JOSE ENRIQUE GONZALEZ RUIZ

Articulo

2011-09-23T02:02:00.000-07:00

SOBRE EL DERECHO A LA VERDAD

José Enrique González Ruiz

Cuando se desata la guerra, la primera baja es la Verdad.

Desconfianza de la sociedad

Nada de extraño tiene que se desconfíe de una posible Comisión de la Verdad para que investigue los crímenes del Estado mexicano con motivo de sus guerras: la Sucia contra los disidentes políticos, y la emprendida “contra la delincuencia organizada”. Hay quienes dicen que será otro aparato del Estado que reforzará la impunidad; otros aseguran que sus integrantes se corromperán en cuanto empiecen a manejar recursos públicos; y algunos más la consideran inservible porque no tendrá facultades legales para llevar a juicio a los perpetradores de delitos de lesa humanidad. Ponen como ejemplo lo acontecido en otras naciones, donde las comisiones de la verdad han decepcionado a quienes luchan por la vigencia de los Derechos Humanos.

De modo que hay espacio y causas para la desconfianza. Máxime si vemos lo que ocurre con exmilitantes democráticos, enquistados en los partidos llamados de izquierda, que hacen el juego al poder y son parte ya de la casta gobernante.

Sólo que siempre hay que poner por delante la confianza y la esperanza. La primera, porque en la reserva íntima del ser humano hay siempre posibilidades de que proceda con apego a principios y no a intereses. La segunda, porque si caemos en la desesperanza, habremos perdido motivación para seguir adelante en la búsqueda de un mundo alternativo.

Con todo y que la Comisión de la Verdad es falible, también es el medio adecuado para conquistar el Derecho a la Verdad y para tratar de alcanzar la Justicia y la Reparación del daño que causan los delitos del Estado.

En qué consiste el Derecho a la Verdad

Para apreciar la magnitud del derecho a saber, a enterarnos, a conocer los detalles de hechos que han conmovido a la sociedad mexicana, tenemos que discernir en qué consiste ese Derecho a la Verdad. Se descompone en otros derechos de las víctimas y de la sociedad:

1.- Saber cuáles son los motivos que llevan a representantes del Estado a vulnerar gravemente el marco jurídico que norma la vida en sociedad. Cuáles los intereses que están detrás y cuáles los beneficios que obtienen.

2.- Conocer la identidad de los autores de tan graves delitos, para tratar de someterlos a la justicia. El perpetrador de este tipo de ilícitos es múltiple (pluriperpetrador), porque uno es el que ordena, otro el que dirige, otro el que ejecuta, otro el que proporciona la impunidad, otro el que dota de los elementos materiales para cometer el latrocinio y otro el que protege ocultando los hechos. Todos deben ser castigados para evitar la repetición.

3.- Enterarse de las circunstancias del delito, de forma tal que nada quede en la oscuridad. Es fundamental que se sepa cómo proceden los autores de estos crímenes, para que la sociedad esté preparada y pueda evitarlos.

4.- Estar al tanto de los procedimientos que se siga para sancionar a los perpetradores, con el propósito de impedir que la complicidad genere impunidad. Y

5.- Recibir información de las medidas que se tomarán a futuro (modificaciones legales, creación de instituciones, preparación de funcionarios, preservación de la memoria histórica, publicación y divulgación de los hechos, etc.) para que nunca más ocurran hechos similares.

La Justicia y la Reparación integral son inseparables de la Verdad

No hemos logrado en México Juzgar un solo criminal de lesa humanidad. La Comisión de la Verdad puede servir para acopiar pruebas que permitan que levemos a juicio a los perpetradores. Ello, siempre y cuando se constituya con ciudadanos que gocen de autoridad moral y cuente con facultades legales para preconstituir pruebas que obliguen al Ministerio Público a actuar.

La Reparación es el más delicado de estos temas, pero puede salvársele si la desglosamos en:

Reintegrar o revertir. O sea, volver las cosas a la situación que tenían antes de la violación a Derechos Humanos. Es la forma ideal de reparación, pero lamentablemente no siempre se puede conseguir.

Indemnizar, o sea entregar a la víctimas o sus descendientes (me resisto a decir beneficiarios en estos casos) una cantidad de dinero.

Satisfacer, o sea realizar un acto simbólico que revindique a la víctima en la consideración social.

Garantizar la no repetición.

Obviamente, será la manifestación libre de la víctima la que determine el tipo de reparación.

Es sencillo advertir que es éste un terreno resbaloso, que debe caminarse con gran precaución.

11/septiembre/2011.

Entrevista

2011-09-07T10:51:00.001-07:00

* Acciones represivas exacerban violaciones a derechos humanos: Enrique González Ruiz * Lustro perdido

Anayeli García Martínez / CIMAC

cimac@laneta.apc.org

Felipe Calderón estableció un estado de hecho y no de derecho, lo que a lo largo de su administración ha recrudecido las violaciones a los derechos humanos de mujeres, niñas, indígenas, periodistas y de los propios defensores y defensoras de las garantías humanitarias.

Para el doctor en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México, José Enrique González Ruiz, así se resumen cinco años de gestión calderonista en materia de derechos humanos. “La impunidad sigue siendo la regla, los perpetradores de delitos graves contra las personas nunca son sancionados. Por eso necesitamos un cambio, una transformación total del Estado”, demanda en entrevista.

Es larga la lista de pendientes de la actual gestión federal por el número de violaciones a los derechos humanos presentadas ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, la impunidad es el rasgo común en casos como el de los asesinatos de las activistas Josefina Reyes, Marisela Escobedo, Josefina Chávez y Beatriz Cariño; y en el de las periodistas Elvira Hernández Galeana y Yolanda Ordaz.

Recuento de los daños. Con Felipe Calderón al frente del Ejecutivo federal, el Estado mexicano ha sido condenado en cinco ocasiones por incurrir en graves violaciones a los derechos humanos. De este modo, México es el país, sólo después de Colombia, con el mayor número de denuncias (232) ante la CIDH.

En noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) emitió la primera sentencia contra el Estado mexicano. Se trata de tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, perpetrados en 2001 en el predio conocido como Campo Algodonero.

La segunda condena la recibió en diciembre de 2009, la cual se refiere a la desaparición forzada del luchador social Rosendo Radilla, en Guerrero, en 1974.

En 2010 el Estado mexicano recibió tres veredictos más: en octubre tuvo dos condenas por la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo a manos de militares en 2002.

Y en diciembre la Corte Interamericana condenó a nuestro país por la detención arbitraria y tortura de dos campesinos ecologistas de Guerrero, en 1999.

Si bien todas estas violaciones a las garantías individuales no se cometieron durante la actual administración federal, sí corresponde a Felipe Calderón castigar a los responsables y resarcir el daño a las víctimas.

A estas condenas en proceso de cumplimiento, se suma el aumento de 45 por ciento entre 2010 y 2011 de quejas por presuntas violaciones ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Simulación. En un lustro, el Estado mexicano ha sido cuestionado a nivel internacional porque lejos de reducir la delincuencia y garantizar la vigencia de los derechos humanos, implementó una política de seguridad que simula el respeto de esos derechos.

En el Examen Periódico Universal 2009, elaborado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México recibió 83 recomendaciones del mecanismo internacional en temas como justicia, armonización legislativa, políticas públicas, discriminación, violencia contra las mujeres, protección de periodistas y derechos de los pueblos indígenas y migrantes, entre otros.

En cinco años, representantes de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA) han visitado el país, entre ellos los relatores de Libertad de Expresión, de Defensores de Derechos Humanos, de Migrantes, de Independencia de Jueces y Abogados, y de Personas Privadas de la Libertad.

En sus observaciones preliminares las y los relatores constataron el clima de zozobra que afecta la vigencia de los derechos humanos de la población, y manifestaron su preocupación por la violencia y el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

En 2010, organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que el Estado mexicano simula cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Tal es el caso de instancias ciudadanas como el Grupo de Información en Reproducción Elegida, la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Las agrupaciones acusaron al Estado mexicano durante la revisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Respecto a la sentencia de la Coidh sobre el caso Campo Algodonero, igualmente la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y Justicia para Nuestras Hijas no se han cansado de reiterar el incumplimiento de las autoridades respecto al castigo a los responsables de feminicidio y la reparación del daño.

Defensoras y periodistas. En el documento “Protección para periodistas y defensores de derechos humanos”, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señala como necesaria la implementación de políticas de seguridad ciudadana acordes con el pleno respeto y garantía de los derechos humanos.

La oficina reconoce que periodistas y defensores se han convertido en uno de los sectores de la sociedad más vulnerables a la violencia e inseguridad, lo cual tiene un impacto negativo en las condiciones en que ejercen sus actividades.

Del 1 de enero de 2006 al 31 de agosto de 2009, la instancia de la ONU contabiliza 36 defensoras, 72 defensores, 17 organizaciones civiles y seis familiares que fueron presuntamente víctimas de algún tipo de agresión.

En el caso de periodistas, las organizaciones civiles Cencos y Artículo 19 informan que el año pasado 29 mujeres periodistas fueron víctimas de agresión, las cuales se caracterizaron por amenazas con componentes sexuales y con alusiones hacia sus familias.

De acuerdo con la OACNUDH, las amenazas, intimidaciones, actos de hostigamiento, detenciones arbitrarias, interposición de acciones legales infundadas, asesinatos y otras formas de agresión, muestran el grave entorno en el que desarrollan sus actividades.

Fin a políticas represivas. En opinión del coordinador del programa de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, José Enrique González Ruiz, el concepto de seguridad tiene que ser de “seguridad humana” y no “democrática”.

Explica que la “seguridad democrática” hace referencia a políticas represivas mientras que la seguridad humana toma en cuenta el respeto de los derechos humanos y no deja en vulnerabilidad a la ciudadanía.

En sus informes, la OACNUDH observa que México atraviesa por un momento crítico debido a que la violencia plantea serios retos para las autoridades.

En diciembre de 2009 la ONU y la OEA elaboraron el “Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos”, en el que afirman que el concepto de seguridad en nuestro país debe cambiar para dejar de concentrarse sólo en más “policías y cárceles”.

Articulo

2011-09-07T10:29:00.000-07:00

¿ES ILUSO PROMOVER LA COMISIÓN DE LA VERDAD?

José Enrique González Ruiz

Si no castigamos a los violadores de derechos humanos,

éstos nunca serán cabalmente respetados.

La tesis de la desesperanza

No solamente las derechas se oponen a la creación de la Comisión de la Verdad que investigue los atropellos graves a los Derechos Humanos que han acontecido en nuestro país y que permanecen sin investigación ni castigo. También hay personas y grupos progresistas que impugnan ese instrumento de aclaración y de búsqueda. Se llega al extremo de afirmar que sería “absurdo” crear la Comverdad, porque para hacer esas denuncias y pesquisas están los familiares de las víctimas. Otros más creen que sería otro inútil aparato de Estado, que sólo vendría a dar ocupación a “buscachambas”.

Y no se crea que carecen totalmente de razón quienes se manifiestan en contra de este instrumento ciudadano, porque las comisiones que la sociedad ha creado no en todos los casos han traído resultados satisfactorios. Muchos piensan incluso que serviría para dar por cerrados los casos que investigue, fortaleciendo la impunidad.

Con todo y lo dicho, es necesario dejar atrás actitudes de reflejan desesperanza y desilusión, para intentar siempre abrir nuevos caminos. No podemos quedarnos cruzados de brazos, con la frustración a cuestas, lamentando que no hemos sido capaces –como sociedad- de crear un método y un instrumento eficaz para limitar a los integrantes del Estado que ejercen poder, en ocasiones contra el pueblo que se los delegó.

Con todo y que hemos tenido malas experiencias con organismo encargados de investigar sobre la Guerra Sucia (como sucedió con la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, FEMOSPP), tenemos que dejar atrás el pesimismo y echar mano de lo que conocemos y podemos usar para buscar la Verdad y la Justicia.

La Comverdad es parte del Poder Ciudadano

La Sociedad está urgida de detener el autoritarismo, que se expresa en múltiples imposiciones a la ciudadanía. Quienes detentan el poder en México, lo han llevado a situaciones extremas de inseguridad, que tiene a las personas en una condición de alta vulnerabilidad y de miedo. Quienes causan los problemas, se atribuyen el derecho a “resolverlos” mediante el uso ilegal de la fuerza y con más opresión política.

Hacen falta en nuestro país instituciones jurídico políticas propias de una democracia participativa. Entre ellas, el referéndum , el plebiscito, la iniciativa popular, la contraloría social y las comisiones ciudadanas que se encarguen de tareas en las que los órganos del Estado han fallado.

Es necesario fomentar la participación de los gobernados en decisiones que impacten la visa social. De eso se trata cuando proponemos que la Comisión de la Verdad se ocupe de indagar y propalar qué sucedió en los casos de masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y demás violaciones graves a Derechos Humanos. Como se trata de ilícitos que cometen miembros del estado, es obvio que no se aclararán si quienes los investigan son también parte de la estructura de poder.

Es por demás obvio que la clase política se niega a aceptar organismos ciudadanos, pues estima que el ejercicio del poder es atributo monopólico de ella.

Cada día se ve más difícil lo de la Comverdad

Con tantos adversarios enfrente, la Comisión de la Verdad parece alejarse. Se le combate desde diferentes ángulos, haciéndola ver como incapaz de asumir la enorme responsabilidad de hacer del conocimiento público lo que ha ocurrido con la Guerra Sucia. Y también como incapaz de llevar a juicio a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Pero eso no le resta validez a la propuesta de conformarla y hacerla funcionar.

Claro que no cualquier Comisión sería útil. Sólo tendrá posibilidades de éxito si está compuesta por personas ajenas a la clase política, propuestas por los organismos defensores de los Derechos Humanos. Serían éstos los que le dieran legitimidad, junto con la lucha de décadas de familiares y víctimas de la represión. Serían asimismo los encargados de supervisar sus tareas, para que no se desviaran de los objetivos asignados.

Habría necesidad de dotar a la Comverdad de facultades legales para hacer comparecer a los presuntos inculpados, lo mismo que para contratar peritos en materias como la forense y la psicológica. Su funcionamiento debería ser financiado por el estado, pero sus titulares (los Comisionados) no cobrarían para no tener la calidad de funcionarios o servidores públicos.

Con todo y los cuestionamientos en contra, vale la pena seguir luchando por la Comisión de la Verdad.

4/septiembre/2011.

Articulo

2011-08-28T22:12:00.001-07:00

Nunca Más la Desaparición Forzada

José Enrique González Ruiz

Yo vivo de mi mala fama.

Declaración del perpetrador

Jesús Antonio Sam López.

La desaparición es una política de Estado

No es un tiro en el aire ni un acto de locura; la desaparición forzada de persona es una conducta deliberada de un aparato de poder, en el marco de una política tendente a mantener a cualquier costo el control de la sociedad, a cualquier costo: “A sangre y fuego” dijo Sam López que acabaría con la delincuencia en Colima, cuando tomó posesión de la Procuraduría de Justicia del Estado. Sin importar que sigan cayendo seres humanos por “daños colaterales”, decidió Felipe Calderón refiriéndose a su guerra contra la delincuencia organizada”.

La desaparición es, quizá con la ejecución extrajudicial, la expresión más temible de una política represora. Involucra a diversas instancias públicas, pues requiere recursos materiales (armas, vehículos, equipo, instalaciones de tortura y reclusión) y de influencia en las esferas políticas (de policía, de procuración y administración de justicia). Y tiene su fundamento en la impunidad, pues el perpetrador se atreve a cometer atrocidades porque tiene la certeza de que no será castigado.

Técnicamente, la desaparición forzada requiere tres elementos

1. Una detención ilegal.

2. Cometida por un agente del Estado o por un particular actuando con la aquiesencia de aquél.

3. Seguida por la negación de la autoridad.

La desaparición es un crimen aborrecible

Estamos ante una acción pluriofensiva, que vulnera un gran número de Derechos Humanos: La seguridad, el debido proceso, la libertad y la integridad física, entre ellos.

El perpetrador actúa desde el poder; con su protección. Se mueve en la obscuridad y se alía con otros individuos que, como él, saben que están violando la Ley. No corre riesgos, porque tiene la certeza de que sus jefes le salvarán el pellejo y le recompensarán.

Es una técnica represiva que los franceses aplicaron en Argelia, los nazis en Alemania y los gobiernos autoritarios (militares y civiles) en América Latina. Es un acto del mal que pretende la impunidad eterna. Como dijo Emiliano Fessia, de “Hijos Argentina”, estamos “ante uno de los crímenes del poder estructurado como Estado” (“La Desaparición Forzada y el Derecho a la Verdad”, programa de Patricia Chávez en el Canal del Congreso, 24 de agosto del 2011).

Generalmente pasan muchos años para que un perpetrador sea juzgado. En Argentina y Guatemala se está logrando que los tribunales sancionen a criminales de lesa humanidad, incluyendo a militares. Pero en México la impunidad va ganando la partida.

Lo anterior determina que los agentes del estado que vulneran Derechos humanos se vuelvan reincidentes e incluso reclamen con fuerza que se les trate de juzgar en tribunales civiles. El fuero militar ayuda a la consumación y repetición de este tipo de crímenes.

La Guerra contra el crimen organizado es pretexto para combatir a la sociedad

No debemos dejar que nos engañen. Combatir al crimen organizado no se reduce a liquidar a supuestos o reales sicarios. De hacerse a fondo, comenzaría por quienes toman las decisiones y acumulan la riqueza malhabida (o sea, políticos y banqueros).

Lo que hoy se hace es reprimir a gente del pueblo, aplicándole medidas extremas como la desaparición forzada. Por higiene nacional, ésta debe terminar y dar paso a juicios formales en contra de los perpetradores.

Desapariciones nunca más.

26/agosto/11.

Artículo

2011-08-26T06:02:00.000-07:00

FORO: SEGURIDAD PÚBLICA,

DERECHOS HUMANOS Y FUERO MILITAR.

TEMA: LA CORTE MEXICANA EN EL CASO RADILLA

Y EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE

DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO

ACTUAL DE LA MILITARIZACIÓN DEL PAÍS.

1. La interpretación “orientadora” hecha por la Corte Mexicana este 12 de julio del 2011 sobre el fuero militar, al examinar los alcances de la sentencia emitida por la Corte Interamericana en el caso Rosendo Radilla en el contexto de la guerra sucia, relativa a la posibilidad de que los jueces de jurisdicción civil y no castrense, enjuicien a militares por delitos cometidos contra ciudadanos y ciudadanas, abona en el ámbito del combate a la impunidad, que invade no solo este espacio.

2. Y más, en estos momentos en que el gobierno de Calderón presenta como punto central de su agenda, la utilización de las fuerzas castrenses, como cuerpo de disciplinamiento del delito y también como fuerza de la seguridad publica en el país. En ese mismo sentido, es importante el papel que podrían jugar los organismos ciudadanos y no gubernamentales como las y los defensores de derechos humanos frente a tales situaciones.

3. El artículo 13 constitucional, establece que los delitos y faltas contra la disciplina militar deben ser juzgados por tribunales castrenses, pero en ningún caso y por ningún motivo pueden extenderse su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejercito y cuando en un delito o falta de este tipo se vea involucrado un civil, el caso debe ser resuelto por un tribunal civil.

4. Podemos decir que la norma fundamental del país, trata como excepción a la regla, frente al fuero civil, el fuero de guerra, para los casos estrictamente relacionados a la disciplina militar. Este, fue reglamentado dándole mayores alcances que no se tenían, a través del Código de Justicia Militar, en lo especifico, el articulo 57 indebidamente incluyo aquellos casos en que los miembros de las fuerzas armadas cometieran actos relativos a delitos del orden común, como violaciones de derechos humanos realizados en tareas de seguridad publica.

5. En el caso Rosendo Radilla Pacheco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al interpretar entre otros, este último artículo, manifestó que deberían ser armónicos con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de que jueces penales de jurisdicción civil enjuiciaran a militares por delitos cometidos en contra de la ciudadanía al tratarse de violación a derechos humanos.

6. Como se ha dicho en otras reiteradas ocasiones, la utilización del Ejercito en el ámbito del combate de la delincuencia, hasta estos momentos tiene un fuerte atisbo de inconstitucionalidad, ya que solo se encuentra prendida de ciertos criterios jurisprudenciales que afirman fundamentalmente que: “su participación será solo en auxilio de las autoridades civiles a favor de la seguridad pública, todo ello a petición expresa y subordinada de esta ultima”.[1]

7. No podemos dejar de mencionar que esta excepción se ha convertido en regla, ya que estos cuerpos militares, entre otras cosas, por razones de jerarquías institucionales, se han manejado en el ámbito del combate de la delincuencia como entes autónomos. Además, la estancia del ejercito fuera de sus cuarteles ha dejado de ser temporal, para convertirse en permanente y en algún sentido se ha modificado la naturaleza de estas Instituciones armadas.

8. Lo anterior en virtud de que su formación tiene como objetivo fundamental entre otras situaciones, que los cuerpos militares han sido constituidos para la defensa de la patria ante el hipotético caso de alguna invasión extranjera o en algún sentido participar ante una catástrofe importante que sufra la población dentro del territorio de nuestro país, además de haber sido formados para eliminar al enemigo y no como custodios o investigadores dentro del ámbito de la seguridad pública, fundamentalmente en tareas disuasorias y la averiguación previa, como en el otro de los casos los cuerpos policíacos, sí han sido creados para estas tareas.

9. Es de suma importancia señalar también, que esta interpretación “orientadora” de la Corte, se encuentra en un contexto de claros-obscuros, ya que, con la implantación del modelo neoliberal con la entrada de México 1986 al GATT que posteriormente se convierte en la OMC. Se ha construido un vaciamiento de instituciones sociales y paralelamente se ha fortalecido el ámbito estatal policiaco-punitivo-militar. Esto se puede ver con la llegada a nuestra legislación de la “teoría de derecho penal del enemigo”[2] desde 1996 a la fecha con la llamada “Ley Federal de Delincuencia Organizada” y en 1998 la constitucionalización de esta Ley,[3] que ha significado regresiones y restricciones a derechos humanos fundamentales.

10. Sin dejar de señalar, la vigencia de normas supra constitucionales como el Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de America del Norte (ASPAN), la iniciativa Mérida, entre otras. Por otro lado y de una manera positiva podemos señalar la relevancia de la reforma constitucional de este año que reconoce los derechos humanos y donde el Estado mexicano se obliga a garantizar estos con sus especificaciones que se encuentran en los tratados internacionales y en los que se deben de interpretar con miras siempre a proteger a la persona en lo mas amplio posible.

11. Eso no tiene como significado que con la sola vigencia de estos criterios de la Corte como los aquí señalados, desaparezcan practicas militares y policíacas que se pretenden naturalizar socialmente en el ámbito de la seguridad pública como: la detención arbitraria, los retenes urbanos y rurales, la tortura, el armado de averiguaciones, el allanamiento de morada, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada de personas, entre otras prácticas comunes de estos cuerpos represivos, que se encuentran encima de todo entendido relativo a los derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional.

12. Ante esos desafíos, las organizaciones sociales y organismo de derechos humanos, tienen cargas mayores principalmente en la alfabetización jurídica y de derechos humanos, atención a víctimas, visibilización de esos patrones de regularidad represiva, documentación, denuncia y canalización a la justicia de estas conductas estatales ilícitas. Mayormente cuando estamos en un contexto de la llamada lucha contra la delincuencia organizada que ha servido muchas veces como justificante para ocultar este tipo de prácticas violatorias de derechos humanos.

13. Las preguntas que nos hacemos entonces son las siguientes: ¿Que hacemos frente a estas prácticas? ¿Existen herramientas jurídicas para denunciarlas? ¿Tenemos leyes que nos protejan de ellas? ¿Se estarán violando nuestros derechos humanos y garantías constitucionales? ¿Dónde denunciamos estos delitos? ¿Cómo discutir estas prácticas en el terreno de la justicia? ¿Cuales son las herramientas jurisdiccionales y no jurisdiccionales para poner límites a estas prácticas cotidianas represivas?

14. Otras de las preguntas que nos hacemos en conjunto al Doctor José Enrique González Ruiz relativas al pasado impune y que tienen una vigencia enorme frente a interpretación “orientadora” hecha por la Corte Mexicana sobre el fuero militar son las siguientes:

¿Se aplicara a los casos de nuestro doloroso pasado o de nuevo intentaran sea aplicable al futuro?

¿El criterio de que los jueces civiles en materia penal deben conocer los delitos cometidos por militares, cuando no se trate estrictamente de asuntos relacionados con la disciplina militar, será obligatorio para todos los jueces en el país?

¿Veremos en prisión, purgando penas, a los generales que han pisado derechos humanos o presenciaremos farsas como la del juicio a Mario Arturo Acosta Chaparro?

15. Muchas de las actuaciones de los cuerpos policíacos y militares en el ámbito de la seguridad publica, no constituyen en si mismas un delito pero pueden transformarse en ello, si se les proyecta en el tiempo, es decir, si no se les piensa de un modo aislado. La regularidad con la que se producen, el hecho de que estas conductas mayormente recaigan sobre parecidas poblaciones, vuelve abusiva, discriminatoria y violenta y por ende ilegal la actuación de estos cuerpos represivos.

16. El tomar nota de otras perceptivas de seguridad como por ejemplo: la seguridad humana o multidimensional que propone la Organización de Estados Americanos (OEA) en su Conferencia Especial sobre Seguridad de México 2003,[4] que propone una nueva concepción de la seguridad en el Hemisferio con alcance multidimensional, e incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio, incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, y se basa en valores democráticos, el respeto, la promoción y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional. Las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el Hemisferio son de naturaleza diversa y alcance multidimensional y el concepto y los enfoques tradicionales deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales.[5]

17. O tomar nota, de de aquellas situaciones problemáticas, de cada una de las acciones policíacas y militares, de cómo se manejan estos cuerpos represivos en los espacios populares o fuera de ellos, con todo esto, se podrían tener mayores elementos para denunciarlas por abusivas, discriminatorias y violentas, se podrían tener más pruebas para discutirlas en los tribunales judiciales, ahora que la Corte autorizo en sede civil penal, el procesamiento de la conductas de los militares contra actos violatorias de derechos humanos.

San Luis Potosí. S. L. P.

Tonatiuh Hernández Correa.

24/VIII/2011.

González Ruiz José Enrique. Una de cal de la Corte. 14 de julio del 2011. Revista Contralinea.

López Bárcenas Francisco. Fuero Militar y Derechos Humanos. Periódico La Jornada. 17/08/2011.

Carbonell, Miguel. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada.

JAKOBS Günther y Manuel Cancio Meliá. Derecho Penal del Enemigo. Civicas Ediciones.S.L. Madrid, España. 2003

[1]Acciones de inconstitucionalidad 1/96. Leonel Godoy Rangel y otros. 5 de marzo de 1996. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Buitrón. Secretaria: Mercedes Rodarte MAGDALENO. Tesis: P/J. P/J. P/J. 35/2000, 36/2000, 38/2000. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Abril del 200º, t. XI, P. 557, 552, 549.

[2] JAKOBS Günther y Manuel Cancio Meliá. Derecho Penal del Enemigo. Civicas. Ediciones.S.L. Madrid, España. 2003. Entendidas como aquellas normas jurídicas excepcionales, caracterizadas por un incremento de las penas y la supresión de garantías jurídicas, “únicamente” aplicables a los considerados enemigos.

[3] Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008

[4]OEA. Conferencia Especial de Seguridad. México 27 y 28 de octubre del 2003. http://www.oas.org/es/ssm/CE00339S03.pdf

[5] La seguridad de los Estados del Hemisferio se ve afectada, en diferente forma, por amenazas tradicionales y por las siguientes nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos de naturaleza diversa: el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos; la pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población, que también afectan la estabilidad y la democracia. La pobreza extrema erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad de los Estados; los desastres naturales y los de origen humano, el VIH/SIDA y otras enfermedades, otros riesgos a la salud y el deterioro del medio ambiente; la trata de personas; los ataques a la seguridad cibernética; la posibilidad de que surja un daño en el caso de un accidente o incidente durante el transporte marítimo de materiales potencialmente peligrosos, incluidos el petróleo, material radioactivo y desechos tóxicos; y la posibilidad del acceso, posesión y uso de armas de destrucción en masa y sus medios vectores por terroristas.

2011-08-22T08:03:00.000-07:00

JESÙS ANTONIO SAM LÒPEZ: OTRO REPRESOR QUE MUERE IMPUNE
José Enrique González Ruiz

No hemos logrado las y los mexicanos
que se castigue a ningún criminal de lesa humanidad.
Y hemos tenido centenares.

En México todos los perpetradores están impunes

Ni siquiera Gustavo Díaz Ordaz, el confeso genocida del 2 de octubre de 1968 fue sometido a juicio por sus crímenes contra el pueblo de México. No ha llegado la excepción que confirme la regla de que en nuestro país está garantizada la impunidad para quienes cometen delitos que conllevan graves violaciones a Derechos Humanos. Por eso, no nos sorprende que se realicen homenajes a uno de los más connotados perpetradores: Jesús Antonio Sam López, que falleció de hace unos meses y hoy es homenajeado por la clase política priista de Nayarit y Colima. Se e presenta como ejemplo de verticalidad en la procuración de justicia, a sabiendas de que sólo conoció y aplicó la Ley del Más Fuerte.

Sam López, en sus primeras incursiones por el aparato represivo del Estado mexicano, fue director del penal de las Islas Marías y de la Policía Judicial del Distrito Federal. Cuando desempeñaba este último cargo, participó en la Guerra Sucia desatada contra la guerrilla urbana que se desarrolló luego de las matanzas de Tlatelolco y San Cosme. Cuando se conforme la Comisión de la Verdad (autónoma y ciudadana), saldrá a la luz su negro historial de torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Su formación como represor se dio al lado de “maestros” como Miguel Nazar Haro y Mario Arturo Acosta Chaparro, a quienes se encargó el exterminio de los grupos alzados en armas en contra del gobierno, sin importar los medios que se utilizara. Probablemente recibió instrucción en la tenebrosa Escuela de las Américas, en la que los norteamericanos han adiestrado a miles de torturadores de toda la geografía latinoamericana.
Aunque se hicieron múltiples denuncias contra Sam López, el aparato de procuración y administración de justicia siempre lo protegió. Él mismo declaró tener experiencia contrainsurgente, pero nunca se formalizó juicio alguno en su contra.
Sam López siempre formó parte de la casta priista
La Guerra Sucia no se explica si se la considera como el arrebato de unos cuantos desquiciados. Hay que entenderla como parte de la estrategia política de la casta gobernante, que ha permanecido en el poder desde principios del Siglo XX (aunque desde hace unos años utiliza distinta denominaciones partidarias). Sin represión es imposible sostener un estado autoritario y cleptócrata como el que padecemos. Por eso le son tan valiosos los personajes del tipo de Sam López, quien en vida reconoció que hizo el trabajo sucio durante la represión al movimiento guerrillero de los años setenta y ochenta del siglo XX. Y aunque tuvo el cuidado de decir que el papel del ejército fue de apoyo, no lo excluyó de esta responsabilidad.
Nayarita de nacimiento y colimense por adopción. Sam López tuvo dimensión nacional en su quehacer represivo. Sabemos de él todos quienes hemos participado en las luchas sociales, porque es de los personajes paradigmáticos del sistema dominante: rudo, echador, valentón y descarado. Ya como procurador de su natal Nayarit, fue denunciado por participar directa y personalmente en la tortura a los dirigentes del Movimiento estudiantil que intentó democratizar la Universidad estatal. “Dicen que me tienen terror, pues qué bueno…”, presumió. Cuatro gobernadores colimenses lo habían designado procurador de justicia, y siempre que alguien lo señalaba como infractor de Derechos Humanos, salían a su defensa.
Ahora se le ensalza y se le pone como ejemplo para la juventud, cuando es uno de los más siniestros personajes del priismo mexicano (y eso es mucho decir, por la variedad de ejemplares que tiene ese partido).

La religiosidad no es sinónimo de bondad
Jesús Antonio Sam López era un creyente activo; o al menos así lo aparentaba. Hubo siempre en sus oficinas imágenes religiosas y no se escondía para hacer gala de su catolicidad. Lo del Estado laico que prevé la Constitución debe haberle parecido un chiste, pues cuando se sentía generoso y soltaba a algún delincuente menor, lo mandaba a dar limosna a la Iglesia de La Salud.
Los altos oficiales del ejército nazi eran cultos y tenían muy desarrollado el gusto musical. Se dice que también Sam López amaba la buena música y leía más que partes policíacos. Pero está visto que eso no garantiza un comportamiento respetuoso de los Derechos Humanos.
Jesús Antonio Sam López forma parte de la lista de perpetradores de actos de barbarie. Utilizó sus cargos públicos para servir a un sistema injusto y represivo, debió pagar a la sociedad mexicana los agravios que le causó. Como ya no hay condiciones para que lo haga, nos queda el recurso de levantar la voz para exigir: nada de homenajes ni reconocimientos al cruel torturador; que sobre él pese la condena moral del pueblo de México al que ofendió y dañó.

20/agosto/11.

