.
Siete Puñaladas en el Corazón de América Latina.
Como Ecuador no renovó la autorización para la base de Manta, el gobierno norteamericano pactó con Uribe el manejo de 7 de esos establecimientos en Colombia. Siete puñales en el corazón de América Latina los denominó Fidel Castro. Se ubican en Malambo, Palenquero, ----, Bogotá, Tolemaida y Larandia. La renta será por diez años, los gringos tendrán en ellas 800 militares y 600 contratistas (mercenarios) y un objetivo será apoyar a Uribe para acabar con la insurgencia (El comercio, Quito, 16 de agosto del 2009, P.3).
El gobierno de Barak Obama declaró que USA debe dejar de ser el policía del Mundo, pero eso no le impide instalar siete bases castrenses en territorio colombiano. Quiere cercar a Venezuela, a cuyo gobierno cataloga la prensa dominada por el imperio como “amenaza a la democracia”. Obviamente, es una imputación falsa, pues ningún gobernante de América se ha sometido a la cantidad de pruebas electorales que Hugo Chávez ha superado.
Al alinearse con esa estrategia, el impuesto Felipe Calderón, ha sepultado cualquier posibilidad de reclamar justicia por los asesinados en Sucumbíos, y no ha protegido a nuestra compatriota Lucía Morett. Es inconcebible que haya recibido más apoyo del gobierno de Nicaragua que del de México.
Obviamente, el de las 7 bases no es un asunto bilateral entre Colombia y Norteamérica. La peligrosa presencia de militares y mercenarios (eufemísticamente llamados “contratistas”) estadounidenses en el territorio andino, es una grave amenaza para toda la región.
Calderón Quiere ser Mediador
Al iniciar un segundo período presidencial, Rafael Correa aceptó la segunda petición de perdón que le presentó Álvaro Uribe por la agresión de Sucumbíos. Se exhibe consternado, pero parece bastante mustio. Porque sólo merece ser perdonado quien muestre arrepentimiento y propósito de enmienda, además de que pagó la correspondiente penitencia; y nada de eso hace Uribe. Además, su canciller Jaime Bermúdez precisó que el ofrecimiento de dialogar con Correa no es incondicional, pues no incluiría negociar el acuerdo militar con Estados Unidos. Dijo que las “relaciones internacionales no pueden simplemente partir de un supuesto de que el diálogo per se es bueno” (Idem).
Calderón no está legitimado para mediar, porque es parte interesada. Ha usado a periodistas, como Jorge Fernández Menéndez, para atacar a Lucía Morett clamando implícitamente porque sea entregada a los carniceros colombianos. Ese personaje tiene una clara relación con el gobierno de Uribe, pues recibe información de “la mágica computadora de Raúl Reyes. Los panistas del tipo del diputado Cristian Castaño, manejan lo que dice ese pseudoperiodista como “prueba” de que Lucía Morett es terrorista.
Antes de “mediar” entre Uribe y Correa, Calderón debería cumplir su obligación de defender a los mexicanos ante agresiones de gobiernos y ejércitos extranjeros. Debería recordar que nuestro Himno Patrio nos llama a ser soldados cuando un extraño enemigo osare profanar con su planta nuestro suelo; y, agregamos nosotros, asesinar y torturar a nuestros compatriotas.
O sea, que primero debe hacer lo necesario para poner fin a la impunidad por lo de Sucumbíos. Y no andarse ofreciendo para una mediación para la cual no está moralmente capacitado.
martes 13 de octubre de 2009
articulo
Golpistas Impresentables
José Enrique González Ruiz
José Enrique González Ruiz
Por más vueltas que le dan,
a Micheletti y Vázquez
se les asoma el rabo golpista.
Obama en la Encrucijada: ¿qué hará con el Nobel?
a Micheletti y Vázquez
se les asoma el rabo golpista.
Obama en la Encrucijada: ¿qué hará con el Nobel?