Réplica

2011-04-30T17:32:00.000-07:00

México, D.F. a 29 de abril del 2011.
Otto Granados:
Te gana el hígado. Cada que recuerdas el ridículo que hizo tu admirado alcohólico Jesús Reyes Heroles (le llamas "don jesús") cuando quiso doblegar a la Universidad Autónoma de Guerrero, te aceleras de fea forma. Ya son varias las ocasiones en que me difamas y luego te niegas a darme espacio en tu periódico (tal vez de Salinas, con quien también colaboras) para que me defienda de tus barbaridades.
Lo nuevo es que aprovechaste, el pasado 18 de abril, la publicación que hizo Esther Orozco en la que lanza dardos envenenados contra el proyecto educativo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La usas para volver a escribir con los intestinos y hacer afirmaciones que no puedes comprobar, por la sencilla razón de que son falsas.
1.- Dices que vas a contar una anécdota, porque no resistes la tentación de hacerlo. Si fueras honesto, dirías que vas a reinventar un cuento que te gusta contar.
2.- Aseguras que a mediados de 1983 me presenté con tu patrón, a la sazón secretario de Educaciópn Pública, a pedir subsidio para la UAG, de la que en ese tiempo era yo rector. Mientes: fui a exigirle que entregara los recursos que legalmente correspondían a la Universidad Guerrerense. Quienes me conocen, saben que nunca he pedido nada al gobierno y menos a los corruptos priistas, que por décadas han saqueado impunemente las arcas públicas. Los documentos que entregué en aquel tiempo y que deben estar archivados en la SEP, pueden probar mi dicho.
3.- Faltas a la verdad cuando señalas que yo usé un tono meloso con tu -al parecer- padre putativo. Sólo utilizo tal tono con aquellas y aquellos a los que quiero.
4.- No comparto tu opinión de que Reyes Heroles "era muy singular"; porque la soberbia es característica de muchísimos políticos, de modo que en eso era bastante plural.
5.- Te sacaste de la manga una frase dominguera al aseverar que tu adorado gurú me dijo: que iba a hacerle a la UAG lo que a los perros pulguientos: "meterlos en una pileta de aguada helada para espantarle las pulgas". Lo que me dijo fue que iba a aplicarle la eutanasia y, aunque evidentemente a ti no te gusta la UAG, hoy sigue viva y pujante. Así que fracasó el universiticidio de quien se creía instalado en el Olimpo.
6.- El resto de tu afirmación es cierta: dijo que los políticos están para resolver conflictos. Esa información es pública, pues la menciono en mi libro: "La Universidad Pueblo: un proyecto traicionado". En lo que no te ajustas a la verdad es en eso de que yo amenacé al quien entonces era el segundo o tercer hombre más poderoso de México. ¿Me crees tan ingenuo como para creer que un modesto rector de provincia podía espantar al ideólogo de la ultracorrupta casta priista?
7.- No fundamentas tu aserto de que "la UAG no tenía remedio mientras González Ruiz estuviera en ella". Es más, no me conoces como persona ni como académico. Te invito a que un día vengas a mi clase para que tengas elementos de juicio y no opines en el aire.
8.- La victimización no va conmigo, de modo que no soy "víctima de la Universidad Pueblo" ni de nada. Tampoco engaño a las personas, como sí haces tú cuando escribes tergiversando los hechos y sin aportar pruebas. ¿Alguien ha engañado a México más que Carlos Salinas, de quien eres discípulo?
9.- Cualquier día podemos debatir sobre los dictados del Banco Mundial sobre educación en el mundo, mismos que siguen al pié de la letra los políticos que nos malgobiernan, comenzando por "don jesús" con su "Revolución Educativa". ya que estuviste tan cerca de él, ¿por qué nos nos dices cuál fue su participación en el entronizamiento de la lidereza del SNTE Elba Esther Gordillo? Quieres tapar el sol con un escuálido dedo.
10.- La descomposición moral y ética que según tú afecta a la educación superior, en realidad lacera a toda la sociedad mexicana.Y no puede ser responsabilidad de quienes no hemos detentado el poder, sino de quienes componen la supercorrupta casta priista primero y ahora prianista de la que formas parte.
A tus órdenes: Enrique González Ruiz

UACM

2011-04-30T16:52:00.000-07:00

RAZONES DE LA AGRESIÓN CONTRA LA UACM

José Enrique González Ruiz

Educar para liberar o instruir para someter. He ahí el dilema.

Se soltó la jauría

Se desató una tormenta de denuestos sobre la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a partir de la publicación de un documento que aparenta ser un balance de las actividades de esa Institución, que está cumpliendo diez años de funcionamiento a contraflujo del modelo neoliberal dominante. El embate se dirigió lo mismo a profesores y estudiantes de la Institución, que al Instituto de Enseñanza Media Superior (IEMS) y a quien propició desde el gobierno su creación: Andrés Manuel López Obrador. Van algunos ejemplos:

1. El secretario de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa del DF, Juan Carlos Zárraga afirmó que “el modelo académico que usa el IEMS no promueve la excelencia académica y da a los estudiantes una pésima preparación…” (El Universal, 30 de marzo del 2011, sección C página 1. Esta información se combinó con la calificación de que quienes se titulan en la UACM forman parte de “un grupo privilegiado”).

2. Laura Herrejón, escribió en El Universal el 18 de abril del 2011 que la UACM “…fue creada con el sello inconfundible del populismo demagógico que caracteriza al ‘rayito de la esperanza’, mejor conocido como el ‘mesías tropical’”. Con esa base, puso entre comillas a la “universidad” y la calificó como “Un Fraude Monumental”.

3. René avilés Fabila afirma que la UACM “nunca fue un proyecto académico, era una maniobra política. Pero ahí está y es la esperanza de miles de jóvenes (Crónica). Al menos se conduele que los pobres jóvenes que cursan sus estudios en esta Institución.

4. Otto Granados, quien tal vez se considere hijo putatitvo de Jesús Reyes Heroles, dijo que la UACM se autodenomina Universidad y acusó a quien esto escribe de haber amenazado a su etílico héroe (Crónica, abril del 2010).

5. En un artículo convertido en cartel que se difundió ampliamente por la UACM, Marcelino Cereijido tildó de “analfabetas científicos” a quienes no compartimos los métodos de la doctora Orozco. Otros “científicos duros” nos quieren impresionar con las credenciales, pero nosotros sabemos que Obama es Premio Nóbel de la Paz y que eso no le ha impedido ensangrentar países al declarar guerras y bombardear poblaciones.

Lo que espanta a los conservadores

Tanta saña contra una Casa de Estudios que se esfuerza por construir un proyecto alternativo no es gratuita; se debe a que realiza sus tareas conforme a una orientación pedagógica liberadora.

La Ley de la UACM se pronuncia porque la educación superior llegue a todos los y las jóvenes de la capital, dando “apoyo preferente a quienes tienen mayores dificultades para satisfacer sus necesidades educativas, sin prejuzgar acerca de méritos”, porque…”el sistema educativo ha funcionado en muchos casos, como un instrumento de reforzamiento de las diferencias sociales” (Exposición de Motivos, punto 1, párrafo 8). Este pronunciamiento define claramente una vocación democrática, que contraría los postulados de la corrientes neoliberal hegemónica, que considera que el examen de admisión –aplicado incluso por instancias externas de carácter privado- es el instrumento idóneo para seleccionar a los estudiantes.

En la UACM, la autonomía se concibe como un autogobierno en términos del artículo 3º constitucional, y tiene los siguientes propósitos: “a)…la exclusión de los intereses ajenos (y)…un ejercicio pleno de la libertad de pensamiento…fundamentado en la crítica…; b) garantizar que la institución cumpla con sus responsabilidades con los más altos niveles académicos y con genuino sentido social, brindando asimismo otros servicios útiles a su comunidad; y c) administrar su patrimonio y recursos” (Exposición citada, punto 2 párrafo7).

Asumir plenamente el carácter público de la UACM, según la Ley significa dar cabida a todos, “independientemente de cualquier singularidad social o económica…donde no hay diferencias, donde se eliminan las circunstancias que dentro de las propias instituciones han venido acentuando las desigualdades” (Exposición, punto 3, párrafo 6).

Como proyecto innovador, el de la UACM no se guía exclusivamente por criterios de orden cuantitativo, sino también cualitativo. Esto debe tomarse en cuenta al aplicar “criterios modernos de diseño curricular” e instaurar “sistemas de evaluación eficaces y confiables…” (Exposición, punto 4 párrafo 2).

A los estudiantes, la Ley los considera “agentes activos de su proceso educativo”, que tienen el deber de “asumir la responsabilidad de formarse una cultura propia”. No son seres pasivos ni dependientes (Exposición, punto 7 párrafo 2).

Es éste, en resumen, el modelo educativo que ha sido satanizado por las derechas de todos los partidos políticos oficializados.

Ni desastre, ni fraude académico, ni pantano

La primera manifestación de la agresión fue un acuerdo de la Comisión de educación de la ALDF que posibilita la reelección de la rectora y la autoriza para contratar personal de confianza. Esta descarada violación a la autonomía despertó un gran descontento entre los uacemitas, que se movilizaron para echar abajo esa maniobra.

Luego se levantó un coro de intelectuales orgánicos del poder, que aprovecharon la coyuntura para volver a externar sus odios contra todo lo que no se alinee con el neoliberalismo. Se valieron de las declaraciones de la rectora, que pusieron por el suelo a la UACM. No se tuvo el cuidado de encubrir las condenas en medio de algunas alabanzas, como hicieron Jesús Reyes Heroles cuando convocó a la “Revolución Educativa” mandatada por el Banco Mundial, y Jorge Carpizo en su célebre documento “Fortalezas y Debilidades de la UNAM”.

La perfección sólo existe en la mente de las personas, de modo que sería absurdo pedírsela a la UACM. Pero es una creación valiosa que debe ser fortalecida con trabajo de sus integrantes y con respaldo externo de parte de quienes coinciden con sus objetivos liberadores.

29/abril/11.

Invitacion

2011-01-29T14:45:00.000-08:00

2011-01-25T16:52:00.001-08:00

WIKILEAKS: LO REVELADO Y LO ESPERADO

José Enrique González Ruiz

Yo diría que el norte es el poder/

y que el sur todo aquello que pelea contra lo injusto…

que el norte es la prisa/ y el sur la paciencia.

“El Sur también existe”. Benedetti y Serrat.

Lo que nos confirmó Wikileaks

Constreñido al ámbito de nuestro país, Wikiliks puso al descubierto que el gobierno de Felipe Calderón es un instrumento –sin voluntad propia- de las autoridades norteamericanas. La carta fuerte del ocupante de Los Pinos es la guerra contra el crimen organizado y ocupa la mayor parte de su discurso político. Es el tema al que le ha dedicado la mayor parte de su tiempo, mucho más que el que fue el centro de su campaña: el empleo. Pues bien, según la embajada norteamericana, los principales “logros” en esa materia se deben a informaciones proporcionadas por agentes de aquel país que operan en el nuestro.

Se supone que quien toma las decisiones en esa guerra es el titular del Ejecutivo mexicano, quien es al propio tiempo el comandante supremo de las fuerzas armadas (de aire, mar y tierra). Es igualmente jefe de la Policía Federal y, cuando colaboran con ésta, de todas las del país. Legalmente entonces, es el responsable de las consecuencias del combate a la delincuencia organizada.

Se diría también que siendo socios privilegiados por virtud del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), de la ASPAN (Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte) y de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos tiene un alto nivel de confianza en el tomador de decisiones en México, o sea Calderón.

Wikileaks nos muestra que nada de lo anterior es cierto: ni es Calderón quien decide en esa guerra (al menos en lo fundamental), ni sus socios confían en él. Porque dio a conocer que el Departamento norteamericano de Estado, manejado por la señora Clinton, mandó a su embajada hacer un estudio acerca de los niveles de estrés de aquel personaje. En otros términos, quería saber cómo anda de sus facultades mentales.

Por la misma fuente, sabemos que sabemos que a los estadounidenses no les agrada la conducta del Ejército –al que consideran poco dado a compartir información, más de débil y miedoso- y sí la de la Marina. Las posibles interpretaciones no son muchas: a) los marinos son más obedientes a las órdenes de los norteamericanos; o b) les interesa “amarrar navajas” entre los soldados y los hombre de mar.

Cualquiera que sea la hipótesis válida, está claro que los representantes imperiales desprecian a quienes llaman “sus homólogos” en esa lucha antidelincuencial.

El Plan Mérida como trasfondo

No es nueva la soberbia imperial, ni tampoco es exclusiva del imperio del Norte. Las naciones que se han autoproclamado hegemónicas, o las religiones que dicen ser las únicas que llevan a la divinidad, lo han hecho a partir de algún rasgo supremacista. Es éste el origen de todas las discriminaciones, sean de carácter étnico, político, económico, cultural o religioso.

Es bien conocido que los estados Unidos hablan de que un Destino Manifiesto les autoriza a meter soldados en cualquier parte del mundo, dirigir cualquier aventura bélica contra cualquier objetivo que ellos señalen como enemigo, deponer gobernantes y asesinarlos y hacerse dueño de recursos naturales y de territorios ajenos. Eso sí, siempre intentan justificar sus acciones con medidas de apariencia legal, como la firma de “Cartas de Intención” con las que los gobernantes aprietan la soga que les oprime el cuello.

En el sistema capitalista, quien tiene dinero es un “ganador” (we are the champions; no time for lossers) y puede comprar la fuerza de trabajo de otros, bajo la consideración de que “el que paga, manda”. Obviamente, esto se aplica a las relaciones internacionales, en las que intervienen unos países que prestan (o que incluso “donan”), y otros que reciben. A esta lógica corresponde la Iniciativa Mérida (similar al Plan Colombia), conforme al cual los norteamericanos completaron el vínculo militar que faltaba después de ya que tenían el económico y el político.

De esa forma, si el gobierno mexicano recibe “ayuda para acabar con la delincuencia organizada”, tiene que pagar con sumisión y respeto a quienes se la proporcionan. “Nada es gratuito en esta vida”, dicen los ideólogos del capitalismo. Aquí encuentra su mayor caldo de cultivo la soberbia imperial, que en eras de cuidar sus dólares, se atribuye el “derecho” a entrometerse en vidas ajenas y a intervenir en decisiones soberanas de los países a los que “ayuda”.

Los helicópteros, radios, los aparatos de intercepción de llamadas telefónicas o de correos cibernéticos, así como la asistencia técnica que incluye la Iniciativa Mérida, dan lugar a cesión de soberanía, como ratificó Wikileaks. Los gobiernos dependientes, aceptan con docilidad el papel subordinado que les asigna la globalización imperial.

Lo que esperamos de Wikileaks

Los 17 cables que hasta hoy se conocen, en los que la embajada norteamericana informó a su gobierno acerca de algunos actos de Calderón, aunque son importante, aún no hablan de temas de fondo. Si bien es importante saber que el ocupante de Los Pinos admite que se equivocó en la medición de los alcances de la guerra que desató contra los delincuentes de alta peligrosidad, queremos que se nos informe de temas como los siguientes:

1.- Cuál fue la intervención del gobierno norteamericano en el fraude electoral del 2006, que tiene a calderón en la presidencia de la república. Eso podría explicar su actitud entreguista y vendepatria en cuestiones tan importantes como el petróleo.

2.- Quienes desde el poder tienden mantos protectores de las mafias de delincuentes organizados y cuál su relación con los círculos estadounidenses de poder. Mucho se habla de que Los Zetas no sólo fueron preparados en la escuela norteamericana de terrorismo, sino que aún hoy son auspiciados por el Imperio para detener la migración centroamericana.

3.- Qué empresas norteamericanas surten de armas a los cárteles de nuestro país.

4.- Cuáles instituciones bancarias de más allá del Río Bravo lavan el dinero de las mafias que operan en México.

5.- Qué alcances reales tienen la ASPAN y la Iniciativa Mérida en cuanto a los compromisos del gobierno mexicano. Sobre todo, en materia de contrainsurgencia.

Coincidimos con el caricaturista El Fisgón, quien dice que “Estados Unidos se comporta como un imperio cruel, hipócrita y guerrero, oportunista que saque y que no es el defensor de la libertad, la democracia y la justicia que dice ser.” También nos parece certera su afirmación de que Calderón actúa con irresponsabilidad y no cuida los intereses de México y de los mexicanos, debido a que permite que “Washington esté metido en decisiones clave de la política interna” (“Las Filtraciones y el Naufragio de Calderón”, página 3).

Ante la versión de que Wikileaks puede ser una creación de los propios norteamericanos para debilitar y someter aún más a sus socios menores, revelaciones como las que esperamos serían un mentís. Y consolidarían la idea de que estamos ante un fenómeno inédito que desnuda la índole imperial y supremacista de la clase gobernante en Norteamérica.

2011-01-25T16:36:00.000-08:00

EL PAPEL DE GABINO CUÉ EN EL CASO DE LOS DESAPARECIDOS DEL EPR

José Enrique González Ruiz

Una gota, con ser poca,

con muchas se hace aguacero.

Canto de Daniel Viglietti.

Ulises Ruiz Ortiz se burló de la justicia

El pueblo oaxaqueño apostó que el tirano caería y sería juzgado por sus delitos. La gran movilización que sacudió al país en el 2006 parecía suficiente para lograrlo; y los crímenes imputados a Ulises Ruiz Ortiz lo ameritaban. Pero vino el apoyo del gobierno federal y el sátrapa se fortaleció y pudo concluir su período en la gubernatura.

Las acusaciones que pesan sobre Ruiz son muchas: crear escuadrones de la muerte, que asolaron las barricadas que el pueblo levantó; ordenar el asesinato de al menos 23 personas, entre las cuales se cuenta al camarógrafo estadounidense Brad Will; fabricar delitos a los principales dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) para encarcelarlos; y participar en la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Cargado de soberbia, cuando estaba concluyendo su sexenio Ruiz Ortiz amenazó con volver. Con esa misma actitud rechazó la Recomendación 7/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que se refirió a la obligación del gobierno de presentar a los dos desaparecidos o a informar acerca de su paradero. Simple y llanamente se desafanó del asunto diciendo que nada tenía qué ver con él. Valido de su poderío local y de sus alianzas con el gobierno federal, se burló de quienes pedían su enjuiciamiento.

El cambio con Gabino Cué

Se supone que la llegada de un gobernante propuesto con partidos de oposición presagia cambios en la manera de ejercer el poder. Y como Gabino Cué no fue propuesto por el PRI, que es el organismo al que pertenece Ulises Ruiz, se piensa que ejercerá de manera distinta la gubernatura. Aunque hay experiencias que no abonan esa tesis, vale la pena creer en ella.

Para comenzar, el nuevo gobernador tendrá que buscar que se haga justicia, para no convertirse en cómplice del que se fue. No son poca cosa los crímenes que se atribuyen a Ulises como para que Gabino se sienta cómodo con que lo relacionen con ellos. Algunos son incluso de lesa humanidad y pueden dar lugar a intervención de instancias internacionales, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El tema de Brad Will será importante, por sus vinculaciones con el exterior. Aun cuando la vida de un ser humano tiene exactamente el mismo valor que las de cualquier otro, en este caso se agrega el ingrediente externo. No tiene sustento la absurda tesis que elaboró el gobierno de Ruiz Ortiz, según la cual fueron personas cercanas a la APPO quienes cometieron ese homicidio. La indagación llevará seguramente a quienes armaron, financiaron, dirigieron y protegieron a los asesinos y éstos estaban en Palacio de Gobierno o en alguna otra oficina pública. Por eso la investigación de este asunto será fundamental.

Los desaparecidos del EPR

No toda la responsabilidad en la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez corresponde al gobierno oaxaqueño, pero sí una parte importante. Si bien el tema es nacional, a Oaxaca le toca una porción de la responsabilidad, porque según la CNDH, los eperristas fueron vistos en instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Gabino Cué debe, cuando menos, aceptar la Recomendación 7/2009 de la CNDH y abrirse a la realización de trámites ministeriales en colaboración con la Procuraduría General de la República. Ya la CNDH ha dado pautas que pueden conducir a la verdad y a la justicia.

Esperamos que la alternancia de partidos en el gobierno produzca frutos en este tema. Sería muy lamentable que fuesen instancias internacionales las que empujaran hacia la justicia.

2011-01-25T15:53:00.000-08:00

EL SECUESTRO DE DIEGO Y LA TREGUA DEL EPR

José Enrique González Ruiz

Ya no existen los héroes,/ ya no los hacen como antes.

Son monigotes inflados/ por campañas de publicidad.

Canto de “El Tri”.

Si fue cierta, la liberación fue ridículamente teatral

No es sencillo desautorizar a un personaje que sale de un secuestro de siete meses y se planta frente a la prensa para decirle que perdona sus captores porque “es hombre de fé”. Y no resulta fácil, debido a que existe la posibilidad de que sea verdad que lo tuvieron más de siete meses privado de la libertad y amenazado. En ese caso, merecería que nos congratuláramos que terminó su cautiverio. Pero, ¿qué necesidad había de armar una función teatral como la que vimos por televisión unos días antes de la navidad del 2010?

Fue ridículo que Joaquín López Dóriga, quien se precia de ser la quinta esencia del periodismo, se pusiera de tapete para que Diego Fernández de Cevallos se hiciera pasar como caballero que volvía de una gran batalla con un ramo de rosas rojas para su amada. Igual que en los tiempos de la Mesa Redonda del rey Arturo y sus cortesanos, montaba Diego no un brioso caballo, sino un costoso automóvil, asegurando que acababa de ser liberado de una prolongada detención. Parloteó a su tradicional estilo y desparramó soberbia por todo el espacio televisivo. Su larguísima barba, perfectamente peinada, le daba un toque apropiado con las fechas navideñas.

No sólo dijo que perdonaba a quienes sostiene que lo retuvieron, sino también presumió de los debates ideológicos que sostuvo –así lo afirmó- con el jefe de aquellos. Por supuesto que las discusiones se dieron en un plano de respeto, pero de enérgica defensa de sus respectivas posiciones, aseveró el influyente litigante.

Por más que celebramos que esté en libertad, no podemos dejar de expresar nuestro desagrado por las mentiras que nos recetó el acaudalado panista. Y tampoco debemos dejar de señalar que el presunto secuestrado dejó al gobierno una banderilla en los lomos: tiene que resolver el caso, porque es de interés nacional. Ni más ni menos.

La posible participación del México rebelde

Sorpresivamente, el 20 de diciembre del 2010, el grupo que dice haber tenido en su poder al dueño de ranchos y edificios produjo una serie de tres documentos (Epílogo de una desaparición) en los que da una justificación política al evento.

Con una cita de Bertolt Bretch y una referencia a Franz Fanon (observación de Luis Hernández navarro), sostiene el grupo que en México convivimos Ellos y Nosotros. Los primeros ejercen una aplastante violencia institucional y los segundos también podemos echar mano de ese medio de lucha para quitarnos de encima la opresión, afirma. Porque “la violencia es constructiva cuando es rebeldía frente a la amenaza de muerte, cuando enfrenta a la muerte personificada por quienes nos someten a la miseria”, afirma.

Identificándose como Red por la Transformación Global, caracteriza al gobierno como “mafioso”, pues protege solamente a los que acumulan riqueza y somete a la sociedad. Asegura que esa situación sólo persistirá “en la medida en que Nosotros la hagamos aceptable”.

Pasan revista los que antes fueron los misteriosos desaparecedores (designación que adoptaron a partir de que el gobierno quiso tipificar como “desaparición” a la de Diego, y de que Calderón la calificó de “misteriosa”) a los efectos más visibles de la aplicación del neoliberalismo en México. Y destacan entre esos a la violencia que padecemos. Atribuyen responsabilidad de ello a varios personajes, entre ellos Fernández de Cevallos, que han aplicado las directrices emanadas de Norteamérica.

Al neolatifundista y abanderado del PAN, lo consideran como “uno de los políticos que más se ha caracterizado por el abuso del poder, el tráfico de influencias y el enriquecimiento a costa del erario y de los bienes de la nación”, así como “uno de los principales encubridores de los responsables de la guerra sucia”.

Por lo anterior, desde su punto de vista, “tomarlo prisionero, exhibirlo y obligarlo a devolver una milésima de lo robado, constituye…un golpe político a la plutocracia y a sus instituciones, una demostración de la voluntad de lucha y de la capacidad operativa de los ‘descalzonados’ como él nos denomina…”

Cuando la autenticidad de los documentos fue puesta en duda, apareció el 29 de diciembre del año anterior, una nueva publicación en la que el grupo dice: “somos reales…nos hemos preparado por mucho tiempo…no somos unos improvisados. Ninguna fuerza extraña nos dirige…” Asegura que el detenido recibió un trato humanitario, porque “contrario a Ellos, los poderosos, el pueblo tiene principios y sabe conducirse con honor”.

Algunos atribuyeron el secuestro al EPR

Tirando con escopeta, se acusó a varios agrupamientos rebeldes de ser los responsables del plagio al próspero litigante contra el Estado mexicano. Lo mismo se responsabilizó a la Tendencia Democrática Revolucionaria- Ejército del Pueblo que al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. También se dijo que pudo haber sido el Ejército Popular Revolucionario.

Esto último causó inquietud entre miembros de la Comisión de Mediación para el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez (COMED), porque la existencia de ésta tiene relación directa con la tregua que el EPR tiene comprometida.

Ya Antonio Ortega Sánchez, identificado con las fuerzas más obscuras del panorama político mexicano y latinoamericano, había visto en su oráculo (las computadoras de Raúl Reyes, comandante de las FARC asesinado en Sucumbíos, Ecuador) que el EPR cometió el secuestro. Ostentándose como presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, el también aspirante a consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo en conferencia de prensa que el trueque era Diego a cambio de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, más una “indemnización millonaria”.

Y aunque el personaje es bastante siniestro, no puede olvidarse que junto con Guillermo Velasco Arzac es autor de la denuncia contra Lucía Morett Álvarez, por la cual la Procuraduría General de la República le mantiene abierta una averiguación por “terrorismo internacional”. Tampoco hay que dejar de lado que estuvo en Cancún en una de las visitas del genocida expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, ofreciéndole o refrendándole sus servicios.

Para la COMED, cuya autoridad no es más que ética y cuyo compromiso es cívico con un problema como la desaparición forzada de dos personas, es esencial la tregua del EPR. El día que ésta termine, dejará de existir. Por eso analizó las imputaciones y llegó a la convicción de que no tienen el menor sustento.

Eso implica que la tarea continúa y que hay que realizarla sin desánimo y con firmeza de principios.

4/enero/2011.

2010-11-26T14:41:00.000-08:00

UNA INICIATIVA AMAÑADA
José Enrique González Ruiz
«En los últimos años se afianza en nuestro continente la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que es de hecho más una ideología que una doctrina. Está vinculada a un determinado modelo económico político, de características elitistas y verticalistas que suprime toda participación amplia del pueblo en las decisiones políticas. Pretende incluso justificarse en ciertos países de América Latina como doctrina defensora de la civilización occidental y cristiana. Desarrolla un sistema represivo, en concordancia con su concepto de «guerra permanente». En algunos casos expresa una clara intencionalidad de protagonismo político».

Documento de Puebla de 1979, III Conferencia del Episcopado Latinoamericano, «Reflexión sobre la violencia política», N° 547.
Una sentencia de la CIDH
El 23 de noviembre del 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH en lo sucesivo) dictó sentencia en el expediente formado con motivo de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, 33 años antes, o sea el 25 de agosto de 1974. Aunque lenta, la justicia se hizo presente. Y dado que fueron ineficaces los mecanismos nacionales de procuración y administración de esa justicia, tuvo que ser un organismo internacional quien produjera esa importante resolución.
Las maniobras leguleyas que intentaron en el juicio los representantes del Estado Mexicano no tuvieron éxito. Los jueces de la CIDH desecharon sus excepciones, entre las que destacaron dos: la irretroactividad de la aplicación del tratado que contiene la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y la aplicación del fuero militar en este caso (pues aseguró que en los tribunales militares del país está pendiente una investigación sobre el caso Radilla, y que se había detenido como presunto responsable al general Francisco Quiroz Hermosillo).
A diferencia de décadas anteriores, cuando el Estado mexicano era visto en el exterior como modelo de democracia y de respeto a los Derechos Humanos (recuérdese la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados que presentó como proyecto Luis Echeverría en la ONU), hoy está siendo juzgado por delitos de lesa humanidad. Los políticos norteamericanos dan al mexicano un trato de gobierno bananero, acusándolo de representar un “Estado fallido”. La secretaria estadounidense de Estado, Hilary Clinton, se permite la libertad de hablar de aquí opera una narcoinsurgencia, como parte de la estrategia de deslegitimación contenida en la Iniciativa Mérida.
En el juicio ante la CIDH, el gobierno de México se negó a entregar copia de la averiguación previa que sigue en el caso Radilla, argumentando que se obstruiría la procuración de justicia. A los funcionarios mexicanos se les hacen pocos 33 años para terminar una indagación.
No obstante lo anterior, la CIDH concluyó de forma terminante lo siguiente:

150. El Tribunal estima suficientemente acreditado que el señor Rosendo Radilla Pacheco fue detenido por militares del Ejército en un retén militar ubicado a la entrada de la Colonia Cuauhtémoc, en Atoyac de Álvarez, Guerrero, el 25 de agosto de 1974, y posteriormente trasladado al Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez. Allí habría permanecido detenido de forma clandestina por varias semanas, donde fue visto por última vez, con los ojos vendados y signos de maltrato físico. Transcurridos más de 35 años desde su detención, los familiares del señor Radilla Pacheco desconocen su paradero, a pesar de las gestiones realizadas. El Estado continúa negando el paradero de la víctima, en tanto hasta la fecha no ha dado una respuesta determinante sobre su destino.
152. Así, la desaparición del señor Radilla Pacheco no sólo es, a todas luces, contraria al derecho a la libertad personal, sino, además, se enmarca en un patrón de detenciones y desapariciones forzadas masivas (supra párrs. 132 a 137), lo cual permite concluir que aquélla lo colocó en una grave situación de riesgo de sufrir daños irreparables a su integridad personal y a su vida.
Las condenas específicas
Para vergüenza de quienes habitamos este país, el Estado mexicano fue condenado por la CIDH por un crimen de lesa humanidad: la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco.
De forma unánime, los integrantes del Tribunal Internacional decidieron:
7. Esta sentencia constituye per se una forma de reparación.
8. El Estado deberá conducir eficazmente, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable la investigación y, en su caso, los procesos penales que tramiten en relación con la detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, para determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea, en los términos de los párrafos 329 a 334 de la presente Sentencia.
9. El Estado deberá continuar con la búsqueda efectiva y la localización inmediata del señor Rosendo Radilla Pacheco o, en su caso, de sus restos mortales, en los términos de los párrafos 335 a 336 de la presente Sentencia.
10. El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 337 a 342 de la presente Sentencia.
11. El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 215 A del Código Penal Federal con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en los términos de los párrafos 343 a 344 de la presente Sentencia.
12. El Estado deberá implementar, en un plazo razonable y con la respectiva disposición presupuestaria, programas o cursos permanentes relativos al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en relación con los límites de la jurisdicción penal militar, así como un programa de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas, en los términos de los párrafos 345 a 348 de la presente Sentencia.
13. El Estado deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, los párrafos 1 a 7, 52 a 66, 114 a 358 de la presente Sentencia, sin las notas al pie de página, y la parte resolutiva de la misma, y publicar íntegramente este Fallo en el sitio web oficial de la Procuraduría General de la República, en un plazo de seis y dos meses, respectivamente, a partir de la notificación de este Fallo, en los términos de los párrafos 349 a 350 del mismo.
14. El Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del presente caso y en desagravio a la memoria del señor Rosendo Radilla Pacheco, en los términos de los párrafos 351 a 354 de la presente Sentencia.
15. El Estado deberá realizar una semblanza de la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco, en los términos de los párrafos 355 a 356 de la presente Sentencia.
16. El Estado deberá brindar atención psicológica y/o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas, a 105 las víctimas declaras en el presente Fallo que así lo soliciten, en los términos de los párrafos 357 a 358 del mismo.
17. El Estado deberá pagar las cantidades fijadas en los párrafos 365, 370, 375 y 385 de la presente Sentencia, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y el reintegro de costas y gastos, según corresponda, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo, en los términos de los párrafos 360 a 392 del mismo.
18. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. El Estado deberá, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma.
Nos causa enorme pena que la representación formal de nuestra nación haya recibido semejante descalificación. Y esperamos ver los términos del informe que rendirán al cumplirse el año de dictada la sentencia.
La Iniciativa de reforma de la justicia militar
Metido en su estrategia de “guerra” contra las bandas criminales que proliferan por el territorio nacional, el huésped de Los Pinos se propuso lavar un poco la imagen del ejército. Porque la intrusión de éste en tareas policíacas, trajo graves violaciones a los derechos de las personas: asesinatos a mansalva, falsificación de escenarios de hechos de violencia, utilización de fuerza brutal contra población civil y, sobre todo, impunidad. La siembra de terror como método privilegiado de gobierno.
En un primer momento, se trató de que la llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación desconociera la obligatoriedad de la sentencia de la CIDH. Pero fue tan burdo eso, que luego se cambió de táctica. El 18 de octubre del 2010, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presentó a la Cámara de Senadores una iniciativa para reformar disposiciones del Código de Justica Militar, de la Ley Orgánica del poder Judicial de la Federación, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, con el propósito de “impulsar reformas en materia de procuración de justicia militar acordes con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos ”, así como “el cumplimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Para ello, Calderón propuso “excluir de la jurisdicción militar los delitos de desaparición forzada de personas, la tortura y la violación”. Con ello, aseguró, el Estado mexicano estaría armonizando su legislación con las convenciones Americana de Derechos Humanos y Americana sobre Desaparición Forzada de Personas. También se cumpliría la sentencia de la CIDH en el caso Radilla.
El texto que propone Calderón para el artículo 57 fracción II inciso a) es el siguiente:
Los delitos de Desaparición Forzada de Personas, Violación y Tortura, previstos en los artículos 215-A, 265 y 266 del Código Penal federal, así como 3 y 5 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, cometidos en agravio de personas civiles, serán competencia de los Tribunales del Fuero Federal.
Cuando de las diligencias practicadas en la investigación de un delito, se desprenda la comisión de algunos de los contemplados en el párrafo anterior inmediatamente el Ministerio Público Militar deberá, a través del acuerdo respectivo, desglosar la averiguación previa correspondiente precisando las constancias o las actuaciones realizadas y remitirla al Ministerio Público de la federación. Las actuaciones que formen parte del desglose no perderán su validez, aun cuando en su realización se haya aplicado este Código y con posterioridad el Código federal de procedimientos Penales.
También sugiere el titular del Ejecutivo Federal que los militares que sean juzgados en tribunales civiles permanezcan en prisiones castrenses, “a fin de salvaguardar su integridad física y evitar que pudieran ser persuadidos para participar en los intereses de la delincuencia organizada”.
La iniciática calderoniana está envenenada y no constituye una armonización de la ley mexicana con la internacional, ni el acatamiento de la sentencia de la CIDH. Veamos por qué.
1.- Excluir tres ilícitos de la jurisdicción militar (desaparición forzada, tortura y violación), implica dejar en ella otros que constituyen graves violaciones a derechos humanos, como la ejecución extrajudicial y el genocidio. Esto sigue violando el artículo 13 de la Constitución, que mantiene el fuero de guerra, pero estrictamente limitado a los actos relacionados con la disciplina militar y sólo para personal castrense y no civil (“paisano”, llama la Carta Magna a quien no pertenece a las fuerzas armadas).
2.- Por añadidura, el segundo párrafo propuesto anula al primero, pues deja al Ministerio Público Militar la tipificación del delito, con lo cual las desapariciones forzadas se podrán caracterizar como “privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro” (tal como hoy lo hace la Procuraduría general de la República en el caso de dos militantes del Ejército Popular revolucionario). De esa forma, se burlaría el presunto “avance” de la propuesta de Calderón.
3.- En el caso de que el fiscal militar admitiera que se trata de alguno de los tres delitos excluidos de la jurisdicción castrense, podría realizar diligencias y hacer acopio de probanzas, de forma tal que dejaría atado de manos al Ministerio Público de la Federación que conociera del asunto. Las actuaciones de aquél serían válidas según la iniciativa.
4.- Si se regulara la justicia militar de la forma que propone Calderón, se le extendería a cuestiones que no tienen relación con la disciplina de las armas y se nos incluiría a los civiles en temas de guerra. Cierto es que así se hace ya en la práctica, pero eso no le quita el carácter anticonstitucional, ni evita que los tribunales internacionales (como la CIDH) condenen al Estado por violador.
5.- Sentaría un pésimo precedente un acatamiento torcido y falso de las determinaciones jurisdiccionales de la CIDH.