Todo el discurso reformista de Barack Obama se destiñe cuando se analiza la situación de Honduras, donde un gobierno de facto (sólo reconocido como “interino” por la cadena televisiva CNN), se mantiene por medio de la violencia. Romeo Vázquez y Roberto Micheletti pretenden hacer creer al mundo que gobiernan dentro de un marco constitucional, cuando lo hacen por medio de la fuerza bruta. Son titulares de un poder fáctico, ajeno a cualquier sustento constitucional.
Obama ganó la presidencia deslindándose de las peores acciones de Jorge Bush. Pero hasta hoy no ha podido retirar a los soldados estadounidenses de Irak, ni cerrar el campo de concentración que su ejército tiene en Guantánamo. Tampoco puede retirar a los golpistas de Honduras. ¿Cuáles pueden ser entonces sus méritos para recibir el premio Nobel de la Paz? No parece haber muchos.
La evidencia es clara: más allá de los poderes formales que representa Obama, hay grupos que toman las decisiones cruciales del imperio. Cuando el representante del gobierno estadounidense en la OEA crítico a Manuel Zelaya por retornar a Honduras, se reveló la verdadera actitud imperial.
A la luz de lo ocurrido a John Kennedy, se advierte lo complejo de la situación de Obama. Quizá por temor a un atentado es que incrementó el número de soldados norteamericanos en Afganistán, sembrando dolor y muerte en la población.
Los Golpistas son Insostenibles
Como cuentan con el respaldo de los empresarios hondureños, Roberto Micheletti y Romeo Vázquez se sienten muy seguros. Rechazaron incluso la extinta propuesta de Óscar Arias, que en su momento les dio una salida airosa del atolladero en que están metidos. Pero se dejaron llevar por la soberbia y creyeron que con la debilidad de Obama y el apoyo de Clinton podrían controlar las próximas elecciones.
Pero el mundo no está para gorilas y por eso son rechazados en todos lados. Su único respaldo real es el de Estados Unidos, que ha dado indicaciones al Fondo Monetario Internacional para que les preste “ayuda humanitaria”.
Lo más importante para el Impero es la base militar de Palmerola, enclave norteamericano para controlar militarmente la región del istmo centroamericano.
El problema para USA es cómo garantiza la impunidad de Vázquez y de Micheletti, a quienes el movimiento popular quiere ver en la cárcel. En una eventual negociación, tendrían que responder por los daños que causaron con su golpe militar.
La Oligarquía se desmarca de los golpistas
El retorno del presidente Zelaya es la clave del asunto; no en vano disgustó tanto a los funcionarios imperiales. Su presencia en la embajada de Brasil fue el detonador de la aceleración de la protesta ciudadana.
Un sector de la oligarquía hondureña se desmarcó ya de los golpistas. Los presionan para que dejen sin efecto los decretos que suspenden las garantías ciudadanas, a fin de no cargar las consecuencias de esos actos. Y eso que estuvieron entre los promotores del golpe.
El movimiento de resistencia al gobernante de facto va ganando la batalla. Aunque es el que lleva sobre sus hombros el peso de la represión. Los asesinatos, los despidos y la persecución son pan de cada día. Pero se ha mantenido una férrea respuesta al golpismo, la cual será determinante en su caída.
Por más que formen parte de los planes imperiales para nuestro Continente, Micheletti y Vázquez terminarán su usurpación y Manuel Zelaya retomará la presidencia. Las luchas populares tardan en triunfar, pero finalmente lo logran.
14/octubre/09.
Obama ganó la presidencia deslindándose de las peores acciones de Jorge Bush. Pero hasta hoy no ha podido retirar a los soldados estadounidenses de Irak, ni cerrar el campo de concentración que su ejército tiene en Guantánamo. Tampoco puede retirar a los golpistas de Honduras. ¿Cuáles pueden ser entonces sus méritos para recibir el premio Nobel de la Paz? No parece haber muchos.
La evidencia es clara: más allá de los poderes formales que representa Obama, hay grupos que toman las decisiones cruciales del imperio. Cuando el representante del gobierno estadounidense en la OEA crítico a Manuel Zelaya por retornar a Honduras, se reveló la verdadera actitud imperial.
A la luz de lo ocurrido a John Kennedy, se advierte lo complejo de la situación de Obama. Quizá por temor a un atentado es que incrementó el número de soldados norteamericanos en Afganistán, sembrando dolor y muerte en la población.
Los Golpistas son Insostenibles
Como cuentan con el respaldo de los empresarios hondureños, Roberto Micheletti y Romeo Vázquez se sienten muy seguros. Rechazaron incluso la extinta propuesta de Óscar Arias, que en su momento les dio una salida airosa del atolladero en que están metidos. Pero se dejaron llevar por la soberbia y creyeron que con la debilidad de Obama y el apoyo de Clinton podrían controlar las próximas elecciones.
Pero el mundo no está para gorilas y por eso son rechazados en todos lados. Su único respaldo real es el de Estados Unidos, que ha dado indicaciones al Fondo Monetario Internacional para que les preste “ayuda humanitaria”.
Lo más importante para el Impero es la base militar de Palmerola, enclave norteamericano para controlar militarmente la región del istmo centroamericano.
El problema para USA es cómo garantiza la impunidad de Vázquez y de Micheletti, a quienes el movimiento popular quiere ver en la cárcel. En una eventual negociación, tendrían que responder por los daños que causaron con su golpe militar.
La Oligarquía se desmarca de los golpistas
El retorno del presidente Zelaya es la clave del asunto; no en vano disgustó tanto a los funcionarios imperiales. Su presencia en la embajada de Brasil fue el detonador de la aceleración de la protesta ciudadana.
Un sector de la oligarquía hondureña se desmarcó ya de los golpistas. Los presionan para que dejen sin efecto los decretos que suspenden las garantías ciudadanas, a fin de no cargar las consecuencias de esos actos. Y eso que estuvieron entre los promotores del golpe.
El movimiento de resistencia al gobernante de facto va ganando la batalla. Aunque es el que lleva sobre sus hombros el peso de la represión. Los asesinatos, los despidos y la persecución son pan de cada día. Pero se ha mantenido una férrea respuesta al golpismo, la cual será determinante en su caída.
Por más que formen parte de los planes imperiales para nuestro Continente, Micheletti y Vázquez terminarán su usurpación y Manuel Zelaya retomará la presidencia. Las luchas populares tardan en triunfar, pero finalmente lo logran.
14/octubre/09.
lunes 12 de octubre de 2009
Libro
Estimados amigos:
Les hacemos llegar la invitación y el poster para la presentación del libro del día jueves 15, en el Auditorio de la UACM plantel Colonia del Valle.
Gracias y nos vemos el jueves.
Un saludo
Ana Buriano
La Comisión de Uruguayos en México en Apoyo a la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad y la Coordinación de Enlace Comunitario de la UACM
INVITAN A LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO
"LAS PALABRAS QUE LLEGARON"
Con motivo del plebiscito en Uruguay para anular la ley de impunidad
Presentadores: Beatriz Stolowicz, Luis Hernández Navarro y Enrique González Ruiz
Moderador: Iván Gómezcésar
Jueves 15 de Octubre, 18.30 horas.
Auditorio de la UACM , Plantel del Valle, San Lorenzo 290 ,entre Adolfo Prieto y Roberto Gayol, Col. Del Valle, México D.F.
Les hacemos llegar la invitación y el poster para la presentación del libro del día jueves 15, en el Auditorio de la UACM plantel Colonia del Valle.
Gracias y nos vemos el jueves.
Un saludo
Ana Buriano
La Comisión de Uruguayos en México en Apoyo a la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad y la Coordinación de Enlace Comunitario de la UACM
INVITAN A LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO
"LAS PALABRAS QUE LLEGARON"
Con motivo del plebiscito en Uruguay para anular la ley de impunidad
Presentadores: Beatriz Stolowicz, Luis Hernández Navarro y Enrique González Ruiz
Moderador: Iván Gómezcésar
Jueves 15 de Octubre, 18.30 horas.