Calderón no engañó a nadie
Las reacciones a la propuesta de Felipe Calderón le fueron desfavorables:
Amnistía Internacional, en comunicado de 19 de noviembre del 2010, calificó la iniciativa como “insuficiente”, porque sólo excluye tres ilícitos de la jurisdicción militar, pero “no cambia la forma en que las alegaciones de abusos se investigan”. Afirmó que cualquier reforma al sistema de justicia militar debe tener tres características.
a) El alcance de esa jurisdicción castrense debe ser restrictivo y excepcional.
b) En el fuero militar sólo debe juzgarse a soldados en activo, y por delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos del propio orden militar.
c) Las violaciones a derechos humanos corresponden siempre a la justicia ordinaria.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH) mencionó como “muy reducido el catálogo de exclusiones y llamó al Estado mexicano a cumplir la recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de marzo del 2010, para “modificar su Código de Justicia Militar con el fin de que la justicia militar no sea competente en casos de violaciones de derechos humanos. En ningún caso, la justicia militar podrá juzgar hechos cuyas víctimas sean civiles. Las víctimas de violaciones de derechos humanos perpetradas por militares deben tener acceso a recursos eficaces”.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”, afirmó enfáticamente:
“las reformas presentadas por el Ejecutivo no pueden ser consideradas de manera alguna como parte del cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano que se desprenden de las sentencias sobre los casos Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú (que determinaron que) “el fuero militar no es competente para juzgar, bajo ninguna circunstancias, sobre ningún delito cometido por elementos de las fuerzas armadas en el que estén involucrados civiles”.
También la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) reprobó a Calderón, al sostener que la mayoría de las violaciones a derechos humanos cometidas por el ejército “no han sido castigadas porque los casos siempre son tratados en las cortes militares”.
Las tareas del movimiento de Derechos Humanos .
Aparte de desenmascarar las maniobras calderonistas, los defensores y defensoras de Derechos Humanos tenemos que avanzar en el efectivo cumplimiento de las sentencias de la CIDH. Para ello, se tiene que mantener la presión sobre los funcionarios (mal llamados servidores públicos) para que sujeten su actuar a los mandatos populares.
Los neoliberales que malgobiernan no han podido acabar con las conquistas sociales de las y los mexicanos. Por eso es fundamental la lucha por los Derechos Humanos.

26/noviembre/10.

Artículos

2010-11-26T14:22:00.000-08:00

Soy guerrero;
mi espada es el amor,
mi escudo es el humor,
mi hogar la coherencia,
mi texto la libertad.
Chamalú, indio quechua.
Un marcado desinterés.

LAS EXIGENCIAS DE UNA MEDIACIÓN
José Enrique González Ruiz.

Está claro que a los gobiernos federal y estatal y municipal de Oaxaca, poco les interesa el tema de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, no obstante que el Ejército Popular revolucionario, un agrupamiento alzado en armas, los reconoce como sus militantes. Porque ninguno de aquellos se ha preocupado por cumplir la Recomendación 7/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en teoría debiera ser para ellos un mandato importante.
Y es que en medio de un océano de violaciones a los Derechos Humanos originado por la guerra de Calderón contra el narcotráfico, parece una gota de agua que dos personas se encuentren desaparecidas. La sociedad vive en permanente zozobra y muchos medios informativos se encargan de atizar el miedo. La gente está muy preocupada por su propia seguridad, como para caer en la cuenta de que la desaparición forzada de personas es un ilícito de extrema gravedad que debe ser combatido a fondo.
En ese ambiente, las autoridades se han instalado en la comodidad de la abulia. Ningún costo político les ha significado negarse a cumplir lo recomendado, como lo comprueba Ulises Ruiz Ortiz, quien se dio el lujo de simplemente no aceptar lo que se le recomendó y ahora se va del gobierno oaxaqueño en medio de intensa propaganda (pagada por el erario) que lo presenta como un estadista de cuerpo entero.
La médula del caso Reyes Amaya-Cruz Sánchez
En México no han sacudido a la opinión pública los temas relacionados con la guerra sucia. A diferencia de países del Cono Sur y de la Cintura de América, donde la mano de la justicia ha alcanzado (aunque insuficiente y tardíamente) a algunos represores de alto rango militar y político, aquí priva la impunidad. Ni siquiera personajes siniestros a los que la justicia popular ha condenado, como Miguel Nazar Haro y Mario Arturo Acosta Chaparro, han pisado la cárcel por la comisión de delitos de lesa humanidad. El primero se escondió detrás de su avanzada edad, mientras el segundo sigue asesorando la contrainsurgencia.
El caso de los eperristas es simbólico y por ello muy importante. De hecho, es la primera ocasión en la historia en que un organismo armado denuncia la detención de unos de sus miembros y pide a un grupo de ciudadanos (quienes hoy integramos la Comisión de Mediación-COMED) que intervenga para tratar de que sean presentados con vida o que las autoridades informen de su paradero. También es importante decir que el hecho se dio con posterioridad a que el gobierno de México firmara la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas, lo cual priva de validez al argumento de que la guerra sucia “es cosa del pasado”.
Si este caso se aclara a satisfacción de los familiares de los desaparecidos, constituirá un importante precedente para investigar los más de mil que están en la lista de pendientes.
Lo que la Mediación requiere
Ha sido lento y fatigoso el recorrido de la Comisión de Mediación con el gobierno federal, porque se trata de abrir brecha en un terreno pedregoso. Los funcionarios del Estado tienen reticencia a reconocer el ilícito de la desaparición forzada, porque implica responsabilidad institucional y es de los crímenes considerados internacionalmente como de extrema gravedad. Por eso existe en la Procuraduría General de la República una terca negativa a investigar los hechos, y una clara intención de dejar que el tiempo pase con la esperanza de que el olvido le resuelva el problema.
No será fácil que se finque responsabilidad a miembros del ejército o de la marina, porque éstos son, en la estrategia calderonista, aliados estratégicos. Por eso es fundamental presionar desde las instancias internacionales y mantener encendida la llama de la denuncia.
La COMED tiene el firme propósito de mantenerse en el tema. No va a renunciar a la verdad, la justicia y la reparación, aunque el tiempo se consuma y parezca que nada se está haciendo.
Será sumamente importante saber qué contesta Gabino Cué, gobernador electo de Oaxaca, al requerimiento de definición de la COMED: apoya a Ulises Ruiz en la no aceptación de la Recomendación de la CNDH o se compromete con el tema y asume la responsabilidad institucional que corresponde.
También será fundamental que la PGR saque el expediente del congelador y haga en serio las indagaciones. Y no por secuestro, que de ninguna forma es el ilícito que en este caso se tipifica.
La sociedad también tiene tarea y es acompañar a la COMED y a los familiares en la búsqueda de elementos para encontrar a los desaparecidos o saber de su suerte. Es sabido que el contacto con el EPR se hace mediante la prensa, de modo que a ésta igualmente corresponde un importante papel.
Y al final, pero no por orden de importancia, toca la COMED mantener actualizada del tema a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su apoyo ha sido invaluable.
Con todo lo anterior, la labor de mediación podrá culminar exitosamente.
23/noviembre/10

Calavera

2010-11-04T05:43:00.000-07:00

LA GUERRA DE CALDERÓN
Josenrique

El espurio se fue al hoyo
la muerte lo levantò.
“Ya basta de tanto rollo
tu estrategia fracasò”

“Beneficias a los ricos
vuelves pobres a millones
haciendo la ley añicos
sobrepueblas los panteones”

“Robaste la Presidencia
al ejèrcito embarcaste.
Asì, por tal indecencia,
mi levantòn te ganaste”

comunicado

2010-09-08T20:38:00.000-07:00

COMUNICADO DE PRENSA
SEGUIMIENTO A
RECOMENDACIÓN 7/2009

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, recibió y dialogó con integrantes de la Comisión de Mediación (Comed) sobre el seguimiento a la recomendación 7/2009.

Plantearon al Ombudsman nacional la urgencia de que las instancias federales atiendan este asunto relacionado con la desaparición en el 2007 de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del llamado Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario.
Los miembros de dicha comisión, que se creó para mediar entre el gobierno federal y dicho partido, valoraron positivamente la recomendación elaborada por la CNDH que dirigió a diversas instancias y niveles de autoridad pero expresaron su preocupación porque todavía no se ha cumplido en todos sus términos.
Convinieron las partes en mantener la comunicación para conocer información que pueda conducir al esclarecimiento de este caso.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reiteró que mantendrá el seguimiento de su recomendación y continuará atenta a la respuesta que den las autoridades.
Al encuentro, que se llevó a cabo en la CNDH, acudieron con la representación de la citada comisión: Juan de Dios Hernández Monge, Jorge Fernández, Enrique González Ruiz, Gilberto López y Rivas, Pablo Romo y Miguel Angel Granados Chapa.

CNDH, ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO www.cndh.org.mx

Articulo

2010-09-03T15:23:00.000-07:00

UNA RECOMENDACIÓN INCUMPLIDA
José Enrique González Ruiz

Si no intervenimos a tiempo –es decir, ya- el ratón de los derechos humanos acabará siendo devorado por el gato de la globalización económica.
José Saramago.

La debilidad de las recomendaciones
Entre los mecanismos legales vigentes en México para tratar de que las autoridades ajusten sus actos a la normatividad relacionada con los Derechos Humanos es el sistema Ombudsman, que encarna en organismos denominados comisiones. Son parte del Estado aunque no del gobierno y la tarea que cumplen no tiene carácter jurisdiccional. Por ello, las determinaciones que emiten no son obligatorias y se denominan recomendaciones.
Una recomendación basa su fuerza en la autoridad moral de quienes representan al Ombudsman y en la solidez de sus argumentos. Como las comisiones gubernamentales de Derechos Humanos son autónomas (es decir, que formalmente no dependen de ninguna otra autoridad), en teoría resuelven con independencia y con apego a la legalidad nacional e internacional sobre el tema. Por ello, debiera procurarse que sus recomendaciones fuesen cumplidas.
Uno de los temas que más se debate cuando se habla del sistema ombudsman es el de la efectividad de sus resoluciones. Porque se sabe que de cientos de quejas que se le presentan, muy pocas terminan en recomendaciones y de éstas muy pocas se cumplen.
Aunque la recomendación no es una sentencia, tampoco es un mero consejo. Como no cuenta con coercitividad, su aplicación en la práctica depende de factores como los siguientes: la situación política del entorno en que se dictan, el prestigio de quien las emite y la actitud del funcionario a quien se dirigen. Con semejantes condicionantes, es fácil entender que muchas veces se conviertan en meras “llamadas a misa” y que sus destinatarios las burlen con gran facilidad.
Cuando se habla de “dotar de dientes” a las comisiones gubernamentales de Derechos Humanos se pretende que, sin convertirlas en sustitutos del Poder Judicial, sí se les confiera facultades legales para sancionar a quienes no aceptan sus recomendaciones. Porque no ha sido positivo hacerlas depender de la buena o mala voluntad de quienes las reciben.
Lo anterior, de por sí indeseable, se agrava cuando se trata de recomendaciones importantes como la que dictó en marzo del 2009 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH en lo sucesivo).
Una recomendación importante
Luego de un largo proceso de indagación, la CNDH produjo la recomendación 7/2009 que tiene características especiales: es la primera determinación oficial que admite que en México se ha cometido el delito de desaparición forzada de persona, considerado como uno de los más reprobables que existen. Este documento está dirigido a los tres órdenes de gobierno: al federal representado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), al gobernador de Oaxaca y al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, capital de la entidad del mismo nombre. Les recomienda en su primera parte:
Realicen las gestiones necesarias para que sean presentados inmediatamente los señores Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo; y en el supuesto de que éstos hayan incurrido en la comisión de alguna conducta antijurídica, sean puestos a disposición de manera inmediata, ante la autoridad competente, a fin de que puedan hacer efectivos sus derechos de defensa previstos en la Constitución General de la República, o en caso contrario y con el mismo carácter se solicita que informen a esta Comisión Nacional la suerte final que corrieron ambas personas.
Las dos personas a las que se refiere la CNDH son los militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (en adelante EPR) que están desaparecidos desde mayo del 2007 y cuyos familiares han formulado denuncias y quejas, entre ellas la que dio origen a la recomendación que se analiza. Lo que el organismo recomienda es:
a) Presentarlos inmediatamente con vida y, en caso de que las autoridades consideren que cometieron algún delito, sean puestos a disposición de la autoridad competente. O sea, que se siga el procedimiento que se sigue en cualquier otro caso de detención de personas, cumpliendo con la garantía del debido proceso legal.
b) “En caso contrario”, o sea de no presentarlos inmediatamente con vida, los destinatarios de la recomendación debieron informar a la Comisión –con la misma premura- “la suerte final que corrieron ambas personas”.
c) Lo anterior incluye la obligación de hacer saber quién los detuvo, por qué los detuvo, dónde los tiene o, si ya no viven, qué fue lo que les ocurrió.
La respuesta del Estado vino del subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SEGOB, Daniel F. Cabeza de Vaca Hernández, quien firmó de la siguiente manera: “En ausencia del C. Secretario y de los CC. Subsecretarios de Gobierno y de Enlace legislativo”. Llama la atención que se haya ubicado en un cuarto nivel, quizá para dejar constancia del rango que las autoridades confieren a la CNDH. Además, negó que esa secretaría pueda recibir recomendaciones “en representación del gobierno federal”, como se la envió la Comisión. Respecto de lo recomendado, dijo el subsecretario:
Se acepta ´para que desde las atribuciones con que cuenta esta Secretaría se realicen las gestiones conducentes ante las instancias competentes y exhortando a las autoridades legalmente obligadas, para que tomen las acciones correspondientes a fin de que sean localizados (subrayado nuestro) los señores Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Edmundo Rivera Bravo y que se proceda conforme a derecho.
Con estilo leguleyo y mediante un texto asexuado (como dicen que son los ángeles), el funcionario dice aceptar la recomendación y comprometió al Estado mexicano a:
1.- Realizar gestiones ante las instancias competentes (no se toma el trabajo de decir cuáles); y
2.- Exhortar a las autoridades legalmente obligadas (también mite precisarlas) a que tomen “las acciones correspondientes” a fin de que sean localizadas las personas mencionadas. Como una especie de Locatel.
Es evidente que no se comprometió a nada concreto y que dolosamente sustituyó el término “presentar” por el de “localizar”, para no utilizar los conceptos relacionados con la desaparición forzada de persona. Siendo éste un crimen de lesa humanidad que cometen agentes del Estado, o particulares actuando con su aquiescencia, su primera y fundamental obligación es presentar (y no localizar, que guarda relación con personas perdidas) a la víctima, por la simple razón de que ellos se la llevaron.
Lo anterior empeora cuando tomamos en cuenta que a más de un año de la recomendación y de su aceptación, ni siquiera se sabe qué gestiones y exhortaciones han hecho, ni qué respuesta dieron sus exhortados. Lo que sí se sabe claramente en que ningún paso serio se ha dado para esclarecer la desaparición de los dos eperristas.
También es significativo que la CNDH no haya hecho público qué tipo de acciones le informó la SEGIB haber realizado, sobre todo porque le recomendó que actuara inmediatamente en el sentido que ya precisamos.
La segunda parte de la recomendación dice:
En virtud de la naturaleza en que se produjeron las violaciones a los derechos fundamentales de los señores Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Edmundo Rivera Bravo, se asuma la responsabilidad correspondiente y se les repare el daño causado; misma reparación del daño que se les deberá hacer extensible a los familiares de las citadas personas, en el caso de que los agraviados ya no se encuentren con vida, debiendo informar a esta Comisión Nacional de los resultados que se obtengan respecto de las acciones que se implementen.
La CNDH no duda de que en este caso se produjeron violaciones a Derechos Humanos, lo cual es congruente con su tesis de que existe desaparición forzada y obligación del Estado de presentar a las víctimas. Ciertamente, admite que pueden haber perdido la vida, cosa que no aceptan los familiares, pero aun en ese supuesto, le incita a asumir la responsabilidad, haciendo frente a sus consecuencias.
Tres son los objetivos que se buscan en este tipo de casos: verdad, justicia y reparación. Es decir, se quiere saber con todo detalle qué fue lo que ocurrió; que los responsables sean llevados a juicio y se les aplique la sanción que corresponde a su crimen; y que los efectos de los daños y perjuicio sean minimizados o compensados. Esto implica que el Estado se haga cargo de las consecuencias de sus actos, castigue con todo rigor a los delincuentes de lesa humanidad y dé paso a la plena reparación que incluye que los gobernantes pidan perdón a la sociedad ofendida.
Respondió el representante del gobierno federal:
Esta Secretaría no está en posibilidad de asumir responsabilidad alguna por las presuntas violaciones a los derechos humanos de (los mencionados)…por ser ajena a los hechos investigados. Luego entonces, es necesario que las autoridades de procuración de justicia esclarezcan los hechos e identifiquen a los responsables si hubiere delito por perseguir; hasta entonces, se estará en posición de definir si hay algún daño y el responsable de repararlo, no obstante esta Secretaría, como parte del estado mexicano, propiciará y coordinará las acciones de reparación del daño a favor de quienes tengan derecho, en cuanto así sea determinado por la autoridad competente.
Mucho le gustan los eufemismos al subsecretario Cabeza de Vaca. Porque aquí se dio el lujo de contestar a nombre de SEGOB, como una simple dependencia del Ejecutivo Federal con facultades acotadas. “Olvidó” que la recomendación le llegó como representante del Estado mexicano y no como parte del gobierno. Pero en la confusión es más sencillo entronizar la arbitrariedad.
Otra trampa fue que el funcionario no habló de desaparición forzada, sino de “presuntas violaciones” a Derechos Humanos, lo cual le permitió la leguleyada de afirmar que mientras la Procuraduría General de la República no tipifique el delito ni determine la responsabilidad del perpetrador, hay que sentarse a esperar. Omitió considerar que en el sistema jurídico mexicano el Titular del Ejecutivo Federal es al mismo tiempo jefe de gobierno (y la SEGOB es una de sus secretarías) y jefe de Estado. Es con éste último carácter con el que la CNDH le dirigió la recomendación y lo hizo por conducto de su brazo político. Juegan a creer que el pueblo de México es ignorante y fácilmente engañable.
Para rematar, Cabeza de Vaca dejó la solución de este asunto para las calendas griegas, pues “propiciará y coordinará” las acciones tendientes a la reparación del daño, cuando lo determine la autoridad competente. Obviamente, nada se ha hecho al respecto.
Lo más relevante es que la CNDH tampoco ha dicho si existe algún término para que se cumpla lo recomendado y aceptado por el funcionario, o si la SEGOB puede seguir administrando el tiempo a su contentillo. Al fin y al cabo que esta clase de asuntos no tiene cabida en la prensa oficializada.
Dice la recomendación en su tercera parte:
Giren sus instrucciones para que a la brevedad posible, se impartan cursos a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de sus respectivos ámbitos de gobierno, para que conozcan y respeten los derechos humanos, debiendo informar a esta Comisión Nacional de los resultados que se obtengan respecto de las acciones que se implemente.
Aunque se trata de una recomendación sumamente general, era de esperar que a esta fecha la CNDH estuviese llena de informes de “las autoridades competentes”. O sea que se hubiese impartido ya una gran cantidad de cursos a funcionarios de todos los niveles y rangos. Su acción benéfica se habría ya notado en la convivencia social.
El subsecretario Cabeza de Vaca aprovechó para alardear:
La Secretaría de Gobernación acepta la recomendación para que en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 27 fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y por las fracciones XVIII y XIX del artículo 5º del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, procure que en el ámbito federal se capacite en materia de derechos humanos a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Además afirmó que en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 se establece, con carácter obligatorio, que las dependencias de la Administración Pública Federal, deben organizar actividades de capacitación permanente de su personal en la materia.
De nuevo la ambigüedad deja paso al arbitrio. Cabeza de Vaca se refugia en la ley y el reglamento, pero no se compromete a cosas específicas. Incluso las autoridades a las que se debe capacitar quedan en la indefinición: las “encargadas de hacer cumplir la ley” (o sea, todas y ninguna). Y claro, no es lo mismo una norma imperativa que otra que sólo dice a la autoridad que “procure” hacer cosas.
Tampoco esta parte de la recomendación ha sido motivo de cuestionamiento de la CNDH a quienes fueron sus destinatarios.
Dice la cuarta:
Instruyan, a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo las acciones para evaluar en forma periódica el perfil de personalidad y los conocimientos en materia de derechos humanos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en sus respectivos ámbitos de gobierno, lo cual permitirá identificar, en su caso, a los servidores públicos que coloquen en grave riesgo a la sociedad e impidan un adecuado ejercicio de la función de procuración de justicia, debiendo informar a esta Comisión Nacional de los resultados que se obtengan respecto de las acciones que se implementen.
Una labor de estas dimensiones, referida al Estado mexicano, se habría visibilizado en los medios de información y sus efectos benéficos se habrían percibido en el actuar de, al menos, las autoridades federales. Por el contrario, lo que vemos en toda la geografía nacional es la persistente conculcación de los Derechos Humanos.
Contestó el gobierno:
Se acepta para que esta Secretaría, en el orden federal, por conducto de sus áreas competentes, promueva que se establezca un mecanismo de evaluación de servidores públicos en procuración de justicia en los términos señalados en la recomendación en cuestión y en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De nuevo, la CNDH ha omitido informar en torno a lo recomendado y aceptado por le SEGOB.
La quinta es de suma relevancia:
Giren instrucciones, a quien corresponda, a fin de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se integre un grupo interdisciplinario de trabajo, conformado por servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, para que de manera permanente y con base en los diversos tratados internacionales que nuestro país ha suscrito ante la comunidad internacional en materia de Derechos Humanos, garanticen a las personas que hechos como los que dieron origen a la presente recomendación, jamás se vuelvan a repetir, realizado lo anterior, se dé cuenta a esta Comisión nacional de las acciones, así como de los resultados alcanzados con motivo de dichos trabajos.
Destacan varias cuestiones:
A.- Se recomienda que los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) integren un grupo de trabajo permanente sobre desaparición forzada. Esto deja ver que estamos ante una responsabilidad de Estado y no sólo de la Secretaría de Gobernación como en algunos párrafos sugiere el subsecretario Cabeza de Vaca.
B.- También se especifica que ese grupo debe hacer lo necesario para que nunca más se repitan las desapariciones en México. Esto va desde propuestas de leyes hasta acciones de información a la sociedad y de capacitación de los funcionarios. Naturalmente que también pasa por el castigo a los culpables de este tipo de crímenes.
C.- Que se tome en cuenta la Jurisprudencia internacional sobre el tema, lo que requiere la armonización de las leyes nacionales y la sensibilización de los juzgadores para que no teman a las reglas que se han originado en el ámbito universal.
De haberse tomado en serio lo anterior, se habría desplegado una intensa actividad gubernamental que abriera la posibilidad de atacar a fondo la práctica de la desaparición forzada. Tampoco aquí ocurrió nada destacable.
Frente a un asunto tan serio, el subsecretario de SEGOB respondió en tono que pareció de burla:
Toda vez que no han sido esclarecidos los hechos por autoridad competente, esta Secretaría acepta la presente recomendación en el sentido de realizar las gestiones necesarias para propiciar su esclarecimiento y sólo a partir del mismo, pueda gestionar la construcción de condiciones para evitar su reiteración. Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría de Gobernación asume su obligación genérica de realizar todos los esfuerzos necesarios para prevenir y sancionar la desaparición forzada.
Frente a lo trascendente de lo recomendado, la respuesta destaca en sentido inverso, porque refuerza la actitud de impunidad que caracteriza a los funcionarios mexicanos. Así:
I.- SEGOB se atribuye el derecho a interpretar la recomendación y quitarle filo, pues la sugerencia de adoptar el marco jurídico internacional en materia de derechos Humanos la toma como realizar gestiones para el “esclarecimiento” de lo sucedido a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Por cierto, ni eso ha cumplido.
2.- Sólo se evitará la repetición de desapariciones forzadas si “la autoridad competente” esclarece los hechos. Mientras tanto, el Estado puede continuar con esa infame práctica.
3.- La construcción de condiciones para que nunca más haya desaparecidos en México, puede esperar.
4.- Eso de “obligación genérica” suena a escarnio.
En cuanto a los gobiernos estatal y municipal de Oaxaca, olímpicamente se negaron a aceptar la recomendación. Afirmaron ser más inocentes que los ángeles.
En la sexta parte de dijo:
En el caso del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Oaxaca se realicen trabajos conjuntos encaminados a fomentar en todos los servidores públicos que tienen bajo su responsabilidad la integración de averiguaciones previas, tanto del fuero de guerra, como del fuero federal y del fuero común, la imperiosa necesidad que tiene la Institución del Ministerio Público de ajustar sus actuaciones estrictamente a los lineamientos establecidos en la legislación penal que regula el orden jurídico mexicano; ello, a través de cursos de capacitación y actualización, lo cual les permitirá actuar en el ejercicio de sus funciones, con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que les exige ese servicio.
Igual que en el punto anterior, el gobierno oaxaqueño se dijo ajeno a problemática alguna relacionada con violaciones a la ley.
Quedó al gobierno federal la tarea de capacitar a sus agentes del Ministerio Público (militares y civiles) en el respeto a los Derechos Humanos. Esto resultó como una llamada a misa en oídos de sordo.
Fué esto lo que contestó SEGOB:
…se acepta la recomendación a efecto de exhortar y promover la instrumentación de los cursos de capacitación y actualización señalados en la propia recomendación en el contexto del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Cabeza de Vaca no ignoraba que en esas fechas estaban planeando proponer reformas a la Constitución para hacer retroceder las garantías contenidas en la Constitución mexicana. Las tareas relacionadas con los Derechos Humanos no estaban (ni están) entre sus prioridades.
La séptima parte recomendó:
Giren sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que en el ámbito de sus respectivas competencias, instruyan a los servidores públicos de sus respectivos ámbitos de gobierno para que proporcionen en forma oportuna y veraz, toda la información y datos solicitados por las instituciones a las que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, debiendo informar a esta Comisión Nacional de los resultados que se obtengan respecto de las acciones que se implemente.
Lo recomendado en esta parte se basó en una afirmación que hizo la CNDH: que la Procuraduría General de la República (PGR) obstaculizó sus labores y negó información útil para el caso.
Aquí de plano se hizo a un lado la SEGOB al responder:
No se acepta esta recomendación, en virtud de que se afectaría el principio de secrecía que rige en la averiguación previa…
Al final, el subsecretario cabeza de vaca desautorizó cuatro recomendaciones dirigidas solamente al gobierno federal, relativas a las averiguaciones que se siguen en la PGR. Su argumento (más parecido a una argucia) fue que la SEGOB no es representante del gobierno federal, ni la PGR parte de la Administración Pública Federal. De ese modo, la parte ministerial de la recomendación fue echada a la basura.
En resumen, siendo la recomendación 7/2009 positiva en términos generales, quedó en el plano de las buenas intenciones de las que se dice está empedrado el camino al infierno. Fue desatendida por el gobierno federal y la CNDH no se preocupó durante más de un año porque se trata de una resolución incumplida.

Articulo

2010-09-03T14:47:00.000-07:00

OBSTÁCULOS PARA LA MEDIACIÓN
José Enrique González Ruiz

En medio de un clima de violencia desaforada, México se estanca en el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad.
Una urgente petición
El 26 de julio pasado, Ejército Popular Revolucionario envió a la Comisión de Mediación (COMED) un documento en el que se refiere a la guerra contra el crimen organizado como “un ardid mediático para ocultar la ofensiva contrainsurgente contra el pueblo”, que pretende instaurar un estado policíaco-militar, que sería una dictadura con rostro civil. En ese marzo ubica la desaparición de sus militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes desde hace tres años se encuentran en calidad de detenidos desaparecidos, y respecto de los cuales no existen indicios firmes que conduzcan a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño.
En un párrafo de particular relevancia, dice el grupo rebelde:
Solicitamos con el debido respeto a la Comisión de Mediación que informe a nuestro pueblo sobre la situación que guarda el caso de nuestros compañeros y las respuestas gubernamentales, porque en el actual marco de la estrategia de contrainsurgencia que está intensificando este gobierno con la criminalización del descontento, la protesta y lucha popular, como lo que dijimos en anterior comunicado, el hilo es muy delgado y el gobierno ilegítimo de Calderón y sus instituciones es el único responsable si se rompe o no en cuanto a la solución que dé a nuestra demanda.
Es visible la premura con la que el EPR trata el asunto, pues denuncia también que se han realizado operativos en todo el país, buscando e intentando capturar a sus integrantes, y que incluso instancias del gobierno han negociado con el crimen organizados para exterminarlos físicamente. Por eso la COMED decidió responder directamente al EPR, señalando las principales dificultades que enfrenta.
Requerimientos para que funciones la Mesa de Negociación
En el mar de violencia que nos rodea, el caso de los dos desaparecidos del EPR se ha invisibilizado en la “gran prensa”. Ante la cifra descomunal de 28 mil muertos en el presente sexenio, la opinión pública poco atiende el caso de dos personas desaparecidas. El hecho de que la desaparición haya ocurrido en Oaxaca, agrega dificultades, pues campea sus fueros la impunidad por los 23 asesinados de 2006 relacionados con el movimiento de la APPO.
Ese clima ha permitido que los diferentes niveles del Estado mexicano (el federal, el estatal y el municipal) hayan podido desentenderse de la responsabilidad que les resulta en el hecho que ocupa a la COMED, desoyendo incluso la voz de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ésta, en su recomendación 7/2009, acepta que estamos ante una desaparición forzada de persona, lo cual tiene implicaciones tanto en el ámbito jurídico interno como en el internacional. Lamentablemente, no se ha cumplido ni en mínima parte. Por ello, en las condiciones actuales es inútil restablecer la mesa formal de negociación con el gobierno federal.
La COMED requiere señales concretas de las autoridades encargadas de investigar el caso. Y las mismas se pueden desprender de la citada recomendación. Mientras eso no ocurra, cualquier reunión tendrá un carácter simbólico y sólo retrasará la solución de fondo.
Las limitaciones y la determinación de la COMED
Como instancia de la sociedad civil, la Comisión de Mediación carece de atribuciones legales para indagar los hechos. Su actuación se ha constreñido a tratar de saber la verdad y a buscar que se sancione a los culpables de la desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Lo prioritario es que sean presentados con vida o que se haga público qué ocurre con ellos.
En el entorno de la desaparición han ocurrido graves acontecimientos, como la muerte de dos comandantes de la policía de Oaxaca y la desaparición de otro, que al parecer intervinieron en aquella. El EPR menciona nombres señala cargos específicos.
Aliada con los familiares de las víctimas, con las organizaciones de la sociedad y con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la COMED seguirá pugnando porque este caso se aclare y porque nunca más se vuelva a cometer la desaparición forzada de personas en México.

2/septiembre/10.