Auditorio de la UACM , Plantel del Valle, San Lorenzo 290 ,entre Adolfo Prieto y Roberto Gayol, Col. Del Valle, México D.F.
domingo 4 de octubre de 2009
articulo
FICHA ROJA
José Enrique González Ruiz
Los gobiernos fascistas criminalizan la inteligencia,
mientras los verdaderos delincuentes pasean su impunidad por el planeta.
La Interpol actúa facciosamente
José Enrique González Ruiz
Los gobiernos fascistas criminalizan la inteligencia,
mientras los verdaderos delincuentes pasean su impunidad por el planeta.
La Interpol actúa facciosamente
En el sitio de la Interpol apareció el 30 de septiembre del 2009 una “ficha roja” que contiene la imagen y otros datos de identificación de Lucía Morett Álvarez, lo que implica que se está pidiendo su detención en más de 180 países, a petición del gobierno genocida de Colombia, presidido por Álvaro Uribe Vélez. El hecho de que sea roja la ficha implica que se le considera persona altamente peligrosa.
Lucía es egresada de la Facultad de Filosofía y letras de la UNAM y es una de las tres mujeres que salió con vida del bombardeo criminal que Uribe ordenó contra el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en Sucumbíos ecuador, donde perdieron la vida 25 personas, entre ellas cuatro de nacionalidad mexicana: Soren Ulises Avilés, Fernando Franco, Juan González del Castillo y Verónica Velázquez. En esa ocasión fue torturada por el ejército colombiano y presenció como éste ejecutó extrajudicialmente a otros sobrevivientes.
Para el régimen uribista, Lucía es pieza clave, en la medida en que está siendo utilizada para propiciar una segunda reelección del responsable de la matanza de Sucumbíos. Con ella se pretende compensar el enorme descrédito que acarrea a Uribe la firma de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que el imperio opere siete bases militares en territorio colombiano.
La Interpol ya se había prestado a una jugarreta inmoral: “certificó la validez” de la información supuestamente encontrada en la computadora del comandante de las FARC Raúl Reyes. En esto se han basado las acusaciones contra Lucía Morett, dando carácter de “prueba judicial” a los reportes de los espías colombianos en México, en Ecuador y en otros países. Periodistas de la calaña de Jorge Fernández Menéndez los han adoptado y les atribuyen el valor de palabra divina.
Ahora, la Policía Internacional vuelve a hacer el juego a quienes persiguen a Lucía por razones de índole política y no jurídica. En contrapartida, el organismo dijo que nada puede hacer en relación a la orden de captura que pesa sobre el exministro colombiano de Defensa Juan Manuel Santos, por los crímenes de Sucumbíos.
El complicado contexto geopolítico
El caso Morett está inmerso en la compleja problemática de la región andina, donde Estados Unidos despliega todo tipo de maniobras para impedir la consolidación de gobiernos alternativos a su modelo neoliberal. Con sus bases en territorio colombiano, amenaza a Venezuela, a Ecuador y a Bolivia, que hoy en día constituyen el ejemplo para otras naciones del continente latinoamericano.
Ante el fracaso del ALCA, Norteamérica modificó su táctica de dominación. Ya no habla abiertamente de sus grandes planes continentales (aunque por supuesto los mantiene vigentes), sino que somete a cada país conforme va pudiendo. A Colombia lo está convirtiendo en una plataforma de agresión hacia sus vecinos, igual que Israel lo es para las naciones del Medio Oriente.
En la misma línea, para el Imperio es esencial descalificar las luchas de liberación de los pueblos latinoamericanos. Por eso declaró a las FARC como “narcoterroristas” y les dedica una especial atención en sus medios informativos. La empresa de televisión CNN se encarga de presentarla al mundo como lo más negativo que pueda existir. Y Lucía fue encontrada en un campamento de ese grupo guerrillero.
Un acuerdo estratégico entre Calderón y Uribe
A partir de la firma de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), y su complemento llamado Iniciativa Mérida, el gobierno de México se ha subordinado por completo a la estrategia continental norteamericana. Esto trajo consigo una estrecha colaboración estratégica de Calderón con Álvaro Uribe Vélez. De hecho, ambos políticos se asumen como peones del tablero estadounidense en América Latina.
Por ello, las acciones y omisiones de la administración federal (Secretaría de Relaciones Exteriores y Procuraduría General de la República, particularmente) son producto de decisiones planeadas y acordadas con sus aliados norteamericanos y colombianos. Se ha revivido incluso el llamado Plan Puebla Panamá, ahora con el nombre Plan Puebla Putumayo, para incluir e Colombia.
La tarea más urgente es echar abajo esa “ficha roja” de Interpol, obligando al gobierno mexicano a desestimarla.
1/octubre/09.
Lucía es egresada de la Facultad de Filosofía y letras de la UNAM y es una de las tres mujeres que salió con vida del bombardeo criminal que Uribe ordenó contra el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en Sucumbíos ecuador, donde perdieron la vida 25 personas, entre ellas cuatro de nacionalidad mexicana: Soren Ulises Avilés, Fernando Franco, Juan González del Castillo y Verónica Velázquez. En esa ocasión fue torturada por el ejército colombiano y presenció como éste ejecutó extrajudicialmente a otros sobrevivientes.
Para el régimen uribista, Lucía es pieza clave, en la medida en que está siendo utilizada para propiciar una segunda reelección del responsable de la matanza de Sucumbíos. Con ella se pretende compensar el enorme descrédito que acarrea a Uribe la firma de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que el imperio opere siete bases militares en territorio colombiano.
La Interpol ya se había prestado a una jugarreta inmoral: “certificó la validez” de la información supuestamente encontrada en la computadora del comandante de las FARC Raúl Reyes. En esto se han basado las acusaciones contra Lucía Morett, dando carácter de “prueba judicial” a los reportes de los espías colombianos en México, en Ecuador y en otros países. Periodistas de la calaña de Jorge Fernández Menéndez los han adoptado y les atribuyen el valor de palabra divina.
Ahora, la Policía Internacional vuelve a hacer el juego a quienes persiguen a Lucía por razones de índole política y no jurídica. En contrapartida, el organismo dijo que nada puede hacer en relación a la orden de captura que pesa sobre el exministro colombiano de Defensa Juan Manuel Santos, por los crímenes de Sucumbíos.
El complicado contexto geopolítico
El caso Morett está inmerso en la compleja problemática de la región andina, donde Estados Unidos despliega todo tipo de maniobras para impedir la consolidación de gobiernos alternativos a su modelo neoliberal. Con sus bases en territorio colombiano, amenaza a Venezuela, a Ecuador y a Bolivia, que hoy en día constituyen el ejemplo para otras naciones del continente latinoamericano.
Ante el fracaso del ALCA, Norteamérica modificó su táctica de dominación. Ya no habla abiertamente de sus grandes planes continentales (aunque por supuesto los mantiene vigentes), sino que somete a cada país conforme va pudiendo. A Colombia lo está convirtiendo en una plataforma de agresión hacia sus vecinos, igual que Israel lo es para las naciones del Medio Oriente.
En la misma línea, para el Imperio es esencial descalificar las luchas de liberación de los pueblos latinoamericanos. Por eso declaró a las FARC como “narcoterroristas” y les dedica una especial atención en sus medios informativos. La empresa de televisión CNN se encarga de presentarla al mundo como lo más negativo que pueda existir. Y Lucía fue encontrada en un campamento de ese grupo guerrillero.