2010-08-29T07:37:00.000-07:00

2010-08-29T07:09:00.000-07:00

2010-08-29T06:39:00.000-07:00

2010-08-29T06:15:00.000-07:00

2010-08-23T22:16:00.000-07:00

A LA OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

El próximo 28 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, en el Grupo Plural San Luis se realizará una sesión dedicada al análisis de la situación de los cinco cubanos presos en cárceles del imperio. Así mismo a las 13:00 hrs de ese mismo día en el antiguo palacio municipal ubicado en plaza de armas de la ciudad capital de San Luís Potosí, se realizará el foro regional en solidaridad con los 5 presos políticos cubanos y a casi 12 años de su injusto encarcelamiento. Es de señalar que próximamente se cumplirá un año más de su injusto encierro, acompañado de medidas de represión que, en ocasiones, han adquirido el rango de tortura.
Consideramos importante luchar por la liberación de estos patriotas cubanos, sobre todo ahora que el gobierno revolucionario ha permitido la salida de colaboradores del gobierno de Estados Unidos que se hacen pasar por presos políticos y que reciben una propaganda desmedida de parte de agencias informativas comprometidas con los intereses dominantes en el globo.
En el evento vespertino participarán, entre otros, un representante de la Embajada de Cuba, Sergio Serrano miembro del Movimiento mexicanos de Solidaridad con esa nación hermana, el Profr. Eduardo Alvarado Isunza, y los abogados José Enrique Gonzalez Ruíz, Dulce Nombre Hernández Correa, Ricardo Sánchez García y Noé Yair López García, esta actividad la auspicia el COLECTIVO CIRYAS.
RAZONES QUE DEFIENDEN LA CAUSA DE LOS CINCO CUBANOS

Según criterios unificados de grupos internacionales de solidaridad en más de 100 países, de varios premios Nobel, de autoridades y personalidades cubanas y de otras naciones, y del bloque de abogados y juristas relacionados con la causa, existen 10 razones que justifican la defensa de los Cinco:

1.- Situaciones y circunstancias urgentes de necesidad vividas por Cuba ante el terrorismo organizado, financiado y ejecutado desde Estados Unidos, con ramificaciones en otros países, determinaron la decisión de esos cinco hombres para cumplir una misión arriesgada en el seno de una mafia anticubana que secretamente ha urdido lo que públicamente proclama sobre planes terroristas contra Cuba. No eran, pues, espías a la caza de secretos bien guardados de la seguridad de Estados Unidos, sino luchadores infiltrados en organizaciones, గ్రుపోస్ y medio ambiente terrorista en Miami.

2.- Esos cinco hombres eran y son patriotas cubanos cuyas profesiones y trayectorias revelan la sólida formación intelectual e integral que poseen: Ramón Labañino, economista; René González, piloto; Fernando González y Gerardo Hernández, licenciados en Relaciones Internacionales; Antonio Guerrero, ingeniero civil de aeropuertos.

3.- Las informaciones brindadas por los cinco sobre las acciones terroristas planificadas desde Estados Unidos (unas 170), sirvieron para neutralizar los planes macabros y evitar la muerte de ciudadanos cubanos y extranjeros inocentes. En el mismo año de su detención (1998), esas informaciones sensibles (grabaciones, fotos, filmaciones, datos diversos) fueron compartidas y puestas en conocimiento del gobierno de Estados Unidos, que falsamente mostró interés ఎం conocerlas para actuar consecuentemente, y envió para ello a ల habana una delegación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). En esa ocasión se comprometió a analizar dichas informaciones y a reciprocar con una respuesta. Sin embargo, la única respuesta que han ofrecido las autoridades norteamericanas, hasta hoy, ha sido el apresamiento de los cinco patriotas.

4.- La misión de los cinco tuvo una connotación mayor que el సింపుల్ acto de monitoreo y de prevención de las acciones de terrorismo, ya que estuvo dirigida también a evitar posibles incidentes que sirvieran de pretexto para una agresión armada de Estados Unidos contra Cuba.
Por lo tanto, la significación más trascendente de sus actos, fue su contribución a la paz entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos.

5.- Después de su detención, los cinco fueron mantenidos en prisión ఎం condiciones de trato cruel e inhumano, incluido el aislamiento absoluto durante meses, sin causa justificada alguna. Se les juzgó en el ambiente hostil de Miami, a pesar de la solicitud interpuesta ante el tribunal para el cambio de sede. En ese hábitat natural de los grupos terroristas, éstos realizaron campañas de propaganda y de movilización contra los cinco Héroes, además de influir sobre la jueza y el jurado.
6.- Los cinco fueron sancionados con penas desmedidas e injustas, a contrapelo del derecho y la moral: Gerardo, a dos cadenas perpetuas más 15 años de privación de libertad; Ramón, a una cadena perpetua; Antonio, una cadena perpetua; Fernando, a 19 años de privación de libertad; René, a 15 años de privación de libertad. El Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que sometió a análisis este caso a solicitud de los familiares, dictaminó que las sanciones aplicadas a los cinco "son arbitrarias e ilegales a la luz del derecho internacional y de Estados Unidos," e instó al gobierno de Estados Unidos a reparar esta injusticia. Para hacer más severo el régimen carcelario, las visitas de sus madres, esposas y
otros familiares han sido restringidas y para hacerlo aún más cruel han negado la posibilidad de la visita a la esposa de Gerardo y a la esposa e hija menor (8 años) de René.

7.- La aplicación interpuesta por los abogados de la defensa ante el Tribunal de Apelaciones del Decimoprimero Circuito de Atlanta, fue atendida por tres jueces designados al efecto, quienes después de cerca de dos años, fallaron a favor de la petición, dictaminaron larealización de un nuevo juicio en otra sede y declararon nulas ల స sanciones impuestas por el tribunal de Miami.
8.- Los cinco esperan -y la humanidad espera- que la honra de ల justicia sea salvada. "Los asuntos que estamos presentando, nos dan en este momento la más grande de nuestras oportunidades para liberar a los Cinco. Este es un momento crítico y es muy importante que las
redes de apoyo estén al tanto e involucradas activamente en el caso",
dijo Leonard Weinglass, abogado estadounidense, jefe del equipo de la defensa.
9.- La causa de los Cinco cuenta con miles de defensores en el mundo, incluyendo los Estados Unidos. Hoy miles de personalidades, organizaciones e instituciones en todas partes participan en una lucha internacional por su liberación. Pocas causas en el mundo concitan actualmente tan activa muestra de solidaridad. Se trata de un fenómeno sui generis -a pesar de tanto silencio de la gran prensa-, en el que se agrupan, en un frente común, desde hombres y mujeres
sencillos de los pueblos de los cinco continentes, hasta galardonados con el Premio Nobel, políticos de variadas ideologías, escritores, juristas, eclesiásticos, artistas y otros profesionales de los diferentes sectores de la sociedad.

10.- Los alegatos de los Cinco ante el tribunal que los juzgó y sancionó injustamente, constituyen cinco piezas oratorias relevantes en que destacan los mejores valores humanísticos de la política, la ideología, la jurisprudencia, la moral, la sociología y la historia de nuestro tiempo. "Nuestros alegatos se fundamentan en la estricta verdad, en la solidez de los principios que abrazamos y en el honor del heroico pueblo cubano", afirmó Antonio.
"Mi país y mi pueblo fueron obligados hace más de treinta años a despertar al peligro y llamados a defender su libertad", dijo Fernando.
"¡Este ha sido un juicio político y, como tal, nosotros somos prisioneros políticos", denunció Ramón.
"La razón y la justicia prevalecerán por encima de los prejuicios políticos y los deseos de venganza", advirtió Gerardo.
"Seguiremos apelando a estos valores y a la vocación por la verdad del pueblo norteamericano con toda la paciencia, la fe y el coraje que nos puede infundir el crimen de ser dignos", declaró René.
La mejor defensa que se puede concebir para reivindicar una actitud y un comportamiento dignos, está en las muchas verdades esgrimidas en sus alegatos. Y hay contundencia en las ideas, válidas para todos los héroes, que en voz de Gerardo alcanzaron resonancia frente al tribunal:

"Su señoría, la Fiscalía considera, y así lo ha pedido, que debo పసర్ el resto de mi vida en una cárcel. Confío en que si no es en éste, en algún otro nivel del sistema, la razón y la justicia prevalecerán por encima de los prejuicios políticos y los deseos de venganza y సే comprenderá que no hemos hecho ningún daño a este país, que merezca semejante condena. Pero si así no fuera, me permitiría repetir las palabras de uno de los más grandes patriotas de esta nación, Nathan Hale, cuando dijo: "Sólo lamento no tener más que una vida para entregar por mi patria".
Esperamos su asistencia y colaboración con esta noble causa.

Atentamente:

EL GRUPO PLURAL SAN LUIS

EL COLECTIVO CIRYAS

San Luís Potosí, S.L.P. agosto del 2010.

2010-06-22T20:57:00.000-07:00

Algunos Mundialazos de Calderón
Josenrique

Aprovechando la borrachera colectiva que vive la humanidad a causa del Mundial de Futbol que se lleva a cabo en Sudáfrica, el gobierno espurio de Felipe calderón nos ha asestado fuertes golpes a las y los mexicanos. He aquí algunos de ellos:
- El consabido aumento de las gasolinas ya forma parte de nuestra cotidianidad. Ni llorar es bueno.
- La sentencia de la Pequeña Corte, que exoneró a Molinar, a Karam y a Bours, por los delitos en la guardería ABC, se produjo después de las presiones ejercidas por el pasante de Diego Fernández de Cevallos, Fernando Gómez Mont. Una más de los impresentables ministros.
- La total desatención a la huelga de hambre del Sindicato Mexicano de Electricistas, aunque Lozano Alarcón sea abucheado en la Organización Internacional del Trabajo. Otro agravio calderoniano que se suma a la interminable lista.
- El cambio de nombre a su guerra contra el narcotráfico. Ahora se llama “lucha por la seguridad de los mexicanos”. Nos augura más muertos y desaparecidos en lo que falta de este sexenio fatídico.
- Traiciones a sus aliados “de izquierda” (los chuchos), para entregar al PRI las gubernaturas estatales. ¡Ah los tontos útiles!
- El ataque artero a los mineros de Cananea, sin importarle la historia de la revolución mexicana. Siguen desafiando la capacidad de aguante de nuestro pueblo.
- La versión de que su visita a Sudáfrica, a ver el partido inaugural del Mundial, fue una cuestión derivada de una gira oficial. Ni la burla perdonan los oligarcas.
- La publicación de su “Iniciativa México”, que es la plataforma de la candidatura de Enrique Peña Nieto. Sigue firme el binomio PRI-PAN, transformado en PRIAN.
- El intento de cerrar al caso de Pasta de Conchos, dejando a los mineros sepultados en el interior de la mina. No cuenta con que los familiares seguirán presionando por justicia para los suyos.
Lo peor es que aún le restan dos años y puede todavía hacer mucho daño.
18/junio/10.

Reflexion

2010-06-09T14:21:00.000-07:00

Libre Francisca: mantengamos la alerta y reforcemos la lucha.
Guillermo Luévano Bustamante
8-VI-10 / SLP

Torpeza y empecinamiento han sido dos de las características del gobernador del Estado frente a los conflictos en materia del trabajo. Es muy probable que no sepa el galeno (que no es un doctor, es un médico cirujano) que algunos de sus antecesores han dejado el cargo prematuramente, obligados por la presión del movimiento sindical en San Luis Potosí. No debiera olvidarlo el sindicalismo potosino tampoco: la potencia de las movilizaciones, la presión política, y sobre todo el respaldo de la fuerza que da la razón, han sido herramientas de lucha fundamentales en la conquista de las demandas de los trabajadores en nuestra entidad.
Saturnino Cedillo, empecinado en favorecer a la clase terrateniente y a la naciente burguesía posrevolucionaria enfrentó, entre otras, dos expresiones del sindicalismo: una huelga de textileros que concluyó con la expropiación y conversión en cooperativa obrera de la fábrica Atlas, gracias a la intervención directa del entonces Presidente, General Lázaro Cárdenas; y una de trabajadores al servicio del Estado, los maestros. Ambos conflictos, entre otros, evidenciaron la nula capacidad de negociación de Cedillo, su intolerancia y su vocación a la derrota. Ambos conflictos, resueltos, por suplencia, desde el centro, exhibieron al gobernador como un inhábil solucionador de problemas locales. (Eso mismo puede pasarle a Toranzo si mantiene su línea política antisindical).
Poco antes había ganado el apoyo del gobierno federal por su desempeño en la contención de la rebelión cristera, se le había permitido un amplio margen de libertades políticas, -libertinaje mejor dicho-, nombraba a todos los funcionarios locales, mantenía armados a mas de 4 000 hombres. De poco le sirvieron sus privilegios cuando se enfrentó al movimiento sindical.
En ambos conflictos los trabajadores salieron a las calles a defender sus derechos. Con valentía y tesón sostuvieron por meses sus luchas, hasta que ganaron.

La liberación de la compañera Francisca Resendiz, ordenada por un juez penal la tarde del 7 de junio de 2010, será registrada como una victoria más del movimiento sindical potosino. Pero no hay que echar campanas al vuelo, por el contrario, es ocasión de propiciar la reflexión crítica. Mantengamos la alerta, que nos sirva como advertencia, Toranzo ya mandó una señal de que no se andará por las ramas, será capaz de encarcelar cuando a su contentillo y según su dicho se violé el Estado de Derecho, aunque sea él quien lo viole ordenando persecuciones y aprehensiones arbitrarias. No debería extrañarnos que ahora que los priistas se sienten con un pie –o, mejor dicho, con una nalga en la silla presidencial- sean capaces de reprimir como en los peores años del siglo XX. Han vuelto, o mejor dicho, nunca se fueron del todo, esas prácticas autoritarias.
Celebremos la salida de la valiente y admirable compañera Francisca Resendiz, pero mantengamos la alerta y reforcemos la demanda de reinstalación de los 12 compañeros del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado. Ni un paso atrás… en la historia de represiones y autoritarismo, ni un paso atrás en la conquista de los derechos sociales.

Articulo

2010-06-09T13:22:00.000-07:00

LA CARCEL NO
Patricio Rubio Ortiz*

Los potosinos acabamos de presenciar acontecimientos que parecen delinear el perfil político del actual gobierno local y que sirven para entender el rumbo en el que algunos quieren dirigir nuestra democracia.
Hace unos días fue detenida Francisca Reséndiz Lara, líder del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado, acusada entre otras cosas del delito de motín. Al momento de escribir estas líneas Francisca todavía está en prisión.
Desde hace varias semanas ella encabeza una protesta respecto a lo que considera despidos injustificados de algunos compañeros suyos por parte del Gobierno del Estado. Su plantón ha ido y venido de la Plaza de Armas en repetidas ocasiones pero ella ha permanecido en defensa de los que la siguen. El Gobierno también ha sostenido su postura de no incorporar a los trabajadores separados. En política la diferencia entre la terquedad y la tenacidad es el éxito. Y como cualquiera de nosotros ha podido apreciar, hasta el momento ninguna de las dos partes ha logrado salirse con la suya cabalmente.
Hasta aquí, nada nuevo. Lo que me interesa señalar es la importancia que su encarcelamiento tiene para definir el rostro político del actual gobierno y para conocer el estado de salud que guarda el régimen democrático del estado.
La opinión de muchos abogados es que el cargo de motín que se le imputa y que la mantiene privada de su libertad es cuando menos una alucinación jurídica. La comparto. Como también comparto el parecer de quienes consideran que el gobierno está haciendo una indebida utilización de los mecanismos e instituciones de procuración de justicia en perjuicio de Francisca. Pareciera que no desea honrar el derecho sino darle un escarmiento. No aplicar la ley, sino darle unas nalgadas.
Me detengo un poco. La democracia es hija del pluralismo político. La diferencia es constitutiva de las sociedades modernas. Aunque no nos guste. La diversidad de formas de explicarse la realidad y actuar en el mundo no es algo de lo que podamos deshacernos si queremos ser reconocidos como demócratas. Se ha dicho antes: tolerar al que cree en las mismas cosas y valores que nosotros no tiene chiste. Eso es indiferencia o espíritu de cuerpo, pero la tolerancia es algo distinto. Exige nuestro compromiso para admitir el derecho del otro para expresarse y actuar de forma diferente a lo que nosotros consideramos adecuado. Aún a costa de nuestra salud gástrica. Considero que el encarcelamiento de Francisca demuestra que el gobierno no está honrando estos principios.

Puedo entender que Francisca Reséndiz –a quien no conozco personalmente– moleste al gobierno con sus actitudes. También puedo entender que la terquedad de Francisca contribuya a la irritación de algunos funcionarios y lo mismo puede decirse del enojo que provocó cuando se tuvo que modificar la ruta de la Procesión del Silencio, o simplemente de la molestia de los transeúntes de la Plaza de Armas. También creo que su movilización ha sido incapaz de sumar adhesiones importantes y que hasta el momento de su detención –la última de ellas– había fracasado como movimiento social. No mostró capacidad de innovación en sus repertorios de acción pública ni logró que los simpatizantes se conviertan en participantes ni los espectadores en simpatizantes. Me parece que su protesta no ha podido relacionarse adecuadamente con la sociedad para explicarle sus demandas y que a lo largo de las semanas se cometió una ristra de errores tácticos que eventualmente habría conducido al movimiento a la inanición, etc., etc. Pero una vez que Francisca ingresó a la cárcel el juego cambió.
Ya no se trata de las nada populares reivindicaciones de mantener la obesidad burocrática, tampoco de la falta de imaginación para la adquisición de solidaridades, ni de la falta de disposición a la negociación por parte del gobierno. En mi opinión de lo que se trata es de cómo vamos a resolver nuestras diferencias. ¿Cómo nos vamos a relacionar con el que nos parece una molestia? ¿Cómo vamos a pactar con el disenso? Si vamos a ser capaces, el gobierno y la sociedad, de procesar nuestros diferendos por una vía –la democrática, claro está– que renuncie al autoritarismo y al uso caprichoso de la norma legal.
Personalmente creo que la sentencia definitiva del asunto laboral debe ser acatada por ambas partes y posteriormente dejar que la sociedad juzgue si el gobierno hizo bien o no en su decisión de no re contratar a los trabajadores. Lo último, en las elecciones, que para eso están. Pero también creo que mientras eso ocurre Francisca debe salir de prisión y seguir ejerciendo su sacrosanto derecho a molestar y a equivocarse.
Es deber de las personas libres defender la libertad de los otros. Nadie puede gozar plenamente de la propia libertad sabiendo que hay alguien que no puede hacerlo debido a una injusticia. El encarcelamiento de Francisca, como el de cualquiera bajo las mismas circunstancias, es un asunto que tiene que ver con cada uno de nosotros porque da en el corazón del régimen político. Enseña que una persona puede ser excluida del espacio público de forma arbitraria. En una palabra, demuestra que los antipáticos pueden ir a la cárcel en este gobierno sin mayor trámite. Y eso, hay que admitirlo, nos pega a muchos. Anuncia la degradación de la política en nuestro estado; resta credibilidad a las instituciones encargadas de procurar justicia; ratifica nuestra incapacidad para construir acuerdos, nuestra invalidez para el entendimiento y nuestro febril compromiso con la intolerancia.
Corrijan. No se empecinen. Las sociedades no entienden con coscorrones. Esa es la nostalgia autoritaria. Hay muchas maneras que la pedagogía democrática enseña para la transformación de las sociedades. La cárcel no es una de ellas.

*Patricio Rubio Ortiz es profesor investigador del Programa de Estudios Políticos e Internacionales de El Colegio de San Luis.
* Se autoriza la divulgación del artículo para medios de comunicación y redes sociales.
El Colegio de San Luis A.C. Parque de Macul No. 155 Fracc. Colinas del Parque. San Luis Potosí, S.L.P., México CP 78299Tel. 01 444 811 01 01 ext. 6123

2010-06-08T12:23:00.000-07:00

Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE)
BOLETIN DE PRENSA
Martes 8 de junio, 2010

Resintiéndose aún de un esguince cervical, la dirigente del SITTGE, Francisca Reséndiz Lara, se presentó hoy en silla de ruedas para dar una conferencia de prensa donde informó que volverá a entrar a Palacio de Gobierno “porque es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, es un edificio público y yo seguiré pidiendo una audiencia con el gobernador”.
A menos de 24 horas de haber salido del penal de La Pila, donde permaneció por espacio de seis días sin que el juez le fincara ningún delito, acusó que hay funcionarios en el gabinete del gobernador que se han “ensoberbecido” de poder “subidos a un banquito”.
Pero lo peor –agregó– es que el gobernador en vez de atemperar esas actitudes autoritarias y prepotentes parece que las “alienta”.
Dijo que en el pasado los potosinos tuvimos gobernadores que hacían un contrapeso a los excesos de algunos funcionarios, lo cual parece no ocurrir ahora.
Informó que presentará una demanda civil por “daño moral” y para “reparación del daño” contra el gobernador Fernando Toranzo Fernández, debido a que éste, abusando de su poder, le dio un trato de criminal, cuando lo que hace ella es desempeñar a cabalidad su función de representante sindical.
“El gobernador hizo escarnio de mi persona, dándome trato de delincuente, cuando la autoridad no había dado ningún veredicto”, y añadió “no robé, no maté, sólo hice mi trabajo de representación sindical, mi deber es defender a los trabajadores, pero parece que para este gobierno eso es un crimen”.
También refirió que interpondrá demandas contra las y los policías que la maltrataron, ya que “abusaron de su autoridad”, algunas de las agentes agresoras fueron citadas en dos ocasiones en el juzgado penal donde se le procesaba, pero no acudieron.
Por otro lado, se quejó de vejaciones que sufrió tanto en las celdas de la Policía Ministerial como de falta de atenciones médicas en el penal, sin que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tuviera una adecuada intervención.
Dió a conocer que en las prisiones provisionales de la Policía Ministerial y de la Dirección General de Seguridad Pública (DGSPE) se obliga a las detenidas a desnudarse y que eso se pretendió hacer con ella, pero que no lo permitió.
Lamentó la represión que practica este gobierno al criminalizar la protesta social mientras por otro lado se le observa un desempeño ineficiente, en este contexto criticó que ahora se quieren instalar televisiones en las oficinas públicas para que los empleados vean el mundial de futbol, mientras se desatiende a la ciudadanía.
Reconoció que existe temor en ella y sus compañeras en protesta de ser nuevamente agredidas, pero aseguró que eso no las detendrá para seguir exigiendo el respeto a sus derechos laborales.
En este punto documentó que el gobierno del estado disfraza de diferentes maneras la contratación de personal, en tramposos intentos de escamotear los derechos de los empleados, pero, aseguró “sean trabajadores por outsourcing, por honorarios, o por contrato”, tendrán la protección y la defensa del sindicato.

Noe Yaír López García
Abogado
444 171 49 75

Jacobo Vázquez Pérez
Comunicación
444 2 35 23 87

articulo

2010-06-04T06:34:00.000-07:00

Grave agresión contra afiliados al SITTGE

José Enrique González Ruiz

Los derechos no se mendigan;
se ganan con la lucha.

Un conflicto inesperado
En teoría, los gobiernos panistas son más reaccionarios que los del PRI, pues su ideología es contraria a los derechos colectivos y a la asociación profesional de los trabajadores. No es gratuito que los diputados federales de Acción Nacional hayan propuesto recientemente que se legisle para forzar a los sindicatos a rendir cuentas al gobierno acerca del manejo de su patrimonio interno. En cambio, el PRI tiene antecedentes de liberalismo (recuérdese la obra de Jesús Reyes Heroles sobre el tema) y, en el discurso, se dice preocupado por las causas sociales. El artículo 123 constitucional, la Ley federal del Trabajo y el resto de la legislación laboral fueron, en otros tiempos, presentados como timbres de orgullo del priismo.
Por eso, a la salida de Marcelo de los Santos de la gubernatura potosina, hubo quienes creyeron que habría alguna mejoría en el tratamiento de los temas laborales. De hecho, el electorado no votó por Fernando Toranzo, sino en contra de las ruinosas políticas panistas. Prefirió el original a las malas copias. Las expectativas crecieron al considerar los antecedentes navistas del nuevo titular del Ejecutivo.
Pero del discurso a la prácticas a veces hay un abismo y resultó que la nueva administración gubernamental se conflictuó rápidamente con los sectores independientes y con todos aquellos que no comulgan con las ruedas del molino priista. Un ejemplo es la huelga de hambre de Pedro Rebolloso, a quien el Secretario de Gobierno exigió el padrón de afiliados a su organización, incluyendo toda suerte de datos personales y de localización. Igual que hacían los regímenes nazis y fascistas del tipo de que encabezó Francisco Franco en España.
También al SITTGE le tocó enfrentar la prepotencia y la agresividad del gobierno de Toranzo, representado en lo político por Guadalupe Durón Santillán. En un escenario totalmente fuera de lo previsto.
El SITTGE se encontró con la novedad de que la administración de Toranzo despidió a algunos de sus afiliados y se negó a cumplir compromisos laborales firmados por las anteriores autoridades. En cambio no molestó a los sindicatos oficialistas (que lo mismo apoyan al PRI que al PAN).
Acostumbrados a resistir ante las autoridades del patrón gobierno, los dirigentes del SITTGE plantearon de inmediato la demanda de reinstalación de los corridos y el cumplimiento de lo pactado. No puede admitirse que actos de gobierno sean desconocidos por un cambio de titulares en las dependencias administrativas.
El forcejeo comenzó cuando el Secretario de Gobierno intentó someter a gritos y manasos sobre la mesa a la directiva al sindicato independiente. Perdió de vista que no hablaba con los líderes sumisos y abyectos de otros organismos sociales. Con actitud de patrón y cargado de soberbia, Durón Santillán hizo crecer un conflicto que pudo haber encontrado rápidos causes de solución. Al estilo de Díaz Ordaz, el genocida del 68, hizo valer el “principio de autoridad”, que es la base de la arbitrariedad y el capricho como métodos de gobierno.
Fiel en su Historia de lucha, el SITTGE estableció un plantón frente a Palacio de Gobierno, para presionar con bases constitucionales al encargado de la política interna del gobierno. No con demandas ilegítimas, sino con actos jurídicamente fundados y en busca de justicia laboral.
En lugar de aventar gasolina a las llamas, el Titular del Ejecutivo Estatal (quien presume que al igual que Calderón “es de mecha corta”, o sea que estalla en poco tiempo), debió percatarse de que un asunto laboral no debe ser tratado como si fuera de seguridad Nacional. Pero Toranzo optó por profundizar la confrontación y por lanzar acusaciones de corrupción contra Francisco Reséndiz Lara, la Secretaria General del SITTGE. Obviamente sin las correspondientes pruebas en la mano. Hubo entonces que instalar un segundo plantón frente a la casa de Gobierno, pues el Ejecutivo se hizo parte en el conflicto creado por Durón Santillán. Ya ni decir que la prensa vendida se prestó a difamar al líder del SITTGE.
Contra todos los pronósticos los plantones se mantuvieron en fechas de alto simbolismo: La navidad, el año nuevo y la semana santa. Y el desgaste continúa.

AGRESIONES Y AMENAZAS
Haciendo a un lado la ética, Durón Santillán ordenó a sus guardaespaldas que agredieran a Francisco Reséndiz y a otras tres integrantes del SITTGE. Les dijo a grito pelado; “Quítenme esas viejas”. Éstas (que no son dignas y respetables damas) lo único que le reclamaban era una audiencia para tratar el asunto de fondo. Al inicio, el tema fue sólo laboral, pero Durón Santillán lo politizó.
Las mujeres golpeadas acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que se mueve al paso de una tortuga reumática. También presentaron denuncia penal por los delitos que resulten, sin que la rueda del a justicia se mueva.
Las amenazas menudean desde el principio desde el desalojo con violencia hasta el encarcelamiento por “delitos” que no existen. Aquellos que como el Licenciado Víctor Gallardo apoyan sin condiciones esta lucha, también son motivo de amedrentamiento. Se dice que Fernando Toranzo aseguró “tener medicina para locos”. Si en verdad es capaz de producir frases como ésta, su peligrosidad es mucha.
Pero está demostrado que los trabajadores y trabajadoras del SIITGE no son de las que corren cuando el de enfrente se pone violento. Con medios pacíficos y legales, han salido avante de situaciones como los que hoy viven.

La “Solución” de Toranzo
La medicina que Toranzo decía tener es tan vieja como la historia del ejercicio arbitrario del poder: la represión. Ordenó que se encarcelara a Francisca Reséndiz, por el delito de “motín”, que es eminentemente político. Sabe que no hay razones legales para detenerla, pero aprovecha que tiene en sus manos el aparato estatal.

Los funcionarios deben aprender que escuchar quiere decir atender los argumentos de la otra parte. Descalificar por medio de la prensa corrupta y esparcir rumores amenazantes es propio de políticos que no saben dialogar. Inventar cargos a una persona para “derrotarla”, es una acción innoble e indigna.
En las demandas del SITTGE no hay absolutamente nada de qué avergonzarse. Son públicas y han sido puestas siempre sobre la mesa. Hay que analizarlas y resolverlas sin prejuicios y sin ánimo represivo.
El SITTGE tiene la razón y tiene la protección de la Constitución y de la ley. Así debe entenderlo el gobierno y encontrar cauces de solución que no impliquen la fuerza bruta carente de sustentación ética. Lo primero es liberar incondicionalmente a Francis.

articulo

2010-06-02T21:02:00.000-07:00

LAS RAZONES DEL ENCARCELAMIENTO DE FRANCIS
Josè Enrique González Ruiz

No hay vuelta de hoja: los gobiernos priistas son corruptos y represivos. Asì lo demuestra el encarcelamiento de Francisca Resèndiz Lara por parte de Fernando Toranzo, imputándole entre otros el delito de motìn, con el fin de que no pueda obtener la libertad bajo fianza. El poder se ensaña con una sindicalista independiente, que no ha hecho màs que defender a los agremiados de la organizaciòn que preside. En vez de perseguir y castigar a los delincuentes, Toranzo fabrica delitos a quienes no se someten a sus dictados.
El PRI se decìa heredero de la Revolución Mexicana que está por cumplir cien años el pròximo 20 de noviembre. Entre sus más publicitados logros presumía el artículo 123 de la Constitución, que reconoce los derechos de la clase trabajadora, entre ellos el fundamental de constituir organizaciones para la defensa de sus intereses. Pero cambiò de piel con la llegada del neoliberalismoy ahora reprime abiertamente a los trabajadores. Las leyes laborales estorban a quienes nos malgobiernan, porque los empresarios (titulares de los poderes fácticos), las combaten con rigor.
La verdad es que el PRI nunca respetço la organizaciòn independiente de los asalariados, pues los corporativizò mediante instancias como la CTM, la CROC y la CROM. Todo lo que dio a los obreros, lo cobrò en moneda electoral, o sea con votos para sus candidatos. Y cuando alguno se le salía del control echó mano de la violencia para aplastarlo.
El sindicalismo independiente y democràtico siempre ha sido veneno para el priismo, pues es contrario a los cimientos de su poder. Una cosa es hablar de democracia y de toma de decisiones de manera autònoma, y otra muy distinta permitirlos en realidad. Esto se ha vuelto más evidente en esta fase neoliberal de capitalismo salvaje.
Francis, como la conocemos sus amigos, es una mujer indomable. Comenzó su lucha sindical al interior del sindicato oficial de gobierno del Estado (SUTSGE), intentando formar una corriente democràtica. Cuando apareciò la jurisprudencia de la Corte que acabò con los sindicatos ùnicos, optó por conformar una asociaciòn profesional independiente, que despuès de muchos avatares culminó como SITTGE. Nadie regaló nada a los trabajadores; nadie tiene derecho a creer que puede manejarlos como hacen con los sindicatos charros.
La Procuradurìa General de Justicia del Estado, a cargo de Cándido Ochoa Rojas armó una averiguación previa cargada de mentiras. Sus "pruebas" no resiste el menor examen jurídico, pero los jueces a modo muy probablemente las validen. En San Luis Potosí, como en el resto de México, la autonomía técnica de la Procuraduría y la independencia del Poder Judicial siguen siendo quimeras. Ese mismo funcionario habia dicho en un artículo referente al proceso electoral del 2009, que su dependencia està "atenta en preservar el orden público, proteger la integridad física, los derechos de los ciudadanos y consolidar el Estado de Derecho en la entidad..." (FEPADEDIFUNDE, número 18, pág. 89). Suena a burla semejante discurso.
¿Por què Toranzo trata a Francis como su principal enemiga? ¿Pone en riesgo su permanencia en el cargo? ¿Realiza tareas de socavamiento de su autoridad? Nada de eso; simplemente la odia porque representa los valores que él quisiera tener: honestidad, integridad y fortaleza de sus convicciones.
El encarcelamiento de Francis es una monstruosa injsticia. Toranzo no podrá mantenerla por mucho tiempo privada de su libertad. Y ya quedó en la historia potosina como el enemigo de los trabajadores independientes y el gobernane incapaz de entender que aún hay leyes en México que protegen a los asalariados.
La parte más sensible de la sociedad potosina está en lucha por la libertad de Francis y por la exigencia de atención a las demandas del SITTGE. El combate es entre el Derecho y el autoritarismo del PRI-gobierno.
Es deseable que triunfen la razón y la justicia penal y laboral.

3 de junio del 2010.

Invitación

2010-05-21T16:25:00.000-07:00

UNA GUERRA CADA VEZ MÁS SUCIA
José Enrique González Ruiz

¿Cuántos caminos ha de transitar un hombre
para que lo consideren hombre?
¿Cuántos años debe una persona existir
para terminar siendo libre?
La respuesta, mi amigo, está en el viento.
Bob Dylan.