Un acuerdo estratégico entre Calderón y Uribe
A partir de la firma de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), y su complemento llamado Iniciativa Mérida, el gobierno de México se ha subordinado por completo a la estrategia continental norteamericana. Esto trajo consigo una estrecha colaboración estratégica de Calderón con Álvaro Uribe Vélez. De hecho, ambos políticos se asumen como peones del tablero estadounidense en América Latina.
Por ello, las acciones y omisiones de la administración federal (Secretaría de Relaciones Exteriores y Procuraduría General de la República, particularmente) son producto de decisiones planeadas y acordadas con sus aliados norteamericanos y colombianos. Se ha revivido incluso el llamado Plan Puebla Panamá, ahora con el nombre Plan Puebla Putumayo, para incluir e Colombia.
La tarea más urgente es echar abajo esa “ficha roja” de Interpol, obligando al gobierno mexicano a desestimarla.
1/octubre/09.
domingo 27 de septiembre de 2009
Artículo
Extradición Improcedente
José Enrique González Ruiz
¿Qué Lucía Morett es peligrosa y violenta?
¡Falacias de Álvaro Uribe!
Una petición inesperada
José Enrique González Ruiz
¿Qué Lucía Morett es peligrosa y violenta?
¡Falacias de Álvaro Uribe!
Una petición inesperada
No hubiera extrañado a nadie que el gobierno de Colombia hubiese demandado la extradición de Lucía Morett Álvarez, porque se sabe de sobra que Álvaro Uribe realiza maniobras mediáticas para presentarla como integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Su presencia en el campamento de Sucumbíos durante el ataque del 1º. De marzo del 2008, es manejado como “prueba” de esa pertenencia. Automáticamente, eso la convertiría en “terrorista” y “narcotraficante”.
La verdad es bien diferente: la joven egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM es testigo, y por ello prueba viviente, de que los soldados colombianos que envío Uribe Vélez a invadir territorio ecuatoriano, ejecutaron extrajudicialmente a sobrevivientes del bombardeo que realizó la aviación del país andino, bajo la dirección de las fuerzas estadounidenses asentadas en la base de Manta. Para silenciarla, los culpables de – entre otras cosas- la muerte de 4 mexicanos (tres universitarios y un Politécnico) pretenden criminalizarla.
Pero la liebre saltó desde Ecuador. Es éste país quien solicitó al gobierno de Felipe Calderón la extradición de Lucía, con el falaz argumento de que – con su presencia en Sucumbíos -, atentó contra la seguridad del Estado ecuatoriano. Como si estar en un lugar donde se encuentre una guerrilla convierta a alguien en guerrillero.
De forma inexplicable, un gobierno progresista se prestó a validar la estrategia criminalizarte de Álvaro Uribe (quien pasea su impunidad por los 23 asesinados en el campamento de las FARC).
Una Solicitud Infundada
La petición de extradición se funda en un tratado firmado entre México y Ecuador, para el intercambio de delincuentes.
Usan las autoridades ecuatorianas dos argumentos para fundar su aseveración de que Lucía Morett atentó contra la seguridad de su Estado: a) estaba en un campamento de las FARC, al que no podía acceder una novata; y b) reconoció a los otros 4 mexicanos asesinados por el ejército de Colombia.
Con semejantes “probanzas”, la Corte de Justicia del Ecuador pidió la extradición. No se requiere ser abogado para darse cuenta de la falencia argumentativa y probatoria de semejante petición. Dijo Vicente Troya, presidente de la Corte, que ese tribunal se sujetaría estrictamente a Derecho, pero tal caso no ocurrió.
Por si lo anterior fuera poco, hay razones de fondo que hacen improcedente la extradición:
1.- Esa medida no procede tratándose de los delitos políticos. Aun en la hipótesis no aceptada de que fuese delictuoso asistir a una instalación guerrillera o que fuera ilícito hablar con un alzado en armas, eso tiene una clara connotación política. Clausewitz decía correctamente que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Así que la imputación a Lucía Morett tiene un carácter evidentemente político y eso hace improcedente su extradición.
2.- Siendo Lucía ciudadana mexicana, sufrió tortura por parte del ejército ecuatoriano para que “confesara” que conocía a Raúl Reyes, comandante de las FARC. El gobierno de México no podría extraditar a una nacional a un país donde podría volver a padecer la tortura.
3.- Más aún, Lucía Morett no se levantó en armas contra el Estado ecuatoriano; no se unió a un grupo que tuviere tal objetivo; no conspiró contra las instituciones de ese país; no actuó a nombre de un gobierno que fuere enemigo formal de esa nación; no espió a en beneficio de alguien que buscara desestabilizar a Ecuador. ¿Cómo entonces podría atentar contra la seguridad de ese Estado?
El Gobierno Mexicano Incumple sus Deberes Legales
En la matanza de Sucumbíos se asesinó a 4 mexicanos y se causaron lesiones a Lucia Morett Álvarez. El gobierno de México – a diferencia del de Ecuador – no ha defendido a sus nacionales, demandando al culpable confeso Álvaro Uribe Vélez y a sus cómplices, ante la justicia internacional. Al contrario, abrió una averiguación previa en la PGR, con bases en incriminaciones que hacen quienes en la práctica funcionan como agentes al servicio de Colombia: Jorge Fernández Menéndez, Guillermo Velasco Arzac y Antonio Ortega.
En concordancia con esa línea, en lugar de desechar de plano la infundada petición de extradición que le hizo el Ecuador, decidió devolver a éste el expediente con la sugerencia de que “perfeccione” su demanda. Jugando indebidamente el papel de asesor de quienes quieren reprimir a Lucía Morett.
Una “Comedia” de Equívocos
Si no estuvieran en juego la libertad y la integridad de una brillante joven mexicana, diríamos que ésta es una comedia de equívocos:
a) La víctima es convertida en victimaria por la fuerza de la prensa al servicio del eje del mal: USA – Colombia – México.
b) Los reportes de los “orejas” colombianos son transformados en “pruebas indiscutibles”, al hacerlos pasar como documentos hallados en la computadora de Raúl Reyes.
c) El criminal confeso Álvaro Uribe Vélez se burla de los ecuatorianos “pidiéndoles perdón” sin el menor propósito de enmienda y sin mostrar remordimiento alguno por sus ilícitos.
Ch) El mismo ejército que salvo la vida de Lucía Morett, el ecuatoriano, la torturó (una parte de los soldados de este país “reportaba” a los militares estadounidenses).
d) La Corte ecuatoriana avalò una solicitud de extradición basada en “argumentos” como el de que es guerrillero quien está en un sitio donde está la guerrilla. Como si todos los que hemos ido a un panteón fuéramos muertos.
e) Atacan cobardemente a Lucía Morett, por ser generosamente solidaria, siniestros personajes como Jorge Fernández Menéndez, argentino que usufructúa los beneficios de la solidaridad del pueblo mexicano.
f) La Procuraduría panista de la República mantiene el filoso cuchillo de una averiguación contra Lucía, con base en recortes de periódicos que los yunquistas Guillermo Velasco Árzac y Antonio Ortega le presentaron como pruebas.
g) Los padres de las víctimas de Sucumbías no han sido recibidos por la Secretaria de Relaciones Exteriores, ocupada en ceder porciones de soberanía nacional.
h) La alianza estratégica de Calderón con Uribe ha alejado a México de nuestros hermanos del sur y ha uncido la política exterior a la dictadura del imperio del norte.
i) Estados Unidos se atribuye abiertamente el “derecho” a operar bases militares en territorio latinoamericano, para “combatir al terrorismo” o sea a los sectores de la población y a los gobiernos del área que se oponen a sus políticas depredadoras.
j) Lucía Morett es perseguida, mientras Álvaro Uribe es recibido como Alto Dignatario.
La batalla será larga, pero al final trunfará la razón.
sábado 29 de agosto de 2009
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