Los postergados Derechos humanos
Para los gobiernos neoliberales, el tema de los Derechos Humanos es de coyuntura: se ocupan de ellos únicamente cuando son exigidos por instancias del exterior, como los bancos supranacionales o los bloques económicos. Así, el tema estuvo de moda en México cuando se estaban firmando tratados de libre comercio que exigían ciertos compromisos de esta índole. Todos sabemos que la Unión Europea incluye una “Carta Democrática” en sus instrumentos jurídicos de corte comercial.
Pero la cuestión más acuciante para quienes ejercen el poder en nuestro país es hoy la de seguridad. La población está siendo atemorizada (y quizá hasta aterrorizada) por las abundantes noticias de asesinatos, masacres, secuestros y todo tipo de violencia sobre las personas y los bienes. Una somera revisión de los periódicos y de los noticiarios de radio y televisión nos dejará en claro que la nota roja ha pasado a ser la principal.
El actual régimen (que se instaló mediante lo que millones de mexicanos consideramos un fraude electoral) hizo de la “guerra contra el crimen organizado” su actividad primordial y su medio de legitimación. Para ello, echó mano del ejército y le encomendó tareas de seguridad pública que evidentemente rebasan los linderos constitucionales. El artículo 13 de la Carta Magna limita nítidamente el fuero castrense a los actos relacionados con la disciplina militar. Pero en los hechos, hemos visto cómo los elementos militares extienden su accionar a la casi totalidad de la vida política de la nación.
Lo anterior explica por que los Derechos Humanos no reciben ni la atención declarativa que tuvieron en el sexenio anterior. En esta etapa son vistos más como un estorbo que como un elemento indispensable para ha democracia.
Los soldados no aceptan limitaciones
La formación militar hace a la gente obediente y no deliberante. En la milicia, las órdenes no se discuten, simplemente se cumplen…aunque sean aberrantes y contrarias a las reglas fundamentales de la convivencia humana. El desacato al mandato de un superior constituye un delito del fuero militar. Por ello, cuando un soldado es acusado de violar los Derechos Humanos, recurre al argumento de “la obediencia debida”.
Más aún: cuando se involucra al ejército y a otras fueras armadas del Estado en el combate a la delincuencia organizada y al “terrorismo”, se le hace ver que es el último bastión “del Estado de Derecho”, “el último reducto de la legalidad”. Por ello, cuando acciona en esta dirección, demanda que se le asegure la impunidad. Nadie se movería fuera de la órbita de los Derechos Humanos sin estar seguro de que jamás será castigado.
Pero el ejército sabe que una guerra fuera de los marcos de la ley es una guerra sucia. Por eso, el secretario de la Defensa nacional, general Galván Galván, demandó que se dicte una Ley de Seguridad Nacional que les autorice a hacer lo que están haciendo fuera de las normas jurídicas vigentes. Concretamente demandó a los legisladores las siguientes facultades:
- Uno: potestad para realizar cateos en persecuciones en flagrancia.
-- Dos: poder para detener durante 24 horas a los presuntos miembros del crimen organizado, es decir retener a supuestos delincuentes para someterlos a interrogatorios durante todo un día.
-- Tres: Contar con la potestad de tomar las huellas dactilares de quienes dependa.
-- Cuatro: Intervenir las comunicaciones
-- Cinco: Potestad para rastrear o hackear páginas de internet.
-- Seis: Cancelar espectáculos públicos.
-- Siete: Poder intervenir para disolver concentraciones de vehículos como los ocurridos recientemente en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, y donde presuntos narcotraficantes bloquearon calles céntricas de diversas ciudades para impedir el paso de las policías.
Ocho.- Que el Ejército pueda declarar “zonas de excepción”, es decir establecer lo que se conoce como toque de queda, donde ningún ciudadano puede estar en las calles a determinada hora y, en caso de ser sorprendido, pueda ser detenido.
Y nueve.- “Eximir a las fuerzas militares de responsabilidad de sus actos, salvo que se les acrediten conductas intencionadas.” (Agencia APRO, 16 de abril del 2010).
Cuando algunos legisladores intentaron poner ciertos límites a esta demanda, los castrenses se molestaron y el tema se empantanó en el Congreso.
Los norteamericanos nos dan trato de Protectorado
Vino a México la secretaria norteamericana de Estado Hilary Clinton, acompañada de los integrantes del gabinete de seguridad. Trajo indicaciones precisas para el equipo calderonista. Esto es posible, porque el actual ocupante de Los Pinos suscribió la Iniciativa Mérida, versión mexicana del Plan Colombia por el cual Estados Unidos tiene más de una docena de bases militares en territorio colombiano.
Por ello, no es extraño que el subsecretario de estado para asuntos de Narcotráfico Internacional. David Johnson, se haya sentido con derecho para declarar que la justicia militar en México “debe transparentarse”. Anunció que se instalará una ofician en la ciudad de México “para administrar la mencionada iniciativa (Mérida) donde mexicanos y estadounidenses trabajarán lado a lado” (La Jornada, 19 de mayo del 2010, página 7).
Cada que es aprehendido algún capo de la droga, los norteamericanos presumen que es gracias a su “inteligencia”. Todo mundo sabe que en nuestro territorio opera la DEA. Y ahora van a decirnos cómo rehacer el sistema judicial. Todo apunta a un protectorado.
La guerra es más sucia que nunca
No existe en el gobierno actual el menor rasgo de corrección del rumbo. Todo indica que continuará la aplicación de medidas contrarias a la ley y que los Derechos Humanos tendrán que esperar mejores tiempos.
Con ello, se exacerba la confrontación interna. ¿Será esto lo que busca la casta en el poder?
19/mayo/2010.

2010-04-03T19:43:00.000-07:00

Sr. Director del Periódico “El Heraldo”.
P r e s e n t e.

La edición de hoy de “El Heraldo” publica un comentario a lo ocurrido en viernes santo, cuando se mantuvo el plantón del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE), en la columna “ Cosas de la ciudad” señalando en su párrafo séptimo lo siguiente (página A4).
“ REPUDIO.- Los ciudadanos potosinos y cientos de visitantes mostraron su repudio a la posición de los manifestantes para impedir el paso a la procesión del silencio frente a palacio de gobierno que por años y años se ha venido realizando. Los quejosos indicaron que no es así como se da la solución a los problemas y que existen otros medios por lo que repudiaron que una hermosa tradición como lo es la procesión silente, pretendiera ser opacada por unos cuantos individuos sin escrúpulos y carentes de amor a Dios lo que no lograron porque de todos modos se llevó a cabo de ante la presencia de miles y miles de creyentes”.
Queremos precisar a la opinión pública lo siguiente:
1.- La lucha de los trabajadores por el respeto a sus derechos tiene apoyo en lo dispuesto por el artículo 123 constitucional y por las leyes que de él emanan, que son conquistas históricas del pueblo mexicano.
2.- El plantón del SITTGE se estableció desde hace dos meses y se prolonga hasta hoy (incluyendo la semana mayor), porque los funcionarios gubernamentales no atienden los reclamos de reinstalar a 12 despedidos.
3.- Francisca Reséndiz Lara sólo cumple su tarea de defender a los trabajadores y trabajadoras afiliadas al SITTGE.
Le solicitamos que se dé un trato objetivo a este problema, acorde con las leyes que rigen nuestro Estado Laico.

A sus apreciables órdenes:
Los asesores legales:
José Enrique González Ruiz y Noé Yair López García.
San Luís Potosí, S.L.P. 03 de abril del 2010.

SLH

2010-04-03T19:36:00.000-07:00

Sr. Director del Periódico “San Luis Hoy”.
P r e s e n t e.
La edición de hoy de “San Luis Hoy” publica un comentario a lo ocurrido en viernes santo, cuando se mantuvo el plantón del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE), señalando que por primera vez en 57 años se desvió la procesión del silencio debido a la negativa del sindicato “a retirar el plantón que mantiene frente al Palacio de Gobierno” (página 2).
Asimismo, en la columna “bitácora”, se afirma:
“… ¿ Pero que se podría esperar de un minúsculo grupo de burocràtas?, ¿ que pensaràn en la buena imagen de la ciudad? ¿Qué tomaran en cuenta a los turistas provenientes de otras partes del país y hasta de otros países y que ya habían pagado un lugar para ser testigo del tradicional evento?
Sería pagarles demasiado a este tipo de personas para quienes lo único que importa son ellos mismos y sus demandas?
Queremos precisar a la opinión pública lo siguiente:
1.- La lucha de los trabajadores por el respeto a sus derechos tiene apoyo en lo dispuesto por el artículo 123 constitucional y por las leyes que de él emanan, que son conquistas históricas del pueblo mexicano.
2.- El plantón del SITTGE se estableció desde hace dos meses y se prolonga hasta hoy (incluyendo la semana mayor), porque los funcionarios gubernamentales no atienden los reclamos de reinstalar a 12 despedidos.
3.- “Tradiciones Potosinas” no es adversario del SITTGE. Se le escuchó con respeto y valoramos que no se haya prestado a la presión del gobierno para exigir el desalojo del plantón.
4.- Francisca Reséndiz Lara sólo cumple su tarea de defender a los trabajadores y trabajadoras afiliadas al SITTGE.
Le solicitamos que se dé un trato objetivo a este problema, acorde con las leyes que rigen nuestro Estado Laico.

A sus apreciables órdenes:
Los asesores legales:
José Enrique González Ruiz y Noé Yair López García.
San Luís Potosí, S.L.P. 03 de abril del 2010.

Pulso

2010-04-03T19:31:00.000-07:00

Sr. Director del Periódico “Pulso”.
P r e s e n t e.
La edición de hoy de “Pulso” publica un comentario a lo ocurrido en viernes santo, cuando se mantuvo el plantón del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE), señalando que por primera vez en 57 años se desvió la procesión del silencio debido a la negativa del sindicato “a retirar el plantón que mantiene frente al Palacio de Gobierno” (página 1).
Asimismo, en la columna “De todos”, se afirma:
“… el sindicato llevó al extremo su chantaje, en el que tomó de rehén a la procesión a fin de reforzar su postura frente al gobierno de Fernando Toranzo Fernandez”.
Tres párrafos adelante dice:
“ Desde luego que el sabotaje del que es quizá el más emblemático de los atractivos turísticos de la capital es responsabilidad del SITTGE”.
Queremos precisar a la opinión pública lo siguiente:
1.- La lucha de los trabajadores por el respeto a sus derechos tiene apoyo en lo dispuesto por el artículo 123 constitucional y por las leyes que de él emanan, que son conquistas históricas del pueblo mexicano.
2.- El plantón del SITTGE se estableció desde hace dos meses y se prolonga hasta hoy (incluyendo la semana mayor), porque los funcionarios gubernamentales no atienden los reclamos de reinstalar a 12 despedidos.
3.- “Tradiciones Potosinas” no es adversario del SITTGE. Se le escuchó con respeto y valoramos que no se haya prestado a la presión del gobierno para exigir el desalojo del plantón.
4.- Los términos “sabotaje” y “chantaje” tienen connotaciones descalificatorias y difunden una idea de ilegalidad. No los aceptamos en lo más mínimo.
5.- Francisca Reséndiz Lara sólo cumple su tarea de defender a los trabajadores y trabajadoras afiliadas al SITTGE.
Le solicitamos que se dé un trato objetivo a este problema, acorde con las leyes que rigen nuestro Estado Laico.

A sus apreciables órdenes:
Los asesores legales:
José Enrique González Ruiz y Noé Yair López García.
San Luís Potosí, S.L.P. 03 de abril del 2010.

SITTGE

2010-03-30T16:06:00.001-07:00

Carta

2010-03-26T11:05:00.000-07:00

felipe.calderon@presidencia.gob.mx, secretario@segob.gob.mx, jguevara@segob.gob.mx, juansabines@chiapas.gob.mx, raciel.lopez@pgje.chiapas.gob.mx, frnrojas@congreso.gob.mx, cdh@cdh-chiapas.org.mx, gustavo.madero@senado.gob.mx, InfoDesk@ohchr.org, civilsocietyunit@ohchr.org, oacnudh@ohchr.org, cidhoea@oas.org, denuncias.limeddh@gmail.com

Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa Lic. Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta
Titular del Ejecutivo Federal. Secretario de Gobernación
Dr. José Antonio Guevara Bermúdez Lic. Juan José Sabines Guerrero
Unidad para la promoción y defensa Gobernador del Estado de Chiapas
de los Derechos హుమనోస్
Lic. Raciel López Salazar Lic. Juan Carlos Moreno Guillen
Procurador General de Justicia Presidente de la Comisión de los Derechos del Estado de Chiapas Humanos del Estado de Chiapas
Alberto Brunori
Representante en México de la OACNUDH.
Sen Gustavo Enrique Madero Muñoz Dip. Francisco José Rojas Gutiérrez.
Presidente de la Junta de Coordinación Presidente de la Junta de Coordinación
Politíca de la Cámara de Senadores Politíca de la Camará de Diputados.
Santiago Cantón Navanethem Pillay
Secretario Ejecutivo de la CIDH Alta Comisionado de la ONU

Señores,
A través del presente queremos manifestar నుఎస్త్ర preocupación ante la Detención arbitraria de Manuel DÌAZ HEREDIA ejidatario adherente a la Otra Campaña en Mitzitón, Chiapas.
Se anexa la acción urgente emitida por la Red de Alerta Temprana, coordinación de organizaciones defensoras de derechos humanos en México.
Teniendo en cuenta los tratados internacionales firmados y ratificados por México, manifestamos nuestra profunda preocupación por la grave situación de derechos humanos que se vive en México.
La red de alerta temprana considera que estos señalamientos se encuentran infundados por lo cual, solicitamos:
I. La libertad inmediata de Manuel DÍAZ HEREDIA y llevar a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial en torno a la detención arbitraria de MANUEL DÍAZ HEREDIA.
II. Que se respete y garantice la integridad física, psicológica y jurídica de Manuel DÍAZ HEREDIA así como de todos los integrantes de la Otra Campaña en la comunidad de Mitzitón.
III. Que se evite el uso de la acción jurídica para criminalizar la protesta social.
IV. Cumplir con la obligación de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos adoptando todas las medidas necesarias que los salvaguarden de la acción de terceros.
V. Que la CEDH, con base en sus atribuciones y facultades, actúe para salvaguardar los derechos humanos fundamentales de MANUEL DÁZ HEREDIA.
వి A los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten a las autoridades a que atienden las peticiones planteadas.

Atentamente.

José Enrique González Ruiz.
Coordinador del Postgrado en Derechos Humanos.
Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Artículo

2010-03-22T22:45:00.000-07:00

Impunidad en materia de Desaparición Forzada en México
José Enrique González Ruiz
Son infinitos los medios de pervertir el ejercicio del poder.

La desaparición forzada como concepto jurídico
La definición jurídica de la desaparición forzada de persona, implica precisar tres términos: desaparición, forzada y persona. Son los elementos constitutivos de este ilícito que en los tribunales mexicanos no ha sido materia de consideración, porque su tipificación en las leyes es, a más de reciente, notoriamente ineficaz.
Desaparecer significa, según el diccionario de la Lengua Española, “ocultar, quitar de la vista con presteza”, o bien, “dejar de existir”. Hay otra definición más relacionada con nuestro tema: “Detener y retener ilegalmente la policía o los militares a una persona, sin informar de su paradero”.
Forzada quiere decir: “Ocupado o retenido por fuerza” y “No espontáneo”.
Personas son los “individuos de la especie humana”.
De modo que, gramaticalmente, la desaparición implica que policías o militares ocultan o esconden a un ser humano, de forma ilegal. Falta aún el elemento político que siempre media en estos casos, porque el ilícito se comete desde el poder.
La complejidad del tema hizo necesario un debate de décadas, después del cual se formuló la siguiente DECLARACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS, adoptada por la Asamblea General de la ONU, en la Resolución 47/133, el 18 de diciembre de 1992:
ARTÍCULO 1
1. Todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana. Es condenado como una negación de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y como una violación grave manifiesta de los derechos humanos y de las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales pertinentes.
2. Todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violación de las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad
jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola, además, el derecho a la vida, o lo pone gravemente en peligro.
Asimismo, en la Convención Americana de Derechos Humanos se llegó a esta definición:
ARTICULO II
Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.
Queda como tarea la armonización de las leyes mexicanas con las ideas contenidas en los textos transcritos.
En México hay desaparecidos políticos
En tiempos del Partido revolucionario Institucional en la presidencia de la República, el gobierno mexicano proyectó una imagen de progresismo y de respeto a las normas de convivencia civilizada. Nadie en el mundo creía que aquí se violaban los derechos humanos, de forma similar a como hacían otros regímenes Latinoamericanos, El caso de Luis Echeverría es indicativo: presentó en la Asamblea General de la ONU la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados, y es el responsable de la matanza del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971.
Lo anterior hizo que la lucha de las personas y los organismos de Derechos Humanos fuese de lo más difícil e incomprendido. Cuando apareció el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, impulsado por Doña Rosario Ibarra de Piedra, pocos creíamos en la legitimidad de sus demandas y planteamientos. Lo mismo ocurrió después con el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR).
Acudir a un Foro Internacional a denunciar los crímenes de lesa humanidad que cometía (y sigue cometiendo) el Estado Mexicano, era exponerse a “atentas solicitudes” de guardar silencio. Como ejemplo, el régimen emanado de la revolución sandinista de Nicaragua nunca se ocupó de temas relacionados con la guerra sucia que practicó el PRI-gobierno entre nosotros.
Fueron, como en Argentina, las madres quienes iniciaron la lucha por la presentación de sus hijos. Sufrieron el calvario de recorrer comisarias, agencias del ministerio público, cárceles y juzgados, con resultados exiguos. Sólo el amor de madre hizo que se obviara el inmenso peligro de seguir la misma suerte de la persona desaparecida.
Para combatir a los grupos de oposición, el Estado mexicano decidió crear organismos irregulares, como “La Brigada Blanca” que estuvo al mando de Miguel Nazar Haro. Este torturador, que debiera estar en prisión por los múltiples ilícitos cometidos cuando lideró la represión contra la lucha social, no sólo goza de impunidad, sino que asegura que sus “servicios a la patria” no han sido adecuadamente reconocidos. Varios desaparecidos que el FNCR logró rescatar, lo señalan indudablemente como autor personal del suplicio a los detenidos durante la Guerra Sucia, no obstante lo cual evadió la acción de la justicia.
Otro perpetrador identificado por las victimas, Mario Arturo Acosta Chaparro, sólo fue encarcelado por vínculos con el narcotráfico, pero no por los delitos de lesa humanidad que se le atribuyen. Al ser liberado después de varios años en prisiones militares, fue restituido en sus grados militares y recompensado económicamente por los haberes dejados de percibir cuando estuvo en prisión.
La lista de los desaparecidos es incompleta En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se habla de 542, cifra que maneja también el Comité Eureka. Otras organizaciones de la sociedad, como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y otras Victimas de la Represión en México (AFADEM), mencionan que solamente en Guerrero hay más de 600 casos y en que el país deben ser alrededor de 1,200.
Lo cierto es que siempre aparecen nuevos nombres y eso se debe a que muchos familiares nunca presentaron denuncia, por miedo a la represión.
Las leyes sobre desaparición son insuficientes
El Estado mexicano se ha negado a reconocer la desaparición forzada de personas en el país. Ha signado las convenciones internacionales sobre el tema, pero siempre ha puesto candados que las anulan: el más fuerte es el de la aplicación a partir de que entren en vigor, lo cual impide que se investigue y sancione desapariciones pasadas. Pero aún las que han ocurrido dentro de la vigencia de esas disposiciones legales, como la de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, son evadidas como tales, al dirigir las averiguaciones previas en la Procuraduría General de la República hacia la privación ilegal de la libertad, en su modalidad de plagio o secuestro. O sea, que pretende trivializar el tema, presentándolo como parte de la delincuencia común.
De hecho, para los gobiernos que han personificado al Estado en esta etapa histórica de las desapariciones, lo más cómodo ha sido recurrir al principio de irretroactividad de la ley, de modo que no puede castigarse a los desaparecedores porque cuando cometieron el crimen, éste no tenía una tipificación especial. “Ignoran” que las leyes sí pueden aplicarse para juzgar hechos pasados especialmente abominables, como se demostró en los tribunales de Núremberg y de Tokio que enjuiciaron a delincuentes nazis, responsables de grave vulneración a los derechos fundamentales.
También es común que los gobiernos manejen la prescripción de la acción penal por el transcurso del tiempo. Les basta con decir que los delitos (como están instruidos desde el Ministerio Publico) ya no son sancionables porque operó la prescripción. “Ignoran” también que este tipo de crímenes no es prescriptible porque, al ofender a la totalidad de la especie humana, es de crucial importancia que sean castigados para que nunca más se repitan.
Se han dado casos en que quienes defienden a los perpetradores, recurren a cuestiones humanitarias, como el estado de salud o la edad avanzada de los acusados. El mundo entero vio al genocida Augusto Pinochet (culpable de la muerte de miles de chilenos) hacer el papel de víctima cuando se intentó someterlo a juicio. “Ignoran” asimismo que en el caso lo humanitario no es aplicable, pues por encima de ello está la exigencia de Verdad y Justicia acerca de estas conductas criminosas.
A diferencia de otros países, México sigue siendo el paraíso de impunidad para los perpetradores. Ni siquiera un torturador ha recibido el castigo que merece; mucho menos los políticos que han tenido participación en los delitos de lesa humanidad.
Se requiere, de inicio, un cambio en la actitud de los jueces, proclives siempre a exonerar a los responsables de desapariciones forzadas. El peso del sistema político del que forman parte individuos como Luis Echeverría, impide que la Justicia resplandezca. Los integrantes del Poder Judicial siguen dependiendo en lo fundamental del Ejecutivo Federal, negando una real división de poderes. Sin independencia, la función jurisdiccional se cumple deficientemente.
Asimismo, urge una Ley Sobre Desaparición Forzada en México, que se ajuste a los siguientes principios:
1.- Se trata de un crimen que no prescribe ni da a sus autores el derecho a recibir la amnistía, el perdón del ofendido, el indulto, ni beneficio alguno que contribuya a dejarlo sin un castigo ejemplar.
2.- La Ley servirá para los casos del pasado, pues de otro modo será meramente simbólica, sin efectos prácticos en la sociedad mexicana. No debe proyectarse el mensaje de que el Estado se propone seguir desapareciendo personas.
3.- Los derechos que debe proteger son: la Verdad, la Justicia (o sea el castigo real a los culpables) y la reparación del daño. Este último tiene dos aspectos: a) el producido a la víctima y a sus familiares, caso en el que el reclamo de reparación depende exclusivamente de ellos; y b) el generado a la sociedad y a la humanidad entera, que siempre debe ser reparado con acciones positivas de los gobernantes.
4.- En el proceso debe participar la sociedad, particularmente en la indagación de los hechos y en el acopio de pruebas. Las comisiones de la verdad, si bien no han sido la panacea, son mecanismos más útiles que las fiscalías dependientes de los órganos estatales de persecución y administración de justicia. El valor de las decisiones e iniciativas de aquellas está en relación directa con la autoridad moral de sus integrantes.
5.- Las comisiones ciudadanas no sustituyen a las autoridades, que están obligadas a cumplir sus funciones, pero sí deben contar con facultades legales para la obtención de las pruebas y para financiar sus actividades. Solamente rendirían cuentas al Legislativo.
En ésta, como en todas las materias de Derechos Humanos, la legislación nacional debe armonizarse con la internacional.
El caso Reyes Amaya-Cruz Sánchez
Dos militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) fueron detenidos por autoridades de Oaxaca en mayo del 2007. Están por cumplirse tres años de esa detención y aún se les mantiene en calidad de detenidos desaparecidos. De acuerdo con la indagación que hicieron la Comisión de Mediación (COMED) y la CNDH, cada cual por su lado, es el ejército mexicano quien tiene la palabra en este asunto. Pero hasta hoy nada ha dicho sobre el particular.
Es de la mayor importancia que se tome en serio la decisión del EPR de buscar una solución política a este caso, porque la hizo acompañar de una tregua durante el tiempo que exista la COMED. Nadie desea que en este país los problemas se resuelvan por la vía de las armas.
Se han hecho cuestionamientos clave en este tema, que debe responder la Secretaría de la Defensa Nacional:
1. Para la COMED, es importante saber cuál es la valoración que el ejército mexicano tiene de la tregua decretada por el EPR; esto es, a qué factores la atribuye. Por lo siguiente: hasta hoy, el Gobierno Federal no ha hecho una aportación importante a la Mesa de Diálogo. Lo importante lo definimos en equivalencia a la citada tregua, que no es un evento menor.
2. Cuando estaba formándose la COMED, elementos del ejército mexicano intervinieron la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca. El propio Procurador informó que lo hicieron sin orden de Juez y que confiscaron los libros de gobierno de esa dependencia. Se requiere una respuesta precisa acerca de los objetivos y los resultados de ese operativo, en relación con la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
3. El 26 de abril del 2007, elementos de las Policía Militar y Federal Preventiva detuvieron a 9 elementos de la Policía Ministerial de Oaxaca. Dos de ellos estuvieron arraigados en la Procuraduría General de la República. La COMED requiere saber por qué participó en ese operativo la Policía Militar, así como los resultados de esa diligencia en lo relativo al tema que justifica la existencia de esa Comisión.
4. El 2 de agosto del 2007, según informaciones de prensa, el ejército mexicano realizó un operativo en Ciudad Netzahualcóyotl, Estado de México, “en busca de presuntos integrantes” del EPR. Se deben hacer públicos los resultados de esa acción, en referencia a la desaparición forzada de los dos militantes del EPR.
5. También de acuerdo con información de prensa, el 9 de agosto del 2007, elementos que se identificaron como miembros del ejército, hicieron acto de presencia en las oficinas de la organización Izquierda Democrática Popular (IDP) e informaron que vieron el ingreso de Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez al Campo Militar Número 1 de esta ciudad de México. La COMED solicitó información precisa sobre esa situación, sobre todo porque no es entendible que miembros del ejército proporcionen, sin una razón válida, información de este tipo.
6. La Procuraduría General de la República detuvo a Hermenegildo Torres Cruz, miembro de IDP, después de que éste y Felipe Canseco Ruiz se entrevistaron con el entonces subsecretario de la Defensa Nacional y con el director del Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional. Se requiere saber a qué obedeció y quién ordenó esa detención, pues podría tiene implicaciones en el tema que nos ocupa.
7. Varios comandantes de la Policía de Oaxaca, a quienes en diversos medios se vinculó con la desaparición de los dos eperristas han muerto o están desaparecidos. Nos referimos a Alfredo Barrita Ortiz, Aristeo López Martínez y Jonás Efigenio Gutiérrez Corro. La COMED requiere saber si la SEDENA vincula estos hechos de violencia con las desapariciones de Reyes Amaya y Cruz Sánchez.
8. Todo lo anterior se expresó en el escrito de la COMED del 24 de febrero del 2009, que después se supo que no fue entregado a la SEDENA por la instancia con encargada de la comunicación formal con la COMED, que era la Secretaría de Gobernación.
9. Adicionalmente, es necesario conocer el punto de vista de la SEDENA acerca de la Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es específica respecto al tema de la desaparición forzada y no divaga con cuestiones como el posible secuestro de los dos militantes del EPR.
Resumen final
La desaparición forzada de personas en México ha sido aplicada como política de
Estado, con el propósito de inhibir acciones políticas de quienes se oponen al
sistema dominante. Como se trata de una conducta considerada especialmente
aberrante, deben tomarse medidas para erradicarla por completo de la realidad
nacional. La primera e indispensable es la investigación a fondo de los casos que
han sido denunciados, sancionando ejemplarmente a los culpables.
México, D.F. a 22 de marzo del 2010.

Libro

2010-03-12T10:59:00.001-08:00

Libro

2010-03-10T13:17:00.000-08:00

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y “latino” [1300-2000]: historia, corrientes, temas y filósofos
Enrique Dussel, Eduardo Mendieta, Carmen Bohórquez (editores) (SIGLO XXI EDITORES, 2010)

PARTICIPARÁN:
Dr. Enrique Dussel,
Dra. Francesca Gargallo,
Dr. José Enrique González Ruiz y
Dr. Camilo Pérez Bustillo

MÍERCOLES 17 DE MARZO, 17:30 HRAS.

PARTICIPARÁN: Dr. Enrique Dussel, Dra. Francesca Gargallo, Dr. Enrique González Ruiz, Dr. Camilo Pérez Bustillo
LOBBY DEL AUDITORIO, PLANTEL DEL VALLE
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (UACM)
San Lorenzo 290, entre Roberto Gayol y Adolfo Prieto, detrás del Hospital 20 de Noviembre (a 6 cuadras del Metro Zapata)
“Esta obra fue proyectada, más que como un libro, como el inicio de un movimiento filosófico continental. Es decir, los autores de las contribuciones tienen conciencia de que la tarea que han asumido es de tal envergadura que no pueden sino cumplirla parcialmente. Los trabajos a todo lo largo y ancho de toda la región latinoamericana sobrepasan a los especialistas de la historia o de temas expuestos en el orden nacional. Cuando debe abordarse la temática tal como lo exige una obra sobre la filosofía latinoamericana, se encuentran dificultades tales como la falta de bibliotecas especializadas en este tema regional, de especialistas que hayan tratado los temas, de que se hayan estudiado suficientemente los asuntos para poder instaurar diversas hipótesis que permitan fecundos debates. Todo comienza entonces por obtener los materiales bibliográficos y temáticos necesarios. Esto no se logra en corto tiempo: exige años de perseverancia en los que los autores se dan cuenta de los límites de la empresa. Por ello, mucho más que el lector, son los mismos editores y autores de esta obra los que tienen conciencia de que solo se ha iniciado la extracción de un precioso metal de una rica mina casi inexplorada en su conjunto”. (citada tomada de la Introducción al libro)

2010-03-04T16:51:00.001-08:00

Una Complicada Mediación.
José Enrique González Ruiz
Cuando hay víctimas y victimarios,
¿es posible estar en medio?
Las experiencias, no son muy satisfactorias

La mayoría de los organismos oficiales que se han creado para ocuparse de temas relacionados con la represión han concluido sus tareas con más pena que gloria. Así ha ocurrido con las fiscalías especiales para ciertos hechos de gravedad extrema (como la matanza de “Aguas Blancas”, por ejemplo).
Los resultados de la labor de comisiones de la verdad o de intermediación han sido, en casi todos los casos, muy inferiores a la magnitud de los sucesos que las motivaron. Basta recordar que la que funcionó en Sudáfrica para ocuparse de los crímenes cometidos por los gobernantes blancos de Pretoria en la etapa terrible del apartheid, privilegió la “reconciliación”, y por eso no consiguió el castigo de la gran mayoría de criminales de lesa humanidad.
En nuestro Continente Latinoamericano, prácticamente en todas sus naciones han acontecido acciones gravemente violatorias de los Derechos Humanos de la población. En la intención de consolidar su dominación, los grupos gubernamentales han infringido las reglas universales de ejercicio del poder.
Bajo la tutela militar, política e ideológica de los Estados Unidos, decenas de dictadores latinoamericanos se han ensañado contra sus pueblos. Parece ser que sólo los chilenos han olvidado las felonías de Augusto Pinochet, pues recién eligieron a uno de sus discípulos, Sebastián Piñeira, como presidente. Eso es prueba palpable de la ineficiencia de la comisión que indagó los crímenes del pinochetismo.
Con ésas y otras experiencias tan insatisfactorias, se entiende claramente la prudencia con la que aceptamos formar parte de la comisión de mediación entre el grupo guerrillero EPR y el Gobierno Federal (panista) para el caso de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
La primera etapa de la mediación
Cuando se conformo la COMED, a instancia del EPR, los medios de información mostraron un enorme interés. Eso debió a que consideraban que quienes conformamos ese organismo somos integrantes o al menos simpatizantes del grupo armado. La pregunta que más nos hicieron fue: ¿Cuándo y dónde se entrevistan con el EPR? Fue grande su desilusión cuando les hicimos saber que no militábamos en el grupo rebelde, que no buscaríamos ninguna entrevista directa con sus integrantes (para no entregarlos a quienes los consideran delincuentes), y que ni siquiera glosaríamos sus comunicados.
Al Gobierno Federal le gustó la idea de una mediación, pues sus personeros pensaron que abría la posibilidad de la rendición del EPR, incluyendo la entrega de las armas. Cuando le hicimos saber que nos dedicaríamos exclusivamente al tema de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez también hubo decepción. Y comenzó a administrar el proceso, negando que se tratara de una desaparición forzada de personas, y sugiriéndonos que aceptáramos ser coadyuvantes del Ministerio Público y que convenciéramos a los familiares de proporcionar pruebas de ADN.
En la COMED nos dimos cuenta de inmediato de las dificultades de una mediación de este tipo: con una parte a lo que sólo “vemos“ en los comunicados que publica; y otra que no muestra interés verdadero en la solución del conflicto. Por eso nos propusimos actuar en la dirección de saber qué pasó con los dos eperristas, y tratar de contribuir al conocimiento de la verdad para contribuir a que nunca más haya desapariciones forzadas en México.
Un momento importante fue el de la emisión de la Recomendación de la CNDH, que al igual que la COMED habló de una desaparición forzada y mencionó la indudable participación del Ejercito Mexicano. Cuando el Gobierno Federal rechazó lo sustancial de esa Recomendación, supimos que había que hacer un alto en el camino, para evitar que el pueblo de México creyera que existía una negociación donde no la había.
Los efectos del retiro de la COMED
Aunque el asunto de la Desaparición Forzada sigue siendo de la mayor relevancia, en México está intencionalmente relegado. Aquí no se ha indagado en serio ninguno de los casos denunciados, mientras que en otras latitudes han sido juzgados y castigados algunos perpetradores (como se denomina a los autores de crímenes de lesa humanidad). En Guatemala, Estado al que se cataloga como represivo y todavía muy alejado de la democracia, en diciembre del 2009 fue condenado a 53 años y 4 meses de prisión el coronel retirado Marco Antonio Sánchez Samayoa por la desaparición forzada de 8 personas en El Jute, Chiquimula, en octubre de 1981. Eso contrasta fuertemente con lo acontecido en México, que sigue siendo un paraíso de impunidad para los perpetradores.
De modo que el retiro de la COMED no trajo consigo un cambio de actitud del Gobierno Federal; por el contrario, las desapariciones forzadas se siguen presentando aunque ahora los llaman “levantones” y muchas veces parecen tener relación con la delincuencia común y no con la acción política.
Por otra parte, los familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez sufrieron acoso e intimidación, por fuerzas obscuras.
El EPR mantuvo la tregua que le fue solicitada por la COMED aunque el Gobierno Federal considere que eso se debe a que tiene “acotado” al grupo insurgente. Como sea, no hay duda de su disposición a que continúe el diálogo, cuando las condiciones sean propicias.
La más preocupante fue que el asunto está sepultado bajo montañas de información sobre los acuciantes problemas que aquejan a los mexicanos y las mexicanas. Se constata la validez del dicho de que, a veces, lo urgente a veces no nos deja ocuparnos de lo importante.
Una COMED renovada
Ya habíamos recibido la petición de los familiares de Edmundo y Gabriel Alberto de reconstituir la COMED; “nos proporciono cierta seguridad y algo de tranquilidad”, nos dijeron. Por eso, cuando llegó la petición expresa del EPR, decidimos retomar la tarea, pero con algunas particularidades. Lo esencial es impedir la formación de expectativas falsas, pues tenemos bien claro que la voluntad gubernamental todavía no rebasa lo declarativo. Ratificamos esto cuando nos dimos cuenta que la Secretaria de Gobernación no ha entregado a la Defensa Nacional los documentos que entregamos y que tienen relación con el Ejército Mexicano.
En esta segunda etapa, la COMED se propone:
1.- Reposicionar el tema de la Desaparición Forzada en la Agenda Política Nacional.
2.- Reforzar los vínculos con las organizaciones y personas de la sociedad civil que
tienen trabajo sobre el asunto.
3.- Estrechar la comunicación con la oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, a fin de internacionalizar este caso.
4.- Trabajar coordinadamente con los familiares en el impulso a una Ley Federal y leyes locales sobre la Desaparición Forzada.
5.- Divulgar un libro que recoge el trabajo de la primera etapa y que fue patrocinado por la fundación Rosa Luxemburgo.
También tomamos la determinación de ampliar la composición de la COMED con cinco nuevos miembros: Miguél Álvarez Gándara, Dolores González Sarabia, Jorge Fernández Souza, Gonzalo Ituarte y Pablo Romo Cedano, que en los hechos siempre estuvieron cercanos a las tareas del grupo. Incluso participaron en reuniones y trabajos que realizamos después de concluir la primera etapa.
Lo fundamental de esta nueva fase es lo siguiente: establecimos una clara distinción entre la COMED y la mesa de diálogo. Esto es, que sin esperar que haya reuniones con el Gobierno Federal. Por supuesto que la negociación es lo más importante de nuestra labor, pero no puede convertirse en impedimento para la existencia de la COMED.
De inicio, queremos que la Secretaría de la Defensa Nacional responda explícitamente a las preguntas que le hicimos desde el 14 de agosto de 2009 (aunque no le habían sido comunicadas por SEGOB, lo que nos obligó a entregar un documento en las oficinas del General Secretario). La interlocución con la SEDENA es indispensable.
Estamos conscientes de que lo esencial de la tarea está por cumplirse. Aspiramos a la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez; al conocimiento pleno de la verdad sobre una desaparición; al castigo de los perpetradores materiales e intelectuales conforme a las leyes internacionales; y a la reparación del daño tanto a la sociedad como a las víctimas y familiares que la soliciten. No más, pero tampoco menos.
Marzo 4/2010

LUTO

2010-03-04T16:27:00.000-08:00

DESCANSE EN PAZ.

El pasado 28 de Febrero del presente año falleció Carlos Montemayor.
Escritor, poeta, narrador y ensayista nacido en 1947 en Parral, Chihuahua, fue también un destacado tenor. Uno de sus libros más recordados es “Guerra en el paraíso”, donde trazó el relato de los hechos violentos que se vivieron en México en los años 70. Pese a su enfermedad, el autor todavía pudo concluir su libro “La violencia దే Estado en México”.
En los últimos años, Montemayor mantuvo una diversa actividad creativa, pero también como integrante de la comisión mediadora entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Gobierno federal.
El año pasado fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2009, y obtuvo la presea Gawí Tónara: Pilares del Mundo, que es el máximo galardón de las artes chihuahuenses.
Entre sus libros destacan también “Tarahumaras: pueblo de estrellas y barrancas”, “La fuga” y“Armas del alba”.
Otros reconocimientos que recibió fueron el Premio Internacional Juan Rulfo, el Premio Xavier Villaurrutia, el Premio José Fuentes Mares y el Colima de Narrativa.
Montemayor fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas. La traducción fue otro de los campos en donde destacó, pues dominó el inglés, italiano, francés, griego arcaico, clásico y vulgar, y el latín en todas sus formas

articulo

2010-02-24T08:56:00.000-08:00

EN DERECHOS HUMANOS: OPTAMOS POR LA VÍCTIMA
JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ RUIZ
Dijo Guevara el humano
que ningún intelectual
debe ser asalariado
del pensamiento oficial.
Canto de Silvio Rodríguez, refiriéndose al Che.
Educar en Medio de la Tormenta

Las devastadoras políticas neoliberales trajeron para nuestras naciones una carga de daños difícil de soportar. Los más relevantes son: a) crecimiento de brecha que separa a los que sacan provecho de ellas, respecto de sus damnificados; b) aparición de eventos sociales no conocidos -al menos en la dimensión que hoy presentan-, como las mafias que controlan sectores enteros de la economía; c) inseguridad elevada a su máxima expresión; ch) desempleo galopante; d) manifestaciones de violencia irracional (secuestradores que matan a sus víctimas aun cuando hayan cobrado el rescate); e) corrupción que penetra los más altos espacios de gobierno; f) migración desbordada hacia los centros económicos desarrollados; g) criminalización de la protesta social; y h) conversión de los valores educativos en indicadores del mercado.
A la luz de lo acontecido en el planeta en las últimas tres décadas, podemos afirmar que vivimos una etapa de regresión de la humanidad.
El siempre acechante Leviatán crece y adquiere fortaleza material, -jurídica en ocasiones, por casi nunca ética- a costa de los derechos de los gobernados.
El neoliberalismo modificó la integralidad de la vida de los habitantes del planeta. Se bautizó a sí mismo como globalización y se presentó como el resultado natural de la evolución humana. Derrotadas las expresiones del socialismo real y derribado el Muro de Berlín, se proclamó como la única forma de organizar a la sociedad. Sus efectos hicieron cambiar las bases económicas de casi la totalidad de las naciones del planeta, al empuje de los monopolios que reclamaron el derecho de hacer del mundo su mercado y tomaron un rol activo en la formación y deposición de gobiernos en toda la geografía planetaria. La tasa de ganancia de las Grandes Empresas Transnacionales (GET) aumentó, a partir de conducir el sistema financiero globalizado por casi 30 años. Los países del llamado Primer Mundo explotaron a los restantes utilizando la arquitectura financiera que tiene a la cabeza al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial.
Aprovechando la debilidad de los países endeudados, el Grupo de los 7 (conocido como G 7 y que actúa por medio de los referidos organismos crediticios), impuso un nuevo patrón de acumulación conforme al cual ellos resolvieron sus crisis de sobreproducción, pero empobrecieron dramáticamente a millones de seres humanos.
Con la fuerza militar de la OTAN –liderada por USA-, forzaron cambios políticos cuyo epicentro es el fomento de los intereses privados. Los ejemplos más dramáticos son las invasiones a Irak y Afganistán que perpetraron los Estados Unidos y sus “aliados”; pero de ninguna manera son los únicos.
En medio de esa tormenta se realiza hoy la tarea educacional.

Todo lo Público fue condenado
El fracaso de los experimentos socialistas, abarcó desde el soviético hasta el albanés, pasando por el chino y el yugoeslavo. Con ello, revivieron las tesis de que el mercado tiene el poder mágico de autoregularse, y de es perniciosa que toda intervención del Estado en la economía. Retornó el dogma de que la libertad mercantil es promotora de progreso, democracia y equidad. El profeta de está religión neoliberal, Frederick Von Hayeck, había dicho que el socialismo es el camino a la servidumbre y que, por eso, había que reducir al mínimo la intervención del Estado. Equiparando con coerción toda acción estatal, sugiere ese tratadista que se proceda con base en “El principio según el cual en la ordenación de nuestros asuntos debemos hacer todo el uso posible de las fuerzas espontáneas de la sociedad y recurrir lo menos que se pueda a la coerción”. Y para que no haya duda de su postura filosófica y política, añade: “la democracia es, esencialmente, un medio, un expediente utilitario para salvaguardar la paz interna y la libertad individual. Así cuando más intentamos proporcionar seguridad plena, mediante intromisiones en el sistema de mercado, mayor se hace la inseguridad…”. (Citado por Camilo Valqui Cachi, en “Mitos del Derrumbe del Socialismo Soviético en la Ideología neoliberal”, edición de la Universidad Privada ‘Antonio Guillermo Urrelo’, primera edición, Lima, Perú, noviembre del 2008, pp. 35-36).
De nuevo, el individuo actuando en función de su interés particular fue colocado en el centro de la vida social. Todo lo público fue satanizado. Al Estado sólo corresponde -en esta visión- asegurar las condiciones que permitan la libre participación de las personas en el mercado. Se propagó la idea del “Estado mínimo”, que debe abandonar las tareas sociales y concentrarse en la seguridad, en sus dos variantes: la nacional y la pública cada vez más fundidas y confundidas. No más control de precios, ni determinación del valor del dinero en el mercado, ni fijación de salarios mínimos, ni compensación de desequilibrios sociales, ni atención a las necesidades colectivas, ni asistencia a grupos sociales en desventaja. En síntesis, ningún compromiso del Estado con la población: nada de salud, educación o cualquier otro servicio público; todo debe quedar en manos privadas, para que el afán del lucro empuje la iniciativa y la creatividad de las personas. Sólo así –dicen- se asegura el progreso.
“¡Culpable!” fue el veredicto que recayó sobre la educación pública, responsabilizándola de los bajos niveles culturales de la población, de la desconexión entre los saberes de los educandos y los requerimientos de la sociedad (neo liberalizada); y responsable hasta de la pobreza y la desigualdad. Ante “culpas” tan graves, sólo podía esperarse una pena severísima: reformarse estructuralmente; cambiar hasta la médula; abandonar sus principios anteriores y convertirse a la nueva religión neoliberal. Eso quiere decir: ajustarse a los sistemas educativos de los países “exitosos”, dejándose supervisar (evaluar) por ellos. Obviamente, eso implica la renuncia a crear conocimiento propio y a la autodeterminación.
De modo que los sistemas educacionales de los países como el nuestro, que históricamente encomendaban al Estado el sostenimiento de la educación, fueron declarados enfermos de falta de pertinencia, y obligados a reconvertirse para ajustarse a la doctrina neoliberal. Tuvieron que reducir su gasto social (incluyendo el referido a educación), y aumentar el destinado a la seguridad del sistema; construir más cárceles y ampliar las existentes; endurecer el régimen penal (bajar la edad de imputabilidad, restablecer la pena de muerte donde se había abolido, aumentar el tiempo de las penas carcelarias y el monto de las pecuniarias); pagar más a los jueces y a los demás funcionarios a fin de asegurar su lealtad con el modelo económico-político; reprimir con fiereza y públicamente a los opositores políticos; armar y equipar a los ejércitos y policías; y conformar un eficiente aparato de espionaje.
El actor predominante en la Educación volvió a ser el particular; el servicio fue inducido a dejar atrás su carácter público e irse transformando en un negocio regido por las leyes del mercado. La agresividad de los sectores conservadores se manifiesta abiertamente: el semanario Desde la Fe, de la arquidiócesis primada de México, al comparar a los mártires cristeros con Cuauhtémoc y con Juárez, defendió un desacierto de Felipe Calderón, titular del Ejecutivo Federal, cometido en la inauguración del Sexto Encuentro Mundial de la Familia, acusando a sus críticos de ser “cortos en inteligencia”, afectados por una “monumental ignorancia”. “enfermizos de laicismo”, “ignorantes”, “miopes y rabiosos”, “talibanes del laicismo”, “primitivos defensores no del Estado laico sino de un Estado arcaico”, “intransigentes y autoritarios”, y de “no respetar el régimen democrático que tanto ha costado conseguir a los mexicanos. Lo que menos podemos decir es que su ignorancia es grotesca y se muestran incapaces de superar su complejo de inferioridad y de disimular sus odios y sus fobias que rayan en lo patológico…” (La Jornada, 26 de enero del 2009, página 9). Un discurso auténticamente delirante.

Los Derechos Sociales retrocedieron
No podemos decir que antes del Neoliberalismo teníamos un mundo ideal porque habíamos resuelto los problemas esenciales de nuestra convivencia; faltaríamos a la verdad. Pero sí podemos afirmar válidamente que hoy estamos peor. La reconfiguración de la sociedad capitalista conforme a los patrones de la globalización imperial no trajo mayor felicidad a los seres humanos. Sus guerras e invasiones han significado dolor y sufrimiento para los débiles y mayor enriquecimiento para los especuladores.
Al beneficiar al capital, el modelo neoliberal empobreció al trabajo. Cuando el Estado dejó a los asalariados a su propia fuerza frente a los patrones, éstos redujeron los costos a sus empresas a costa del ingreso de aquéllos. Se dio durante 30 años una consistente ofensiva contra las conquistas de los trabajadores, lo mismo que contra los servicios que el Estado prestaba a la población. En breve: se restringieron los derechos sociales.
Cuando el bloque socialista (segundo mundo) hacía contrapeso a los países capitalistas industrializados (primer mundo), éstos adoptaron el modelo del “Estado benefactor”, que se tradujo en la existencia de derechos sociales: al empleo, a la salud, a la vivienda, al crédito blando, al ocio creativo, al esparcimiento sano y a la educación.
Un modelo económico tan violento sólo podía ponerse en práctica mediante la fuerza. Ya se sabe que ésta es disuasiva, luego persuasiva y al final represiva.
Los sectores organizados de la sociedad -preponderantemente los sindicatos- fueron objeto de medidas especiales: a) proliferó la propaganda en los medios masivos, señalándolos como enemigos del progreso y enfermos de corrupción incurable; b) se modificaron, en la práctica primero y en las normas legales después, las condiciones de su funcionamiento; c) se utilizó todo el poder del Estado para obligarlos aceptar la disminución de conquistas laborales; ch) se les excluyó de casi toda intervención en los asuntos de su centro de trabajo; d) se cooptó a sus líderes por que se integraran en los partidos oficializados y tuvieran participación en los recursos públicos destinados a lo electoral; y e) se reprimió con el despido a quienes persistieron en oponerse al neoliberalismo.
Valido sólo de su propia fuerza, el trabajador hoy acepta cualesquiera condiciones que le pone el patrón: firma contratos por lapsos breves -uno, dos y tres meses- y al mismo tiempo su renuncia; admite que no tiene una relación laboral, sino civil; se resigna a que no le paguen las prestaciones de ley; labora sin seguridad social. Un caso extremo es el del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), sujeto a un régimen de excepción por el cual el reconocimiento de la calidad de sus docentes se ha logrado –y eso parcialmente- después de más de veinte años de considerarlos “prestadores de servicios”.
Igual que los otros derechos sociales, el de la educación se debilitó:
1.- Su carácter gratuito fue golpeado, cuando los neoliberales modificaron el artículo 3º constitucional. Con un simple juego de palabra, nulificaron para la educación superior el mandato de que toda la educación que el estado imparta será gratuita. Sólo estatuyeron, a propuesta de Carlos salinas de Gortari, que el Estado imparte la educación básica y normal, y que contribuye en lo relativo a la educación. Sometiéndose, de esa forma, a las indicaciones del Banco Mundial.
2.- Su laicidad está cada vez más cuestionada, pues se ha vuelto confesional en muchos ámbitos. El partido que gobierna la nación (así sea mediante un fraude electoral), propone que se aceleren las acciones privatizantes que comenzaron a aplicarse en el ámbito educativo desde principios de los años 80 del siglo XX. La jerarquía católica reclama, cada vez con voz más estentórea, su “derecho” a conducir este espacio de la vida social.
3.- Como pago por favores políticos, se entregó la educación básica al corrupto Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dirigido por un personaje cuya fortuna sólo es explicable en términos de apropiación personal de las cuotas sindicales y de la realización de negocios turbios con las viviendas que el gobierno entregó a los maestros y para cuya adquisición les otorgó créditos de interés social. La alianza entre el gobierno impuesto de Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo tiene como única explicación la complicidad.
4.- Los planes de estudio de todos los niveles educativos tienden a fundamentarse en las competencias, lo cual es congruente con la esencia del capitalismo. Sus ideólogos sostienen que únicamente compitiendo, los seres humanos desarrollan toda su potencialidad. Y los gobiernos neoliberales presionan a los educadores para que se adapten a esa directriz fundamental.
5.- La influencia de los privados en la educación es cada día mayor, lo mismo que los dineros públicos que se le entregan. Nadie ignora que algunos centros educativos de nivel superior son hoy propiedad de empresas norteamericanas.
6.- Las evaluaciones externas han tomado carta de naturalización, dando por hecho que los evaluadores son personas idóneas para calificar a los educadores. De los resultados de tales dictaminaciones depende la cantidad de recursos que el Estado les entrega. En contrapartida, nadie evalúa a los funcionarios que dirigen la educación en México, de modo que no hay manera de sancionar a Josefina Vázquez Mota si ignora cómo se denomina uno de los libros más conocidos de la literatura mexicana.
7.- Los trabajadores académicos organizados en sindicatos, han perdido toda posibilidad de incidir en los contenidos de la enseñanza que imparten; esto quiere decir que cada vez es más difícil para ellos influir en su materia de trabajo. Se tiende a convertir a los docentes en “facilitadores”, ajenos a cualquier idea de creatividad. Dejan de ser actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para ser sólo una correa de transmisión de saberes generados en otros ámbitos.
8.- Se establece que la vinculación con la sociedad debe darse sólo respecto de los sectores productivos (el empresarial privado y los gobiernos). Se elimina a los organismos sociales que representan a sectores de la colectividad. Aún más: se presenta a estos últimos como obstáculos para el mejoramiento de la Educación, por tener “intereses creados”.
9.- Se ha dejado la titularidad de la SEP a personas ajenas al ámbito educativo, como simple espacio de colocación de amigos. incondicionales o copartidarios. Esto es posible, porque esa Secretaría hace décadas que no hace otra cosa que acatar las directrices del Banco Mundial. Los educadores brillan por su ausencia en los cargos de dirección de los organismos encargados de la educación en nuestro país.
10.- Y como los derechos sociales son parte indisoluble de los Derechos Humanos, es fácil concluir que el debilitamiento de aquéllos implica un retroceso de éstos.
También retroceden los Derechos Civiles y Políticos
Una fecha clave en el período neoliberal es el 11 de septiembre del 2001. Fue ese día cuando el mundo vio con horror cómo un avión perforaba las “Torres Gemelas”, símbolo del poder financiero de Estados Unidos de Norteamérica. La verdad oficial dice que un grupo de terroristas quiso dañar al país más poderoso y generoso del orbe. Muchos opinan que fue el propio stablishment estadounidense el que realizó el ataque, con el fin de dar alguna justificación a su “guerra contra el terrorismo”. Como haya sido, el hecho marcó el inicio de una etapa de graves retrocesos de los Derechos Humanos en el mundo.
Con cara de víctima, George Bush proclamó urbi et orbi el derecho de su país a realizar agresiones armadas en “cualquier obscuro rincón del mundo” donde se encuentre algún potencial enemigo. De inmediato, en la Academia surgieron intelectuales que teorizaron sobre lo plausible de ese “derecho”. Con su bandera en alto el gobierno norteamericano llevó a cabo acciones claramente incompatibles con las reglas de Derechos Humanos que la humanidad había perfilado. Algunos de esos actos fueron.
A.- Elaboró e hizo pública una lista de países que conforman -desde su punto de vista- el eje del mal. Todos ellos se convirtieron en posibles víctimas de “ataques preventivos”.
B.- Propicio la expansión de Israel sobre territorio de Palestina, generando una crisis de derechos humanos equiparable al Holocausto que contra el pueblo judío realizaron los nazis alemanes.
C.- Preparó y ejecutó la invasión de Irak, con el fin de apoderarse de su petróleo y de cercar a Rusia y a China. El gobierno de George Bush mintió al mundo al asegurar que su intervención se debía a que el régimen de Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, capaces de poner el riesgo la seguridad nacional de Norteamérica. El saldo hasta hoy es, según Michael Chossudovsky, de 2, 000,000 de muertos, en un país que tiene 24 (Conferencia dictada en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México el 11 de noviembre del 2008).
Ch.- Profundizó la ocupación de Afganistán con el pretexto de restablecer la democracia frente al gobierno del Talibán. La falsedad del argumento de la lucha de los estadounidenses contra las drogas, se evidencia por el hecho de que el cultivo de éstas en esa nación asiática, se incrementó a niveles anteriores a la llegada del gobierno depuesto. La supuesta determinación de los norteamericanos de combatir el trasiego de estupefacientes queda en entredicho.
D.- Con la complicidad de gobiernos indignos, estableció cárceles clandestinas incluso en países que fueron socialistas, como Polonia y la República Checa. Vuelos secretos se realizaron por el mundo, por aeronaves en las que iban agentes norteamericanos secuestrando y trasladando a “terroristas” de distintos países a la cárcel de Guantánamo.
E. Mediante una farsa de juicio, ordenó el asesinato de Saddam Hussein. Previamente, instaló un gobierno títere en Irak, que mantiene hasta hoy.
F.- Incrementó sus bases militares en el globo, desde las cuales proporciona asistencia militar directa a regímenes fuertemente opresivos, como el de Álvaro Uribe en Colombia. También le sirven para hostigar a gobiernos que no le son afines, como el de Hugo Chávez en Venezuela.
G.- Instaló un campo de concentración en Guantánamo, donde tiene una base militar en territorio cubano que ocupa inmoralmente. Ahí mantiene prisioneros a presuntos “terroristas”, sin cumplir una sola formalidad del debido proceso.
H.- Puso en práctica torturas infames en Abu Graib y en Guantánamo, “justificándolas con su guerra contra el terrorismo”. Instituciones académicas, incluyendo la universidad de Harvard, formaron grupos de trabajo que bendijeron esa práctica, con el argumento de que sirve para “salvar vidas humanas”. Funcionarios de la administración Bush defendieron como “tortura blanda” el llamado submarino, que consiste en meter la cabeza del torturado en un recipiente con agua, para que tenga la sensación de asfixia y “confiese”.
Todo lo anterior se legalizó con la “Patriotic act”, con la que las luchas civiles políticas sufrieron quebranto.

También en México hace aire
Los crímenes históricos del Priato nunca fueron castigados. Siguen impunes el genocidio del 2 de octubre de 1968, la matanza del 10 de junio de 1971 y la guerra sucia. Los más de medio millar de militantes del Partido de la Revolución Democrática que fueron asesinados en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, forman parte de esa lista de pendientes.
Y como la impunidad es la madre de las reincidencias, los gobernantes mexicanos siguen cometiendo delitos contra el pueblo: Lidia Cacho fue víctima del “gober precioso” Mario Marín Torres, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra sufrió una artera represión ordenada por Enrique Peña Nieto; miembros del ejército fueron acusados de violar y ejecutar en la Sierra Zongolica a doña Ernestina Ascensión Rosario, indígena de más de 80 años; la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca contabilizó 23 muertos debido a la política represiva ordenada por Ulises Ruiz Ortiz; y los maestros de Morelos fueron víctimas de un ataque del ejercito y tienen más de 60 despedidos por oponerse a la Alianza por la Calidad de la Educación, que no es más que el pacto Calderón- Gordillo para mantener el dominio sobre el magisterio y aplicar las consignas del Banco Mundial.
Si a lo anterior agregamos la militarización del país por la aplicación del “Plan Mérida”; la modificación de la Constitución para ajustarla a los lineamientos del “Derecho Penal Enemigo”; y la preparación que se quiere hacer en el CONALEP de profesionales técnicos en seguridad, que pueden ser el embrión para preparar a los paramilitares, el panorama se agrava.
En tales circunstancias, la educación en Derechos Humanos adquiere un rango primordial.

Optar preferencialmente por la víctima
No obstante lo desolador del panorama, quienes nos dedicamos a la enseñanza de los Derechos Humanos no nos dejamos llevar por el pesimismo. Confiamos en que las personas habrán de encontrar formas de sortear esta grave situación. Pero siempre con base en la lucha organizada.
Se puede abordar los temas de Derechos Humanos desde la perspectiva del poder. Así, es posible decir que los organismos que se dedican a esta tarea sólo sirven para proteger delincuentes y propiciar la reiteración de conductas ilícitas. También se puede optar por la víctima, corriendo a veces los mismos riesgos que ella.
El poder, por su propia lógica, tiende a controlar la totalidad de las acciones humanas. Sólo acepta los espacios autonómicos cuando es la sociedad la que se los gana por medio de la lucha. Es desde esta visión que nos ocupamos de los Derechos Humanos: acompañando y comprometiéndonos con quienes sufren los estragos del ejercicio autoritario y represivo del poder.
La opción preferencial por la víctima no desconoce que también el perpetrador es titular de Derechos Humanos. Demandar justicia no equivale a buscar venganza. Pero siempre es importante tratar de evitar que las violaciones a derechos fundamentales queden impunes, no sólo para dar satisfacción a los agraviados, sino también para crear condiciones de armonía social.
La tarea educativa, en general, tiene efectos liberadores, más aún cuando se ocupa de las prerrogativas esenciales de la persona. Enseñante y aprendiente se forman juntos, porque a fin de cuentas ambos aprenden en el proceso. Nadie es tan sabio que conozca todo, ni nadie es tan ignorante que ignore todo. En la interacción educativa, las dos partes se nutren recíprocamente.
Educamos para formar conciencia y capacitar para la compresión y la acción. Visualizamos los Derechos Humanos como un programa de lucha social; como una suma de aspiraciones en constante aproximación. Como un territorio donde pugnan y se confrontan las posturas que los fortalecen y los niegan.
Preferir a la víctima no es pretender victimizar al victimario, sino liberarlo de esa condición. Si luchamos para evitar que haya víctimas, también desaparecerán los victimarios; y no mediante acciones violatorias, sino de construcción y de comunión.
Enseñar es también aprender. Defendiendo los Derechos Humanos de todos y de todas, defendemos y preservamos los propios. Con esa filosofía enfrentamos gozosos la tarea.
México, D.F.

Agenda

2010-02-24T08:02:00.000-08:00

ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE MÉXICO DENTRO DE LA SEGUNDA JORNADA INTERNACIONAL DE PROTESTA POR LAS VÍCTIMAS DE SUCUMBÍOS
18 DE FEBRERO

A PARTIR DE LAS 11:00 HRS.- PROYECCIÓN DE DOCUMENTALES DEL CASO SUCUMBÍOS EN EL CUBÍCULO DEL FRENTE DE LUCHA ESTUDIANTIL JULIO ANTONIO MELLA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA UNAM.
22 AL 26 DE FEBRERO
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “LA MASACRE DE SUCUMBÍOS Y LA LUCHA POR LA JUSTICIA” EN LA GALERÍA AUTÓNOMA DEL AUDITORIO CHÉ GUEVARA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNAM.
22 DE FEBRERO
13:00 HRS.- INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “LA MASACRE DE SUCUMBIOS Y LA LUCHA POR LA JUSTICIA” CON LA PRESENCIA DE LOS PADRES Y FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE SUCUMBÍOS.

24 DE FEBRERO
12:00 Y 17:00 HRS.- PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL “DE LUTO VISTEN LOS HÉROES” Y CINE DEBATE EN EL SALÓN 9 DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNAM.
25 DE FEBRERO
13:00 HRS.- PROYECCIÓN DE DOCUMENTALES Y FORO SOBRE EL CASO SUCUMBÍOS: A DOS AÑOS DE LA MASACRE, EN EL AUDITORIO CHÉ GUEVARA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNAM.
25 DE FEBRERO
17:00 HRS.- MESA REDONDA A DOS AÑOS DE LA MASACRE EN SUCUMBÍOS Y LA SITUACIÓN DE LUCÍA MORETT, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA DRA. ANA ESTHER CECEÑA, CARLOS FAZIO Y DR. JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ RUIZ, EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PLANTEL DEL VALLE. POR CONFIRMAR.
26 DE FEBRERO
19:00 HRS.- MISA EN MEMORIA DE JUAN GONZÁLEZ, SOREN AVILÉS, VERÓNICA VELÁZQUEZ Y FERNANDO FRANCO A DOS AÑOS DE SU ASESINATO, LUGAR POR CONFIRMAR.
28 DE FEBRERO
12:00 HRS, PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL “DE LUTO VISTEN LOS HÉROES” EN EL MUSEO DE LOS FERROCARRILEROS.
17:00 HRS, PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL “AGENDA DE GUERRA” EN LA CASA DE LA CULTURA DE AZCAPOTZALCO.
1° DE MARZO
13:00 HRS.- ACTO POLÍTICO-CULTURAL FRENTE A LA EMBAJADA DE COLOMBIA CON LA PARTICIPACIÓN DEL LLANERO SOLITITO Y GRUPO MANO IZQUIERDA.
16:00 HRS.- MARCHA RUMBO A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES PASANDO POR LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS.
2 AL 5 DE MARZO
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “LA MASACRE DE SUCUMBÍOS Y LA LUCHA POR LA JUSTICIA” EN EL LOBBY DEL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO.
2 DE MARZO
16:00 HRS.- INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “LA MASACRE DE SUCUMBÍOS Y LA LUCHA POR LA JUSTICIA” Y PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL “AGENDA DE GUERRA” EN EL LOBBY DEL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO.
8 AL 12 DE MARZO
DE 11:00 A 16:00 HRS.- EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EN EL CUBÍCULO DEL FRENTE DE LUCHA ESTUDIANTIL JULIO ANTONIO MELLA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES.
17 DE MARZO
A PARTIR DE LAS 12:00HRS.- PROYECCIÓN DE DOCUMENTAL Y FORO SOBRE EL CASO SUCUMBÍOS EN LA EXPLANADA CENTRAL DE LA ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNAM.
18 AL 27 DE MARZO
EXPOSICIÓN FOTGRÁFICA “LA MASACRE DE SUCUMBÍOS Y LA LUCHA POR LA JUSTICIA” EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PLANTEL CENTRO HISTÓRICO.

Opinion

2010-02-06T20:29:00.000-08:00

MINISTRO PRESIDENTE GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA
PRESIDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Conmutador: 4113 1000, Teléfono Directo: 4113 1303, Ext1. 1303 / Ext2. 1304
Correo Electrónico: SCJN_presidencia@mail.scjn.gob.mx
Fax: 4195 0913, TelRed: 101 1303
Piso/Puerta: 2 / 3004, Calle: PINO SUÁREZ NO. 2, Colonia: CENTRO
Delegación o Municipio: Cuauhtémoc C.P. 06065

Me dirijo a usted para manifestarle mi honda preocupación ante el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad promovida por el C. Procurador Arturo Chávez Chávez ante esa honorable institución, por las diversas reformas al Código Civil y de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, publicadas en la Gaceta Oficial de ésta entidad el pasado 29 de diciembre de 2009, mismas que permiten el contrato civil del matrimonio, incluso entre personas del mismo sexo; considero que dicha acción en caso de prosperar limitaría el derecho a la libertad, la fraternidad, la igualdad y la no discriminación a miles de ciudadanos con una orientación sexual distinta a la heterosexual que viven en el Distrito Federal.
Estimo que las reformas en comento no contravienen lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que se encuentran encaminadas, entre otras cosas, a armonizar la legislación civil vigente en el Distrito Federal, con lo consagrado en el artículo 1 de la Constitución, el cual veda cualquier posibilidad de discriminación y establece la igualdad ante la Ley de todos los mexicanos, sin que sea admisible discriminación de clase alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, preferencia, el estado civil o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; así como cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas
Es alentador el que las reformas en materia civil para el Distrito Federal sean un avance en materia civil y contribuyan a una verdadera universalidad de los derechos humanos y una sociedad más democrática, lo que permitirá que más ciudadanos puedan decidir o no optar por el derecho al matrimonio y a que sus relaciones familiares sean reconocidas, así como adquirir los derechos y obligaciones que se deriven de esta situación, por lo que considero que las reformas en comento no son inconstitucionales. Es notable decir que las reformas concuerdan con lo establecido en el artículo 4 de la misma Carta Magna que señala que la Ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia, así como el que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, aunado a que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
En el mismo sentido es importante resaltar que las mismas reformas se adecuan a los múltiples instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, tales como: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio de 1962, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Segunda Declaración de la Organización de los Estados Americanos del 4 junio de 2009 sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, La Declaración de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género del 19 de diciembre del 2008 que condena la violencia, el acoso, la discriminación, la exclusión, la estigmatización y el prejuicio basado en la orientación sexual y la identidad de género. Tales Instrumentos de Derecho Internacional concluyen en el respeto a la diversidad, la igualdad entre las personas y rechazan cualquier tipo de discriminación. Lo anterior en concordancia con el Artículo 133, que indica que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.
A raíz de la aprobación de estas reformas y su entrada en vigencia, la cantidad de ataques y amenazas en contra de las personas lésbico, gay, bisexuales, travestis, transgéneros, transexuales e intersexuales de México se ha incrementado, tanto en declaraciones de locutores en medios de comunicación, como por parte de líderes religiosos, que solo han servido para incentivar el odio hacia estas personas. Por lo cual amablemente le insto a dar prioridad a una ley que permite el matrimonio en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos sin importar la orientación sexual y con la finalidad de que puedan realizar un proyecto de vida sin temor a represalias, ataques, discriminación y homicidios por su condición.
Es importante resaltar que en agosto de 2008, el gobierno mexicano adoptó un Programa Nacional de Derechos Humanos que incluye un componente de protección de los derechos humanos, a fin de establecer las bases de una política de Estado en materia de derechos humanos. En este sentido, aborda la problemática de los derechos humanos con apego a su integralidad, universalidad e interdependencia, en respuesta a la Declaración de Viena , el programa nacional de derechos humanos debe centrarse en acciones de ejecución inmediata que responden a necesidades apremiantes. Este Programa, busca trascender las coyunturas a través de mecanismos permanentes que aseguren que las voces de la sociedad civil tengan eco en las decisiones del Estado y que se lleve a cabo un cambio de enfoque profundo en las políticas públicas. El Programa Nacional de Derechos Humanos se concibe como una herramienta para introducir, en el quehacer diario del Estado, la perspectiva de derechos humanos. Busca hacer evidente, hacia dentro y hacia fuera del país, que los derechos humanos están presentes en cada acción, en cada decisión, en cada priorización y que, por ello, deben constituir una referencia obligada para los poderes públicos, asimismo, plantea reformas estructurales y establece mecanismos que permitirán asegurar, progresivamente, la vigencia de los Derechos Humanos. Sin embargo, éste programa aún no ha aportado beneficios concretos para los Derechos Humanos de la diversidad sexual del país, que aún siguen sufriendo de discriminación, intimidación y crímenes de odio por homofobia, aunado a la discordancia o incongruencia que se ha establecido entre el programa y la acción de inconstitucionalidad promovida por el C. Procurador Arturo Chávez Chávez.
En síntesis, el ánimo de las y los legisladores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que aprobaron las reformas mencionadas, no es sino avanzar en el respeto y reconocimiento de los Derechos Humanos y dotar de derechos plenos al sector LGBTTTI(lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti e intersexual) en la Ciudad de México, legislando, desde luego, de una manera responsable bajo el principio de ampliar los derechos de las y los ciudadanos y no restringirlos de los mismos, agregando que estas reformas no vulneran, limitan o menoscaban derechos de terceros. Resulta fundamental que ninguna institución discrimine a las personas con base en su orientación sexual; por lo que al aprobarse el reconocimiento jurídico del matrimonio entre personas del mismo sexo, se garantiza el derecho en igualdad y equidad efectiva de las y los ciudadanos en el libre desarrollo de su personalidad, la preservación de la libertad en lo que a las formas de convivencia se refiere, y la instauración de un marco de igualdad real en el disfrute de los derechos sin discriminación alguna por razón de sexo, preferencias o cualquier otra condición personal o social que consagra el marco legal vigente en nuestro país.
Aunado a lo anterior, estas reformas han encontrado simpatía en la opinión pública local, nacional e incluso internacional, ya que todos y cada uno de las y los líderes de opinión serios han apoyado tales modificaciones legislativas, encontrando solo oposición por parte de los sectores más conservadores de la sociedad que intentan detener los avances democráticos que la Ciudad de México ha logrado con la participación ciudadana de sus habitantes. Para finalizar atentamente le solcito no se declare inconstitucional las reformas en materia civil para el Distrito Federal que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Sin más por el momento y esperando una respuesta favorable le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
DR. JOSE ENRIQUE GONZALEZ RUIZ.
COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LA CIUDAD DE MEXICO.
PLANTEL DEL VALLE

SAN LORENZO NO. 290, ESQUINA ROBERTO GAYOL, COL. DEL VALLE SUR, DELEGACIÓN, BENITO JUÁREZ, MÉXICO, D.F. C.P. 0310, TELÉFONO 54-88-66-61 EXTENSIÓN 15262 Y 15131 CORREO ELECTRÓNICO josedesoledad@hotmail.com

UACM

2010-01-28T16:13:00.000-08:00

Foro

2010-01-27T07:13:00.000-08:00

Entrevista

2010-01-25T09:27:00.000-08:00

El ejido de San Juan de Guadalupe podría desaparecer gracias a fraudes y división, advierte
Muerte de Pedro Jasso dejó libre paso a los Juanes perreros: González Ruiz
Varinia Hernández Cruz
El asesor jurídico de la Comunidad de San Juan de Guadalupe, Enrique González Ruiz, dijo que actualmente la situación de la comunidad “está peor que nunca, los comuneros están divididos y hasta parte de la familia de don Pedro Jasso, el incansable líder en la lucha por las tierras comunales ahora está del lado de sus históricos antagonistas los Juanes Perreros, ante la inminente entrega de los bienes comunales a los poderosos constructores encabezados por Carlos El Chato López Medina”, el abogado intenta una última resolución en el Tribunal Agrario.
Ante la división de los comuneros, la falta de reconocimiento jurídico de las autoridades comunales y la inactividad procesal por parte del Tribunal Agrario, González Ruiz dijo que los comuneros deben verse en el espejo de lo que sucedió en La Garita de Jalisco, “ya que allí, ganaron todos menos los ejidatarios, y en este caso, los que no van a ganar serán los comuneros”.
Recordó que luego de muchos años de resistencia del grupo de don Pedro Jasso, y tras la muerte de éste, hubo un significativo avance por parte de los ”juanes perreros”, y hasta algunos de los familiares de Jasso se han prestado para “echar a andar el proceso de entrega de la comunidad, al grupo que siempre ha querido regalársela a empresarios como Carlos “El Chato” López y la familia Rangel, quienes se han enriquecido con la especulación de la tierra.
Reconoció que el grupo de la resistencia ahora es más pequeño, y que están tratando de denunciar por la vía jurídica “una actitud de protección de las autoridades de San Luis Potosí hacia los traficantes de tierra, tenemos una audiencia pendiente ante el Tribunal Superior Agrario.”
El motivo de esta audiencia, dijo “es para denunciar al magistrado del Tribunal Unitario Agrario Juan Manuel Calleros Calleros, por no haber admitido desde hace un año la demanda de nulidad en contra de la designación de Aniceto Jasso como comisariado comunal.”
Agregó que actualmente la comunidad no tiene comisariado comunal debido a que los “juanes perreros,” designaron a Aniceto Jasso, pero a esta persona no la reconocen sus propios familiares, ya que él es nieto de un titular de los derechos comunales, “y los hijos del titular, o sea sus tíos, promovieron un juicio agrario en contra de esta designación a una persona que no es titular de derechos.
Ante la situación de tensión e ilegalidad que se vive en la comunidad de San Juan de Guadalupe, González Ruiz señaló que la comunidad “necesita reagruparse, tomar conciencia de que la invasión por parte del Chato López, e incluso algunos hablan de Carlos Slim, es una situación que no favorece a la mayoría de los comuneros, deben verse en el espejo de la Garita, allí todos ganaron, menos los ejidatarios, acá todos van a ganar, menos los comuneros, ellos deben saber leer la historia,” sentenció.
Informó que por ahora están tratando de mantener la consistencia y la resistencia del grupo, e intentando divulgar información entre los comuneros, para evitar que se les de aviso acerca de la desaparición definitiva de la comunidad, que prevé sea a través de la operación de unas unidades de crédito rural fraudulentas, constituidas por los “juanes perreros” hace como cinco años.
Por medio de estas unidades de crédito, se pretende permitir la transmisión de la propiedad a manos de Carlos “El Chato” López, y otros fraccionadores, “si nosotros logramos anular esas sociedades de crédito rural, algo se podrá avanzar de nuevo, si no, réquiem por la Comunidad de San Juan de Guadalupe.”
Denunció que se están haciendo entre algunos comuneros y los empresarios de la construcción unos “préstamos de hasta 25 mil pesos”, mediante los cuales se hace firmar a los comuneros un documento en donde consta que recibieron un préstamo en dinero, “no se sabe a cuenta de qué, ni se sabe con qué intereses, ni se sabe el propósito preciso, lo cierto es que se aprovechan de las necesidades de los comuneros que sabemos que son muchas, de modo que con 25 mil pesos en préstamo es posible comprarlos.
Por último, González Ruiz, dijo que esos “préstamos” algún día se harán pagaderos, y desgraciadamente ha sabido de algunos comuneros que han dilapidado esa cantidad en dos o tres semanas, además de “que ahora se, que se han multiplicado las cantinas en la comunidad.”

BOLETÍN DE PRENSA
Domingo 24 de enero, 2010

Por ignorancia de los términos jurídicos o por dolo, el presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Filemón Hilario Flores, afirma que no existe embargo jurídico de las dos cuentas bancarias que maneja ese instituto en San Luis Potosí, pero lo contrario se puede verificar en la Mesa 6 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), al consultar el expediente 00122/2009/6.
Sobre la materialización de tal embargo, la JLCyA informó el fin de semana a los demandantes que mañana lunes girará los oficios correspondientes a los organismos electorales que proveen de recursos al PRD en San Luis, es decir al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) y al Instituto Federal Electoral (IFE).
Así como también a la institución bancaria donde se encuentra depositados los recursos del citado partido
Si los dirigentes del PRD hicieron o realizan en el futuro cambio de cuentas o movimientos financieros a sabiendas del litigio laboral del que forman parte esos recursos, podrán hacerse acreedores a una demanda penal por los delitos que al respecto puedan ser tipificados.
Apenas es necesario precisar que el embargo jurídico es ya público y que la multa de 500 pesos diarios por incumplimiento de convenio continua corriendo, sin que a esos dirigentes del partido se les ocurra saldar hasta el momento dicho adeudo.
¿Actúan con indolencia y despreocupación porque en el fondo los recursos que manejan no son de ellos, sino de financiamiento público, es decir de los ciudadanos?
Eso hicieron los responsables de ese instituto político desde un primer momento al dejar que el monto a pagarle al trabajador subiera de 20 mil pesos a 60 mil, y no sabemos hasta donde querrán seguir siendo “generosos” con los recursos de la gente.
Los exhortamos a cumplir con el mandato de la autoridad laboral y a respetar los derechos de los trabajadores.

ATENTAMENTE
Lic. José Enrique González Ruiz
(045) 553 963 87 83

2010-01-21T12:46:00.000-08:00

1980“21 DE ENERO NO SE OLVIDA” 2010
A NUESTROS HERMANOS OBREROS Y CAMPESINOS DEL PAIS.
A LOS ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS HONESTOS.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS ONGs.
A LA PRENSA LOCAL , NACIONAL E INTERNACIONAL.
AL PUEBLO DE MEXICO.

Los hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y niños de la región de las Huastecas de Veracruz, Hidalgo y San Luís Potosí, organizados en el Frente Democrático Oriental de México “Emiliano zapata”-FDOMEZ-, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo –FNLS-, recordamos un aniversario más de nuestros hermanos caídos en la lucha popular.
En la década de los 70s y 80s se registraron grandes acontecimientos de luchas campesinas por la recuperación de las tierras, las libertades políticas y la conquista de nuestros derechos fuera de las centrales oficialistas ya que el caciquismo cobijados con el manto de la impunidad y complicidad de autoridades municipales, estatales y federal de esos tiempos, mantenían a nuestros pueblos esclavizados y en la opresión e ignorancia política y cultural, el caciquismo su dominio era total, mantenían el poder político y económico., la lucha que emprendimos por la liberación de nuestros pueblos no fue fácil, e aquí ilustramos solo uno de los tantos atropellos represivos que hemos sido objeto.
Hace exactamente XXX años, un día 21 de enero del año de 1980, fueron masacrados 4 jóvenes campesinos MODESTO HERNANDEZ MARTINEZ, GERARDO DE LA CRUZ CORTES , ZEFERINO MARTINEZ HERNANDEZ Y JOSE GUADALUPE MORENO LORENZO originarios de las comunidades de Tohuaco, Amatzintla y Metlatepec del municipio de Huautla, Hgo., militantes de nuestra organización política y democrática, crimen cometido por bandas paramilitares y pistoleros a sueldo de los ricos sanguinarios de la región, en complicidad de los tres niveles de gobierno, la intención era clara la de frenar la lucha de los campesinos indígenas que se gestaba en ese momento, ya que cansados de tantos años de esperar respuesta en la demanda de la tierra por parte de las dependencias agrarias y del gobierno y sobre todo por la discriminación y brutal represión que se ejerce sobre nuestros pueblos, decidimos por la vía de los hechos a recuperar las tierras ejidales y comunales que acaparaban los caciques, producto del despojo que habían hecho a nuestros abuelos.
Las tierras que hoy las poseemos tiene un valor incalculable porque están regadas con la sangre de nuestros hermanos indígenas que han ofrendado sus vidas por esta causa noble, son ya más de 30 años de lucha y organización, resistencia y defensa de la tierra en esta región huasteca. Hemos sido objetos de represión orquestado por los gobiernos, que ha consistido en encarcelamientos, persecuciones, desalojos, torturas y más de 200 asesinatos, desapariciones forzadas donde han participado bandas paramilitares, policías y el propio ejercito federal, es decir que el Estado mexicano ha desarrollado contra nuestra organización política, democrática y nuestras comunidades, tácticas de contra insurgencia, que van desde la represión física, psicológica tratando de infiltrar y dividir en nuestros pueblos, utilizando a desclasados para que traicionen la lucha. No nos hemos dejado ni nos dejaremos. Lucharemos hoy y siempre por defender lo que nos pertenece.
Las políticas neoliberales que han venido desarrollado los gobiernos de los ricos representados en los partidos PRI y agudizado aún más con el PAN, ponen en crisis en el sector agrario en el país, descapitalizando al campo, modifican el art. 27 constitucional que pone fin al reparto agrario dejando a miles de campesinos sin tierras, y a los campesinos que ya cuentan con tierras comunales y ejidales ponen a la oferta de las trasnacionales y viene de nueva cuenta el despojo legalizado de las tierras, Felipe Calderón Hinojosa pone en las manos del imperialismo la soberanía alimentaria, no podemos estar a la altura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN al contrario se aundará aún más la pobreza y la miseria para nuestro pueblo.
Como FNLS planteamos la necesidad de un Nuevo Reparto Agrario en México porque es un derecho Constitucional.
Condenamos la actitud represiva del gobierno Federal a través del Tribunal Unitario Agrario que desalojó de manera violenta a 22 familias campesinas de Uruapilla en Michoacán, no respetando la posesión de 97 hectáreas de tierras por más de 30 años, dicha acción es para favorecer a los empresarios los Ramírez y los Medinas. Exigimos a los gobiernos estatal y federal, el maestro Leonel Godoy y Felipe Caldero la restitución de las tierras a los ejidatarios.

Con la militarización del país y la represión orquestada por el Estado, como forma de gobernar con el pretexto de combate al narcotráfico y la delincuencia organizada. por este simple hecho le dá el carácter de un gobierno policiaco-militar, que la verdadera intención es para someter a las organizaciones populares de los diferentes sectores del pueblo organizado que a diario se oponen a las políticas de opresión y de hambre.

En nuestro país México se está reeditando la Guerra sucia, el Estado está cometiendo crímenes de lesa humanidad contra los luchadores sociales opositores al régimen ya no importa de que organización sea, Ambientalista, organizaciones independientes democráticas, de Derechos Humanos, de movimientos armados y hasta de ciudadanos de algún partido político, el trato es igual. En el 2008 en el Estado de Oaxaca se presentaron casos de desaparición forzada mas emblemáticos de los ciudadanos Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Raymundo Rivera Bravo, reivindicados por el EPR y de Francisco Paredes Ruiz, más después las hermanas Daniela y Virginia, y del Sr. Lauro en Oaxaca., Los asesinatos de Fermín Mariano Matías estudiante en Puebla, de Mariano Abarca Robledo en Chico-mocéelo, de Jordán López Aguilar y Ballardo Hernández de la Cruz de la OCEZ- RG Carranza en Chiapas, y más recientemente el asesinato de la activista luchadora social en ciudad Juárez Chihuahua Josefina Reyes que denunció abusos militares y de la policía federal de la desaparición de uno de sus hijos y otro hijo es asesinado por el ejército, es aquí donde el estado policiaco-militar que aplica el fascismo se pone en evidencia que su estrategia es contra los movimientos populares, paramilitares que actúan como escuadrones de la muerte.
En Ciudad Juárez Chihuahua, la Policía Federal y el Ejército Federal realiza operativos y persiguen a activistas Defensores de Derechos humanos como consecuencia Gustavo de la Rosa Hickerson , visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que denunció amenazas de integrantes de las fuerzas armadas, se refugió en El Paso Texas. En los hechos es un laboratorio donde hacen experimentos de la estrategia de la Guerra de Baja Intensidad que pretenden aplicar en todo el país.
Como organizaciones Democráticas y de Derechos Humanos condenamos estos actos de Crímenes que lastiman a la humanidad, porque constituyen una violación flagrante de los Derechos Humanos.

Apoyamos también la lucha de los trabajadores del SME por la derogación del decreto presidencial que extingue a Luz y Fuerza del Centro y que deja a miles de trabajadores sin empleo y que además atenta contra el sindicalismo congruente y consecuente en México que enarbolan las demandas obreras por sus derechos y libertades políticas.

Hacemos el llamado a nuestro pueblo de los diferentes sectores que no están en lucha y que están en una actitud pasiva que es momento de luchar , para los trabajadores del campo y de la ciudad no nos queda otro camino más que de fortalecer y construir la organización en los centros de trabajo, en la comunidad, barrio, ejido, escuelas, colonia para poder defender nuestros derechos.

¡¡ POR LA LIBERACION PROLETARIA DEL CAMPESINO!! ¡¡VENCEREMOS!!
¡¡ LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!!
¡¡ DESAPARECIDOS POLITICOS, PRESENTACION!!
¡¡ ALTO A LA MILITARIZACION DEL PAIS !!
¡¡ ALTO A LA GUERRA SUCIA !!
FRATERNALMENTE
¡¡ ZAPATISMO Y SOCIALISMO !!

ARTICULO

2010-01-17T15:01:00.000-08:00

DERECHOS LABORALES Y AUTORITARISMO: EL ITSR
José Enrique González Ruiz

Con el neoliberalismo, la Justicia Social
se alejó de nuestra vida cotidiana.

El docente como apóstol
Un antiguo prejuicio dificulta que el maestro sea reconocido como un trabajador, con derechos similares a los demás asalariados: el del apostolado de la docencia. Generalmente se piensa que la excelsa labor de la enseñanza es más una actividad de servicio social que un trabajo que debe ser reconocido como tal. Los propios académicos tardaron décadas para demandar un sitio dentro de la clase trabajadora. Consideraban que no era compatible con su delicada e importante función educativa, el reclamo de un salario digno y demás prestaciones.
Por eso se respondió con menosprecio y hasta con represión a los intentos de los profesores e investigadores de agruparse en sindicatos y de tratar de ganar la bilateralidad en la determinación de sus condiciones de trabajo. En ocasiones se les confrontó con el otro eje de la tarea educativa: el alumnado.
Los administradores de los centros educativos públicos, señaladamente los de nivel superior, se han mostrado insensibles ante los reclamos de justicia laboral de parte de su planta académica. Y es que, regularmente, cuentan con remuneraciones muy superiores al común de los que realizan directamente las tareas de enseñanza e investigación.
El sector tecnológico superior y sus especificidades
Los gobiernos neoliberales que laceran al país desde hace tres décadas, siguen al pié de la letra las indicaciones que en materia educativa les envía el Banco Mundial. La Globalización trajo consigo una serie de dogmas que echaron por tierra educativo que los mexicanos construimos desde el liberalismo juarista hasta finales de los años 70 del siglo XX. Se propaló y aplicó la tesis de que todo el quehacer social debe regirse por las reglas del mercado, con lo cual el proyecto histórico de educación pública, laica y gratuita, entró en una profunda crisis.
En esa dinámica, la enseñanza tecnológica adquirió un rango estratégico para los gobiernos neoliberales, que la sometieron a las reglas dictadas por los organismos internacionales de crédito. Las Ciencias Sociales fueron descalificadas y se fomentó solamente aquello que produce un rendimiento mensurable con criterios económicos. Hoy en día hasta lo confesional católico trata de imponerse nuevamente en nuestro sistema educacional.
La tecnología fue presentada como el medio de superación de todos los problemas que nos aquejan. Y hacia ella se orientaron todos los empeños de las autoridades educativas, que se asumieron como meros ejecutores de las directrices emanadas del Banco Mundial y de sus repetidores intelectuales.
En el proyecto neoliberal todo lo público es indeseable. Por ello, las escuelas sostenidas por el Estado (en cumplimiento del deber constitucional del que todavía habla nuestro artículo 3º.) fueron perdiendo presencia en la sociedad y se fortaleció la escuela privada.
En tal situación, no es extraño que los tecnológicos superiores tengan juntas directivas en las que participan los empresarios particulares y que sus planes de estudio se orienten a satisfacer las demandas de éstos, como si fuesen las de la sociedad. Y que se actúe como si toda agrupación de los trabajadores constituya en adversario de la educación.
Los Tecnológicos superiores en San Luís Potosí
En la capital del Estado funcionan instituciones educativas de nivel superior que cuentan con sindicatos reconocidos, que además han firmado contratos colectivos de trabajo. Esto de ubica dentro de la normalidad constitucional.
Pero en Rioverde, que se cuenta entre los centros urbanos más importantes de la entidad, existe una actitud represiva contra maestros con capacidad y experiencia demostradas en el terreno de los hechos.
Las autoridades del Instituto Tecnológico Superior de la todavía naranjera ciudad optaron por desconocer el esfuerzo legítimo y legal de sus maestros, de formar un sindicato independiente y democrático.
Podrá alegarse que los maestros del ITSR han vivido más de una década sin sindicato ni contratación colectiva bilateral. Pero es precisamente la inquietud de no contar con derechos adquiridos, ni con antigüedad lo que determinó que los docentes se agruparan sindicalmente y quieran tener incidencia en la determinación de sus condiciones laborales.
No hay intereses ocultos, ni mucho menos desinterés con la labor del ITSR, sino el deseo de contar con seguridad en su relación con quien es su patrón. Está comprobado que son perfectamente compatibles los derechos de los asalariados y los de las instituciones educativas.
Para que no quede duda, los trabajadores han dicho que las características de su sindicato son:

• Compromiso con la mejora educativa en la institución a través de los docentes, administrativos y trabajadores generales de la institución.
• Identidad y desarrollo a largo plazo de los trabajadores en la institución y por consecuencia una mejora continua que impacte en los egresados y sector productivo.
• Confianza, seguridad y garantía a los trabajadores en la permanencia de su trabajo, lo anterior con base al desempeño del mismo.
• Solicitar la planta permanente en la institución.
• Aumento de sueldo económico o en prestaciones.
• Establecimiento de estándares y metas en todos los niveles organizativos.
• Establecimiento de un contrato colectivo del trabajo donde se establezca los derechos y obligaciones de los trabajadores, dicho contrato colectivo debe ser cumplido por todas las partes.

Los actos de represión consisten básicamente en lo que a continuación se expone:
El día 27 de mayo el Jefe de recursos humanos notifico a la Lic. Rosa Gabriela Alvarado Robles profesora del área de informática para que firme su renuncia como trabajador del ITSR, lo anterior basado en la suposición de los directivos de que la profesora era la dirigente del sindicato independiente.
El día 1 de julio citaron a Lic. Bonifacio González a las 14:00 horas y posteriormente a la Lic. Elia Ruiz Govea a las 18:00 horas permaneciendo hasta las 20:45 hrs. en un interrogatorio de los administrativos. De cada uno de ellos se describe su situación

Descripción del despido de Lic. Bonifacio González Hernández
El día 1 de julio aproximadamente a las 14:30 hrs. Fui llamado al área que ocupa la sala de juntas del instituto tecnológico superior de Rioverde, por el Lic. Darío Mata Torres Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la mencionada institución para darme a conocer mi situación como trabajador del instituto. Y en presencia de los asesores jurídicos de la escuela y de la directora del plantel Lic. Maria Magdalena Guerrero Martínez, se me menciono que se me levantaría una acta administrativa por que había incurrido en una falta dentro de la institución la cual se refiere a que yo había proporcionado información de una conversación del mensajero entre el jefe de Estudios Profesionales Ing. José Domingo Chía Juárez y con una maestra y haberla divulgado a terceras personas. El asesor jurídico menciono que este acto estaba penalizado por la ley y lo que iba a proceder era levantar una denuncia penal y la rescisión de contrato.
Posteriormente sostuve una plática entre la directora y el jefe de recursos humanos y ellos me ofrecieron que renunciara voluntariamente y no realizarían la demanda correspondiente o de otra manera los asesores jurídicos llevarían el asunto ante el ministerio público.
Es necesario mencionar que tanto los asesores jurídicos como los directivos de la institución se portaron de manera muy agresiva aun dándoles a conocer que yo no sabía de qué se trataba y que en ningún momento realice actos de contrarios en mi trabajo.
El hostigamiento por parte de ellos me llevo a firmar los documentos que autorizaban mi renuncia voluntaria, pero es importante mencionar que lo hice bajo presión y que no es un acto consiente.
Me queda claro que estos hechos se dan como represaría por integrar el grupo que promueve el sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Rioverde.
Descripción del despido de Lic. Elia Ruiz Govea
• Tengo 5 meses de embarazo y soy o era miembro de la formación de un sindicato de trabajadores del Instituto.
El día 1 de julio se me levanto una acta administrativa donde se me acusa de una queja puesta de una alumna de nombre Mª. Del Rosario Concepción Blas del sexto semestre de Informática donde pide que la maestra Elia deje de hacer comentarios negativos acerca de la Ing. Claudia Ortiz Caldera, a su vez informo que esta alumna llevaba una materia de repetición que es Programación I Impartida por la Ing. Mónica Amador García donde la llevaba reprobada y se iba a especial no dudaría en que le ofrecieron acreditar la materia a cambio de hacer la queja. Cabe mencionar que mi jefe inmediato el Ing. José Domingo Chía Juárez Jefe del departamento de estudios profesionales me comento anteriormente de esta queja y que no iba a proceder por faltar fundamentos. El otro punto de que se me acusa es que tuve acceso a información confidencial de la maquina del Jefe De estudios profesionales información que me fue proporcionada por el encargado del centro de computo. Ellos aseguran que el encargado me dio la información pero el encargado del centro de computo dice que no y al encargado también lo despidieron porque a el le dijeron que hay una carta firmada por mi donde yo lo acuso de enseñarme la información, aclaro que dicha carta no existe puesto que no he formado nada por estos motivos fui despedida el día 1 de julio estuvo presente el asesor jurídico de la institución el jefe de recursos humanos donde el asesor jurídico dijo que la Institución quería que se mantuviera todo este caso internamente que aceptara la rescisión del contrato voluntariamente si no iban a proceder de manera legal, el asesor trato de intimidarme fue agresivo, yo solicite que quería conocer la parte acusadora o que me dejaran entrar con alguien y no quisieron.
En la institución hay un sistema de calidad donde hay el buzón de quejas y sugerencias donde el alumno de manera voluntaria debe ir a poner su queja pero resulta que ahora el buzón va a los alumnos el Jefe de estudios profesionales y el subdirector académico han llevado los formatos para que los alumnos hagan sus quejas, y no me extrañaría que en mi caso se haya hecho lo mismo Ya que quisieron hostigar, amenazar y de forma agresiva pedir la rescisión de contrato.
Me queda claro que estos hechos son una forma de represalia por pertenecer a la formación del sindicato.
• El 1 de julio del presente año se le cito a la Ing. Monserrat Arriaga Flores para recibir su carga académica. En el semestre Enero-Junio 2009, ella tenía 36 horas y para este semestre Agosto-Diciembre 2009 le ofrecieron solo 21 horas sin descarga. Argumentándole que es por una desacreditación de su persona por haber hecho un viaje a la ciudad de Monterrey del 22 al 25 de Septiembre 2008 al concurso Regional de creatividad como asesor del proyecto APOTFAM donde ella asistió a una noche disco y tomaron unas fotos que los directivos lo plantean como mal comportamiento.
• La disminución de carga académica a la Ing. Lourdes Morales Galicia en donde en el semestre Enero-Junio 2009 tenia 28 horas y en el semestre Agosto-Diciembre 2009 solo le asignaron 23 horas.
• En el semestre Agosto-Diciembre 2009 le dieron continuidad al Ing. Luís Alberto Hernández Méndez con 36 horas siendo personal de nuevo ingreso a partir de Mayo 2009, a pesar de que existen algunos docentes con más antigüedad y experiencia en la academia de Ing. Industrial que no tienen su carga Académica completa. Y en la academia de Ciencias Básicas hay maestros que no tienen su carga académica completa.
• En la academia de Informática y Sistemas en el semestre Agosto-Diciembre 2008 La Lic. Elia Ruiz Govea tenia 38 Horas y en el semestre Enero-Junio 2009 solo le ofrecieron 20 horas, ingresando a la Academia el Pasante en informática Bernardo Martínez Santiago al cual le ofrecieron 30 horas y es un alumno egresado de esta misma Institución que cuando inicio a impartir clases no estaba titulado. También ingreso la Ing. Mónica Amador García con 30 horas siendo recién egresada del mismo Tecnológico
• Así también es importante recalcar que ya no quedan docentes Licenciados en Informática, la cual es una de las carreras que se imparten.
• Antes de la diligencia de nuestro sindicato llamaron al Lic. Bonifacio González Hernández, al Lic. Gerardo Heliodoro Fajardo, Tec. Víctor Manuel Marcos interrogándoles e intimidándoles para obtener la información acerca de la formación del sindicato.
• El programa de tutorías se tienen un buen trabajo por parte de los tutores de años anteriores los cuales algunos de ellos no fueron asignados en el periodo Agosto-Diciembre 2009 y las impartieron algunos administrativos que no son docentes.
• En el mes de agosto de 2009, los directivos despiden al licenciado en educación física Gerardo Eulogio Tristán Díaz, con el argumento de ser el organizador de una manifestación que realizaron los alumnos por haber despedido a sus entrenadores deportivos.
• En el mes de octubre de 2009, los directivos despidieron al Ing. Alberto Méndez Guillen, quien fue fundador del instituto y nunca antes tuvo una amonestación. Se desempeñaba como jefe de vinculación y extensión. Dejando esa área sin responsable lo cual conlleva a una problemática significativa debido a que no existe vinculación con el sector industrial y actualmente en el semestre enero- julio de 2009 realizaran prácticas profesionales aproximadamente 50 alumnos.
• En lo académico han asignado a profesores sinodales para exámenes profesionales y exámenes especiales de forma arbitraria, no cumpliendo algunos docentes impuestos por los administrativos los perfiles para cubrir las especialidades.
• Los administrativos y directivos, en especial la Directora Magdalena Guerrero Martínez, el Subdirector académico Armando Márquez Cedillo, Ing. Margarito Castillo Reséndiz, han hostigado fuertemente algunos alumnos al grado de llegar a obligar a abrir archivos electrónicos de los alumnos.
• se ha solicitado a la directora desde el mes de octubre se cobre las cuotas sindicales que por ley nos corresponde como grupo y hasta la fecha no ha realizado esta actividad.

• Para finales del mes de diciembre 2009 no se ha respetado el contrato colectivo de trabajo presentado por el sindicato blanco, dejando desprotegido a los trabajadores.
Conclusiones y sugerencias
Como puede apreciarse, los maestros del ITSR están sufriendo el embate de las autoridades de la Institución, por el terrible “pecado” de ejercer derechos constitucionales y humanos. Merecen por ello el apoyo solidario de la población, sobre todo de los padres de familia y de loa alumnos.
Nuestra sugerencia a las autoridades educativas del Instituto y de gobierno del Estado es muy simple: no busquen segundas intenciones donde no las hay. Si se respetan los derechos de los asalariados, todos ganaremos: la Institución en primer lugar, porque los servicios que reciba serán de la mayor calidad y realizados con el mejor de los compromisos; los alumnos, que tendrán una formación más sólida y propicia para obtener empleo; y la sociedad que recibirá profesionales altamente capacitados.
Llamamos a cumplir la ley y respetar los derechos humanos laborales de los docentes del ITSR.
16/enero/10.

Boletin

2010-01-16T16:24:00.000-08:00

A los medios de Comunicación
A la Comisión De Mediación
Al Gobierno Federal

15 de Enero del 2010

Apreciables:

Carlos Montemayor, Miguel Ángel Granados Chapa, Samuel Ruiz, Rosario Ibarra, Gilberto López y Rivas, Enrique González Ruiz y Juan de Dios Hernández Monge.

Con sumo agrado los familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez recibimos la noticia de su disponibilidad para continuar con los trabajos en el proceso de dialogo entre el Gobierno federal y el EPR, con la finalidad de esclarecer la desaparición forzada de nuestros familiares y lograr su presentación con vida.
Sabemos la entrega y el esfuerzo que todos ustedes realizan al aceptar esta encomienda, por ello les agradecemos de todo corazón su labor en esta ardua tarea, creemos y confiamos en su integridad intelectual y moral, así como en su entrega y compromiso no sólo para con nuestros familiares, sino también para con nosotros que durante todo este tiempo hemos contado de manera permanente con su apoyo. Aceptamos de nuestra parte las condiciones que ustedes consideren necesarias a partir de este momento para entablar nuevamente su encomienda. Y saludamos con agrado la incorporación de los integrantes de SERAPAZ, Miguel Álvarez Gándara, Jorge Fernández Souza, Dolores González Sarabia, Gonzalo Ituarte Verduzco y Pablo Romo Cedano que se sumarán a las tareas de mediación.
Así mismo, al Gobierno Federal le exigimos una vez más, a que en este momento muestre su verdadera disponibilidad y voluntad para avanzar de manera más pronta en este proceso y dar con el paradero de nuestros familiares con vida y con los responsables de su desaparición.
Durante todo este tiempo lo único que se ha obtenido de ustedes lamentablemente han sido meras declaraciones y nada de hechos, el proceso de dialogo ha sido lento, no dándole la importancia que tiene este crimen de lesa Humanidad, han dilatado el proceso de dialogo al no dar respuestas claras y avances a las interrogantes planteadas por la COMED, haciendo perdidizos los documentos que según ustedes son importantes y de prioridad.
En este momento todas las partes han mostrado su disponibilidad y están de acuerdo en retomar este proceso de dialogo para lograr la presentación con vida de nuestros familiares, ahora solo falta en verdad que ustedes (gobierno Federal) demuestren en los hechos que están dispuestos a hacerlo. Les recordamos y reiteramos que en este crimen de lesas humanidad tanto es culpable la persona que ejecuta el hecho como también quien valiéndose de su cargo dilata y detiene el proceso de impartición de justicia y búsqueda de castigo para los responsables.
Por lo tanto, señores en este momento y desde siempre el esclarecimiento de la desaparición de Edmundo Reyes y Gabriel A. Cruz ha estado en sus manos, por que es su responsabilidad, por lo que exigimos una vez más se restablezcan los trabajos de manera seria y comprometida de su parte para encontrar a nuestros familiares.
Agradecemos una vez más a los integrantes de la COMED y SERAPAZ por su entrega y compromiso poniéndonos a sus ordenes para cualquier asunto que se tenga que tratar.
Asimismo agradecemos a todos aquellos medios que de manera real y constante han seguido este proceso y nos han dado voz cuando más lo hemos necesitado.

¡¡VIVOS SE LOS LLEVARON VIVOS LOS QUEREMOS!!
¡¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS EN EL PAÍS!!
¡¡CASTIGO A LOS RESPONSABLES!!
COMITÉ DE FAMILIARES DE DETENIDOS- DESAPARECIDOS
“HASTA ENCONTRARLOS”

Nadin Reyes Maldonado
Comite "Hasta Encontrarlos"

Boletín

2010-01-15T12:26:00.000-08:00

Al PDPR-EPR.
Al Gobierno Federal.
A los Familiares de los Desaparecidos Políticos.
A la Opinión Pública Nacional e Internacional.

En reuniones de 6 y 11 de enero de 2010, quienes integramos lo que fue la Comisión de Mediación entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Gobierno Federal, nos reunimos en la sede de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), con el fin de analizar la solicitud de los familiares de los desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, así como del propio EPR, de reconstituir la COMED.
Luego de deliberar con amplitud, tuvimos en cuenta las siguientes:
CONSIDERACIONES:
1.- El Estado mexicano fue recientemente condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en dos sentencias referidas a graves violaciones a Derechos Humanos, que constituyen delitos de lesa humanidad, cometidos por personas a su servicio, entre ellas miembros del Ejército Mexicano.
2.- Una de las condenas de la CIDH se refiere a la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco y abre una posibilidad de que este tipo de crímenes de lesa humanidad sean castigados en nuestro país y, sobre todo, de que se localice con vida a otros detenidos desaparecidos.
3.- Para quienes integramos la COMED, es imposible dejar de escuchar las voces de los familiares y del organismo que ha decidido mantener la tregua que solicitamos desde el inicio de nuestras actividades, aunque el gobierno no lo haya reconocido así.
4.- La desaparición forzada de persona ha adquirido y seguirá adquiriendo una mayor importancia debido a las difíciles condiciones del país.
5.- A pesar del comunicado de la Secretaría de Gobernación del pasado 6 de enero, consideramos un hecho fácilmente verificable que no se han modificado las condiciones en que la COMED decidió suspender sus tareas, dado que el Gobierno Federal continúa sin voluntad política que se concrete en acciones específicas que lleven a la solución del problema.
Por lo anterior, tomamos los siguientes
ACUERDOS:
a) Reconstituir la Comisión de Mediación (COMED) en una nueva etapa, en condiciones y con características diferentes a la anterior.
b) Creemos conveniente ampliar la Comisión con las personas que apoyaron diligente y permanentemente durante la primera etapa la labor de la COMED: Miguel Álvarez Gándara, Jorge Fernández Souza, Dolores González Sarabia, Gonzalo Ituarte Verduzco y Pablo Romo Cedano.
c) Diferenciar la existencia de la Comisión de Mediación por un lado, con la intención de reintegrarse como tal, y por otro lado, la existencia de una Mesa de Diálogo, que no depende de una decisión de la COMED, sino en este momento de decisiones del Gobierno Federal que no sean solamente declarativas.
Y d) Ratificar como nuestro vocero a Carlos Montemayor.
Hacemos esto del conocimiento público y llamamos a la sociedad a brindarnos su apoyo para el éxito de esta tarea. Esperamos asimismo la respuesta de las partes para precisar los términos de nuestra nueva etapa.
México, D.F. a 11 de enero del 2010.

José Enrique González Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor, Samuel Ruiz García.

Libro

2009-12-17T10:37:00.001-08:00

Foros

2009-12-08T18:40:00.001-08:00

Articulo

2009-12-08T17:14:00.000-08:00

El nuevo gobierno de San Luis Potosí, comienza golpeando a trabajadores y líderes sociales.
Fernando Tapia Rivera.

Hace tres semanas que el Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado de San Luis Potosí SITTGE, tiene un plantón a las afueras de palacio de gobierno, con la demanda de que sean restituidos seis trabajadores despedidos injustificadamente; la demanda no ha sido escuchada y no se ven visos de que el gobierno de Fernando Toranzo que ganó las elecciones a propuesta del PRI , pero que fue funcionario de Marcelo de los Santos del PAN, sea sensible al pueblo que lo eligió y sostenga la política represiva del PAN, no parece haber cambio.
El sábado 5 de diciembre, la dirigente del sindicato Francisca Rezendiz Lara se aprestó a solicitarle al Secretario General de Gobierno del Estado el C. JosèGuadalupe Duròn Santillán una cita para el diàlogo, aprovechando que en ese momento salìa de sus oficinas (a pesar de que sistemáticamente se había negado), ante la insistencia de la líder, el flamante secretario le dijo a sus guaruras que le quitaran esas viejas de encima, acto seguido: empujones, golpes, amenazas, insultos; resultado: cuatro compañeras golpeadas, dos de ellas con collarín: la dirigente Francisca Rezèndiz y Argelia Elvira Rivera; Olga Sol de Villa fue empujada por una camioneta golpeándola en la cadera, la también representante Iliana Duque salió un poco mejor librada.
Son los gobernantes que hablan del rescate del empleo, al igual que Calderón, su cinismo los lleva a sostener que los trabajadores son los culpables, este es el paìs del PRIAN.

Foro

2009-12-06T21:43:00.000-08:00

Foro

2009-12-01T20:38:00.000-08:00

Libro

2009-11-15T11:35:00.001-08:00

articulo

2009-11-08T22:17:00.000-08:00

PERSISTENTE AFÁN PERSECUTORIO
José Enrique González Ruiz

Ante las presiones políticas,
en poco quedan los principios jurídicos.

Un magistrado Terco
El Presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, doctor José Vicente Troya Jaramillo, manifiesta un inexplicable afán persecutorio contra Lucía Andrea Morett Álvarez, víctima del infame bombardeo al campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en Sucumbíos, ordenado por Álvaro Uribe Vélez. Porque insiste en solicitar su extradición a la nación andina, bajo la acusación de haber cometido un delito contra la seguridad interior del Estado (ecuatoriano) previsto en su Código Penal, artículo 147, que establece:
El que promoviere, dirigiere o participare en organizaciones de guerrillas, comandos, grupos de combate o grupos o células terroristas destinadas a subvertir el orden público, sustituir la Fuerza Pública, atacarla o interferir su normal desempeño, será reprimido con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años y multa de ochenta y siete a ciento setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Si estas actividades se ejecutasen con armas, u obedeciendo instrucciones foráneas, o con la intervención, apoyo o auxilio económico del extranjero, la pena será de ocho a doce años de reclusión mayor ordinaria y multa se ciento setenta y cinco a cuatrocientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Para que una persona pueda ser sancionada en aplicación de ese precepto legal, deben probarse plenamente los siguientes hechos:

1.- La persona acusada promovió, dirigió o participó (tres hipótesis distintas: promover, dirigir y participar) en grupos guerrilleros, o comandos, o grupos de combate o células terroristas.
2.- Tales grupos deben estar destinados a: I.- subvertir el orden público. 2.-sustituir la fuerza pública. 3.- Atacar la fuerza pública. 4.- o interferir el normal desempeño de la fuerza pública. Obviamente, por ser una ley del Ecuador, se refiere al orden y la fuerza pública ecuatorianos.
3.- Son factores agravantes de estas conductas: 1.- Ejecutar los hechos con armas. 2.- Realizarlos obedeciendo instrucciones foráneas. 3.- O recibir apoyo o auxilio económico, o propiciar cualquiera intervención del extranjero.
El magistrado Troya reiteró al gobierno de México su petición de que extradite a la ciudadana mexicana, en resolución del 30 de octubre del 2009, en la que da respuesta a una serie de requerimientos que le hicieron las autoridades mexicanas.

Los principales requerimientos de la Secretaría de Relaciones Exteriores
Una primera solicitud de extradición fue presentada por el presidente de la Corte ecuatoriana. La Secretaría de Relaciones Exteriores, a nombre del gobierno de México, requirió a la solicitante una serie de precisiones. Las más importantes son:
a) El delito por el cuál se reclama a Lucía Morett; b) un extracto de los hechos que constituyeron las conductas delictivas por las que es requerida; c) las circunstancias de tiempo, modo y lugar del ilícito; ch) cómo fue que Lucía Morett participó en el ilícito, de tal forma que puso en riesgo la seguridad interna del estado ecuatoriano; d) si se trató de un atentado contra la seguridad interna del Estado o se produjo una lesión a la misma; e) si el delito que se imputa a Morett se considera político; y f) la razón por la que se validó la información contenida en la computadora que el ejército de Colombia dice haber recogido del Campamento de las FARC, cuando el Informe Forense de Interpol señaló “que el acceso a los datos contenidos en las pruebas que fueron entregadas a la Dirección de Investigación Criminal de Colombia ‘no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la Ley’, por tanto no puede tomarse como evidencia para pretender acreditar la presunta responsabilidad de la reclamada en los hechos que se le atribuyen”.
Como puede verse, el cuestionamiento fue a fondo: abarcó desde los hechos base de la acusación, hasta la validez de las pruebas que aparecen en el expediente, pasando por la tipificación del ilícito imputado. Y es que el gobierno mexicano sabe perfectamente que Lucía Morett es víctima del bombardeo criminal que se realizó el 1 de marzo del 2008, en el cual fueron asesinadas 25 personas, entre ellas el comandante de las FARC Raúl Reyes y cuatro jóvenes de nacionalidad mexicana. El único hecho comprobado es que la estudiante de la UNAM se encontraba en el sitio.
Más adelante nos referimos en concreto a la pregunta que consideramos clave, referente a las acciones de las FARC.

Las respuestas del presidente de la Corte de Ecuador
Desaprovechando la oportunidad que le dieron las autoridades mexicanas de enmendar los errores que cometió en su primera solicitud, el doctor Troya respondió con vaguedades y reiteraciones.
1.- Respecto a la acusación concreta, simplemente transcribió el artículo 147 del Código Penal. Pero no precisó cuál de las hipótesis de ese precepto es la aplicable al caso, pues omitió decir si considera a las FARC un grupo guerrillero, u comando, un grupo de combate o una célula terrorista. Tampoco precisó si ese organismo está destinado a subvertir el orden público ecuatoriano, o a sustituir, atacar o interferir el normal funcionamiento de la fuerza pública ecuatoriana.
2.- En cuanto al extracto de los hechos que se le solicitó, lo único que hizo fue una transcripción de un acta que existe en el expediente, en la que se dice que “…En el lugar de los hechos se encontraron (sic) a Lucía Andrea Morett Álvarez, Doris Bohórquez o Doris Johana Torres Bohórquez y Martha Pérez, que por la gravedad de sus heridas fueron trasladadas al hospital militar de la ciudad de Quito, quienes manifestaron que se encontraban dentro del campamento de las ‘Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo’ (FARC-EP cuando se produjo el bombardeo”.
De modo que si se hubiesen encontrado en el lugar a alguna de las personas que realizaban gestiones de intermediación de las FARC con el gobierno de Colombia, para conseguir la paz, como la senadora Piedad Córdoba, también la hubiesen criminalizado.
Lo cierto es que no se cumplió lo pedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues no se hizo un extracto de los hechos que pudieran ser constitutivos del delito de participar en hechos tendientes a subvertir el orden público ecuatoriano, o a atacar, sustituir o interferir en el normal desempeño de su fuerza pública.
3.- Tampoco se definieron las circunstancias de tiempo, lugar y modo del delito que imputan a Lucía Morett, ya que no se dijo concreta y específicamente qué hizo para participar con un grupo cuyo destino es subvertir el orden público ecuatoriano, o atacar, sustituir o interferir en el normal funcionamiento de la fuerza pública ecuatoriana. Se limitó el doctor Troya a detallar una serie de documentos que aparecen en el expediente y luego concluir de forma ilógica que “la requerida ) o sea Lucía) participó porque se encontraba en el campamento irregular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia”. Como si alguien que se encontrara en un cementerio pudiese legalmente ser considerado muerto.
4.- No precisa el doctor Troya en qué consistió la conducta de Lucía Morett que pudiera llevar a decir que participó en el grupo denominado FARC, de modo que es imposible concluir que se actualiza el tipo penal del artículo 147 del Código Penal. Se refugia el doctor Troya en lo dicho por el Juez Tercero de lo Penal de Sucumbíos y pretende justificar su actuación afirmando que es su obligación pedir la extradición.
Realmente, la obligación de la Corte y de su presidente, era estudiar a fondo si lo que le solicitó el citado Juez se ajusta con plenitud a los términos del Tratado de Extradición que su país tiene celebrado con México. Asuntos de tanta relevancia no pueden ser tratados con tal superficialidad, sobre todo que está pidiendo a México que extradite a una mexicana.
Su único “argumento” es que: “se trataba de un campamento militar de grupos irregulares (¿cuáles, cuántos?) en el cual se encontraba la reclamada”. De manera que para el presidente del más alto tribunal del Ecuador, estar en un lugar convierte a la persona en delincuente, como si estar en un rastro convirtiera a las personas en matanceros.
Para acusar a Lucía Morett de participar en un grupo que se proponía subvertir el orden público ecuatoriano, o sustituir a su fuerza pública, o atacarla, o interferir en su normal desempeño, es indispensable que se pruebe (y no que se suponga o se sospeche) que realizó actos u omisiones que lleven a la conclusión de que tales eran sus propósitos. Nada de esto existe en el caso; estamos ante una mera fabulación, impropia de una Tribunal de Derecho y de su presidente.
5.- Al referirse a la pregunta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de si se trató de una tentativa o de un ilícito consumado, el doctor Troya contestó que se trata de un delito de acción pública, pero de nuevo omitió probar que Lucía Morett lo cometió. Y es que, ciertamente, ante tanta ambigüedad de la solicitud de extradición, cabe la duda de la índole de la acusación. Y en materia penal no hay sitio para la duda; los hechos tienen que estar perfectamente tipificados y comprobados.
Tal vez lo ambiguo del escrito se deba a que no hay manera de probar que Lucía Morett cometió el ilícito que le están imputando, y por eso sus acusadores se quedan en el mundo de las vaguedades: “la requerida participó, porque se la encontró en el campamento…”
6.- Para el doctor Troya, no es político el delito que se atribuye a Lucía Morett porque “la presencia de grupos irregulares afectan (sic) la seguridad interna del país”.
Incluso dando por bueno ese argumento, ¿qué relación directa tiene eso con Lucía Morett? Como dice Rodrigo Trujillo Orbe, asesor jurídico miembro de la INREDH, “La sola presencia de la misma –Lucía- en el campamento que fue bombardeado no demuestra absolutamente nada, sino que fue una víctima de los bombardeos”.
Para cualquier analista medianamente informado, Lucía Morett es acusada de un delito político, lo que se evidencia por el hecho de que está incluido en el capítulo de los “Delitos contra la Seguridad Interior del Estado” del Código Penal. Imposible ocultar tanta verdad.
7.- Y la validación de los datos “encontrados” en la computadora milagrosa que tenía Raúl Reyes en el campamento bombardeado, tampoco es tratada por el doctor Troya, quien responde con una leguleyada: “…no fue enviado –el informe forense de la INTERPOL- para acreditar la presunta responsabilidad de la reclamada en los hechos sino para evidenciar la existencia de los mismos”. Si alguien entiende, que por favor nos aclare.
El cuestionamiento esencial
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México hizo a Ecuador una pregunta clave: el grupo denominado FARC ¿está destinado a subvertir el orden público, sustituir la fuerza pública, atacarla, interferir su normal desempeño? La respuesta es indispensable para “determinar si se actualiza o no el tipo penal”. Y pos supuesto que para responder sí a alguna de esas hipótesis, se tiene que acreditar que las FARC quiere poner en riesgo al Estado ecuatoriano y no a algún otro.
La contestación no podía ser más elusiva: “se trataba de un campamento militar de grupos irregulares en el cual se encontraba la reclamada…”. De modo que si una gavilla de robavacas se establece en algún sitio, para el doctor Troya se pone en peligro la seguridad interna del Estado ecuatoriano.
En conclusión, a la luz de un estudio imparcial, queda claro que la solicitud de extradición de Lucía Morett Álvarez que formuló la Corte Nacional de Justicia de Ecuador carece totalmente de sustento. Se basa en un hecho que nunca ha sido cuestionado: que la mexicana se encontraba en el campamento de las FARC el día 1 de marzo del 2008, cuando ocurrió un bombardeó genocida ordenado por el presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. Ese hecho, que es el único comprobado, no constituye ningún delito, ni mucho menos contra el Estado ecuatoriano.
Lo que existe es un persistente afán persecutorio por parte del presidente de ese órgano jurisdiccional, que no encuentra apoyo en precepto jurídico ninguno, ni del orden interno de Ecuador, ni de la Jurisprudencia Internacional.
Y como no cabe suponer ingenuidad en autoridades de la jerarquía del presidente de una Corte nacional, tiene uno derecho a concluir que existe la intención deliberada de continuar aprovechando este caso para adquirir prestigio, para colocarse en el escenario internacional o para mantener presión sobre una víctima de la agresión de Uribe.
Por ello, el gobierno de México debe declarar improcedente tal solicitud, en estricto cumplimiento al Tratado de Extradición que tiene celebrado con Ecuador, lo mismo que a los Principios Universales del Derecho. También está obligado a reclamar ante los tribunales internacionales, el castigo a los culpables de la matanza a mansalva de cuatro intelectuales mexicanos en plena formación: Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado, Verónica Natalia Vázquez Ramírez y Soren Ulises Avilés Ángeles.

7/noviembre/09.

calaveritas

2009-11-05T15:17:00.000-08:00

CALAVERAS 2009
La narcoguerra
Josenrique

La huesuda anda enojada
por la feroz competencia:
la mortandad desatada
no es toda de su incumbencia.

Por doquier se ven cabezas
y los cuerpos mutilados.
¡Carecemos de certezas
y vivimos espantados!

Un político rabón
declaró la guerra al narco;
se apellida Calderón
y en verdad no es nada parco.

Habla y habla sin cesar
y dice que va ganando.
¡Sólo lo vemos fallar;
siempre se anda tropezando.

Ahora hay mucha policía
y soldados reprimiendo,
mientras el pueblo porfía
en continuar resistiendo.

La violencia no se acaba
y crece con desmesura.
Está peor de lo que estaba
por ese cabeza dura.

Cada día hay más territorios
del crimen organizado;
con derechos sucesorios,
al “junior” bien “educado”.

Para acabar el problema,
la muerte dio el levantón;
a la tumba más extrema
se llevó al tal Calderón.

En verdad, dijo la parca,
tu guerra es contrainsurgente;
es el fascismo tu marca;
y atentas contra la gente.

Por eso al panteón se lleva
al espurio Calderón;
y a proponer yo me atrevo,
la nueva revolución.

Noviembre/09.

Artículo

2009-10-21T11:16:00.000-07:00

Persiste la impunidad en el caso Sucumbíos
José Enrique González Ruiz
Un ataque artero

La madrugada del 2 de marzo del 2008, aviones de la fuerza aérea colombiana, dirigidos por el ejército de los Estados Unidos desde la base de Manta, bombardearon en territorio de Ecuador un Campamento Guerrillero. La intención manifiesta era acabar con el comandante de las FARC, Raúl Reyes, quien encabezaba las negociaciones para la liberación de algunas personas que el grupo insurgente tiene retenidas hace tiempo.
Luego del bombardeo, soldados colombianos ingresaron en Ecuador y terminaron el operativo: es decir, ejecutaron a los sobrevivientes, con excepción de tres mujeres: Las colombianas Doris Bohórquez y Martha Pérez, y la mexicana Lucía Morett Álvarez. Durante 12 horas fueron sometidas a presiones psicológicas, que terminaron cuando se hizo presente el ejército ecuatoriano. Fueron 25 los asesinados por órdenes de Álvaro Uribe Vélez, entre ellos cuatro mexicanos: Juan González del Castillo, Fernando Franco, Verónica Velázquez (estudiantes de la UNAM) y Soren Ulises Avilés (egresado y trabajador del Instituto Politécnico Nacional).
Los jóvenes que se salvaron de la masacre en Quito (donde Lucía Morett fue torturada por el ejército ecuatoriano), recibieron asilo político en Nicaragua. La mexicana salió legalmente de Ecuador. Tanto los asesinados como ella fueron acusados de “terroristas”, por el gobierno colombiano, lo cual justificaría el daño que se les causó.
Mientras el gobierno ecuatoriano rompió relaciones diplomáticas con Colombia, el de Felipe Calderón consideró que el asunto quedó saldado cuando Álvaro Uribe “pidió perdón” por haber invadido un país amigo y ordenado el bombardeo.
De parte del régimen mexicano no existió una reclamación formal, ni mucho menos una demanda en tribunales internacionales, por el homicidio de cuatro mexicanos y las lesiones y torturas contra Lucía Morett.
Distanciamiento entre Ecuador y Colombia
Luego del ataque a Sucumbíos, la relación entre Colombia y Ecuador se tensaron. Hoy están en su punto más álgido, a partir de que el segundo país reclama la extradición de los responsables materiales del bombardeo.
Rafael Correa había decidió no renovar el convenio para la base de Manta; también demando a Uribe una satisfacción por el ataque a Sucumbíos. Calderón, por su parte, profundizó sus lazos militares con los norteamericanos, al ratificar la ASPAN y operativizar la Iniciativa Mérida, que antes se llamó “Plan México”, gemelo del “Plan Colombia”. Asimismo, reforzó su alianza estratégica con Álvaro Uribe para plantearse como la barrera de contención las derechas ante los planteamientos renovadores que se viven en Venezuela, Bolivia y el mismo Ecuador.
El tema de Sucumbíos evolucionó con una lógica propia en ambos países andinos. En Ecuador se abrió un juicio contra Lucia Morett, imputándole haber violado el artículo 147 del código penal al atentar contra la integridad del Estado. También se abrió juicio en Colombia, pero acá por terrorismo. A más de un año de los hechos, ambos países han dicho que Lucia es delincuente, aunque sólo Ecuador ha pedido a México la extradición de la universitaria mexicana.
La situación no podía ser más compleja para Morett: es testigo de los ilícitos cometidos por los soldados colombianos por órdenes de Álvaro Uribe y está en medio de un conflicto internacional que involucra no sólo a los países sudamericanos, sino también a México y a los Estados Unidos.
Siete Puñaladas en el Corazón de América Latina.
Como Ecuador no renovó la autorización para la base de Manta, el gobierno norteamericano pactó con Uribe el manejo de 7 de esos establecimientos en Colombia. Siete puñales en el corazón de América Latina los denominó Fidel Castro. Se ubican en Malambo, Palenquero, ----, Bogotá, Tolemaida y Larandia. La renta será por diez años, los gringos tendrán en ellas 800 militares y 600 contratistas (mercenarios) y un objetivo será apoyar a Uribe para acabar con la insurgencia (El comercio, Quito, 16 de agosto del 2009, P.3).
El gobierno de Barak Obama declaró que USA debe dejar de ser el policía del Mundo, pero eso no le impide instalar siete bases castrenses en territorio colombiano. Quiere cercar a Venezuela, a cuyo gobierno cataloga la prensa dominada por el imperio como “amenaza a la democracia”. Obviamente, es una imputación falsa, pues ningún gobernante de América se ha sometido a la cantidad de pruebas electorales que Hugo Chávez ha superado.
Al alinearse con esa estrategia, el impuesto Felipe Calderón, ha sepultado cualquier posibilidad de reclamar justicia por los asesinados en Sucumbíos, y no ha protegido a nuestra compatriota Lucía Morett. Es inconcebible que haya recibido más apoyo del gobierno de Nicaragua que del de México.
Obviamente, el de las 7 bases no es un asunto bilateral entre Colombia y Norteamérica. La peligrosa presencia de militares y mercenarios (eufemísticamente llamados “contratistas”) estadounidenses en el territorio andino, es una grave amenaza para toda la región.
Calderón Quiere ser Mediador
Al iniciar un segundo período presidencial, Rafael Correa aceptó la segunda petición de perdón que le presentó Álvaro Uribe por la agresión de Sucumbíos. Se exhibe consternado, pero parece bastante mustio. Porque sólo merece ser perdonado quien muestre arrepentimiento y propósito de enmienda, además de que pagó la correspondiente penitencia; y nada de eso hace Uribe. Además, su canciller Jaime Bermúdez precisó que el ofrecimiento de dialogar con Correa no es incondicional, pues no incluiría negociar el acuerdo militar con Estados Unidos. Dijo que las “relaciones internacionales no pueden simplemente partir de un supuesto de que el diálogo per se es bueno” (Idem).
Calderón no está legitimado para mediar, porque es parte interesada. Ha usado a periodistas, como Jorge Fernández Menéndez, para atacar a Lucía Morett clamando implícitamente porque sea entregada a los carniceros colombianos. Ese personaje tiene una clara relación con el gobierno de Uribe, pues recibe información de “la mágica computadora de Raúl Reyes. Los panistas del tipo del diputado Cristian Castaño, manejan lo que dice ese pseudoperiodista como “prueba” de que Lucía Morett es terrorista.
Antes de “mediar” entre Uribe y Correa, Calderón debería cumplir su obligación de defender a los mexicanos ante agresiones de gobiernos y ejércitos extranjeros. Debería recordar que nuestro Himno Patrio nos llama a ser soldados cuando un extraño enemigo osare profanar con su planta nuestro suelo; y, agregamos nosotros, asesinar y torturar a nuestros compatriotas.
O sea, que primero debe hacer lo necesario para poner fin a la impunidad por lo de Sucumbíos. Y no andarse ofreciendo para una mediación para la cual no está moralmente capacitado.

articulo

2009-10-13T13:02:00.000-07:00

Golpistas Impresentables
José Enrique González Ruiz

Por más vueltas que le dan,
a Micheletti y Vázquez
se les asoma el rabo golpista.
Obama en la Encrucijada: ¿qué hará con el Nobel?

Todo el discurso reformista de Barack Obama se destiñe cuando se analiza la situación de Honduras, donde un gobierno de facto (sólo reconocido como “interino” por la cadena televisiva CNN), se mantiene por medio de la violencia. Romeo Vázquez y Roberto Micheletti pretenden hacer creer al mundo que gobiernan dentro de un marco constitucional, cuando lo hacen por medio de la fuerza bruta. Son titulares de un poder fáctico, ajeno a cualquier sustento constitucional.
Obama ganó la presidencia deslindándose de las peores acciones de Jorge Bush. Pero hasta hoy no ha podido retirar a los soldados estadounidenses de Irak, ni cerrar el campo de concentración que su ejército tiene en Guantánamo. Tampoco puede retirar a los golpistas de Honduras. ¿Cuáles pueden ser entonces sus méritos para recibir el premio Nobel de la Paz? No parece haber muchos.
La evidencia es clara: más allá de los poderes formales que representa Obama, hay grupos que toman las decisiones cruciales del imperio. Cuando el representante del gobierno estadounidense en la OEA crítico a Manuel Zelaya por retornar a Honduras, se reveló la verdadera actitud imperial.
A la luz de lo ocurrido a John Kennedy, se advierte lo complejo de la situación de Obama. Quizá por temor a un atentado es que incrementó el número de soldados norteamericanos en Afganistán, sembrando dolor y muerte en la población.
Los Golpistas son Insostenibles
Como cuentan con el respaldo de los empresarios hondureños, Roberto Micheletti y Romeo Vázquez se sienten muy seguros. Rechazaron incluso la extinta propuesta de Óscar Arias, que en su momento les dio una salida airosa del atolladero en que están metidos. Pero se dejaron llevar por la soberbia y creyeron que con la debilidad de Obama y el apoyo de Clinton podrían controlar las próximas elecciones.
Pero el mundo no está para gorilas y por eso son rechazados en todos lados. Su único respaldo real es el de Estados Unidos, que ha dado indicaciones al Fondo Monetario Internacional para que les preste “ayuda humanitaria”.
Lo más importante para el Impero es la base militar de Palmerola, enclave norteamericano para controlar militarmente la región del istmo centroamericano.
El problema para USA es cómo garantiza la impunidad de Vázquez y de Micheletti, a quienes el movimiento popular quiere ver en la cárcel. En una eventual negociación, tendrían que responder por los daños que causaron con su golpe militar.
La Oligarquía se desmarca de los golpistas
El retorno del presidente Zelaya es la clave del asunto; no en vano disgustó tanto a los funcionarios imperiales. Su presencia en la embajada de Brasil fue el detonador de la aceleración de la protesta ciudadana.
Un sector de la oligarquía hondureña se desmarcó ya de los golpistas. Los presionan para que dejen sin efecto los decretos que suspenden las garantías ciudadanas, a fin de no cargar las consecuencias de esos actos. Y eso que estuvieron entre los promotores del golpe.
El movimiento de resistencia al gobernante de facto va ganando la batalla. Aunque es el que lleva sobre sus hombros el peso de la represión. Los asesinatos, los despidos y la persecución son pan de cada día. Pero se ha mantenido una férrea respuesta al golpismo, la cual será determinante en su caída.
Por más que formen parte de los planes imperiales para nuestro Continente, Micheletti y Vázquez terminarán su usurpación y Manuel Zelaya retomará la presidencia. Las luchas populares tardan en triunfar, pero finalmente lo logran.
14/octubre/09.

Libro

2009-10-12T18:26:00.001-07:00

Estimados amigos:
Les hacemos llegar la invitación y el poster para la presentación del libro del día jueves 15, en el Auditorio de la UACM plantel Colonia del Valle.
Gracias y nos vemos el jueves.
Un saludo
Ana Buriano
La Comisión de Uruguayos en México en Apoyo a la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad y la Coordinación de Enlace Comunitario de la UACM

INVITAN A LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO

"LAS PALABRAS QUE LLEGARON"

Con motivo del plebiscito en Uruguay para anular la ley de impunidad

Presentadores: Beatriz Stolowicz, Luis Hernández Navarro y Enrique González Ruiz

Moderador: Iván Gómezcésar

Jueves 15 de Octubre, 18.30 horas.

Auditorio de la UACM , Plantel del Valle, San Lorenzo 290 ,entre Adolfo Prieto y Roberto Gayol, Col. Del Valle, México D.F.

articulo

2009-10-04T11:34:00.000-07:00

FICHA ROJA
José Enrique González Ruiz
Los gobiernos fascistas criminalizan la inteligencia,
mientras los verdaderos delincuentes pasean su impunidad por el planeta.
La Interpol actúa facciosamente

En el sitio de la Interpol apareció el 30 de septiembre del 2009 una “ficha roja” que contiene la imagen y otros datos de identificación de Lucía Morett Álvarez, lo que implica que se está pidiendo su detención en más de 180 países, a petición del gobierno genocida de Colombia, presidido por Álvaro Uribe Vélez. El hecho de que sea roja la ficha implica que se le considera persona altamente peligrosa.
Lucía es egresada de la Facultad de Filosofía y letras de la UNAM y es una de las tres mujeres que salió con vida del bombardeo criminal que Uribe ordenó contra el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en Sucumbíos ecuador, donde perdieron la vida 25 personas, entre ellas cuatro de nacionalidad mexicana: Soren Ulises Avilés, Fernando Franco, Juan González del Castillo y Verónica Velázquez. En esa ocasión fue torturada por el ejército colombiano y presenció como éste ejecutó extrajudicialmente a otros sobrevivientes.
Para el régimen uribista, Lucía es pieza clave, en la medida en que está siendo utilizada para propiciar una segunda reelección del responsable de la matanza de Sucumbíos. Con ella se pretende compensar el enorme descrédito que acarrea a Uribe la firma de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que el imperio opere siete bases militares en territorio colombiano.
La Interpol ya se había prestado a una jugarreta inmoral: “certificó la validez” de la información supuestamente encontrada en la computadora del comandante de las FARC Raúl Reyes. En esto se han basado las acusaciones contra Lucía Morett, dando carácter de “prueba judicial” a los reportes de los espías colombianos en México, en Ecuador y en otros países. Periodistas de la calaña de Jorge Fernández Menéndez los han adoptado y les atribuyen el valor de palabra divina.
Ahora, la Policía Internacional vuelve a hacer el juego a quienes persiguen a Lucía por razones de índole política y no jurídica. En contrapartida, el organismo dijo que nada puede hacer en relación a la orden de captura que pesa sobre el exministro colombiano de Defensa Juan Manuel Santos, por los crímenes de Sucumbíos.
El complicado contexto geopolítico
El caso Morett está inmerso en la compleja problemática de la región andina, donde Estados Unidos despliega todo tipo de maniobras para impedir la consolidación de gobiernos alternativos a su modelo neoliberal. Con sus bases en territorio colombiano, amenaza a Venezuela, a Ecuador y a Bolivia, que hoy en día constituyen el ejemplo para otras naciones del continente latinoamericano.
Ante el fracaso del ALCA, Norteamérica modificó su táctica de dominación. Ya no habla abiertamente de sus grandes planes continentales (aunque por supuesto los mantiene vigentes), sino que somete a cada país conforme va pudiendo. A Colombia lo está convirtiendo en una plataforma de agresión hacia sus vecinos, igual que Israel lo es para las naciones del Medio Oriente.
En la misma línea, para el Imperio es esencial descalificar las luchas de liberación de los pueblos latinoamericanos. Por eso declaró a las FARC como “narcoterroristas” y les dedica una especial atención en sus medios informativos. La empresa de televisión CNN se encarga de presentarla al mundo como lo más negativo que pueda existir. Y Lucía fue encontrada en un campamento de ese grupo guerrillero.
Un acuerdo estratégico entre Calderón y Uribe
A partir de la firma de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), y su complemento llamado Iniciativa Mérida, el gobierno de México se ha subordinado por completo a la estrategia continental norteamericana. Esto trajo consigo una estrecha colaboración estratégica de Calderón con Álvaro Uribe Vélez. De hecho, ambos políticos se asumen como peones del tablero estadounidense en América Latina.
Por ello, las acciones y omisiones de la administración federal (Secretaría de Relaciones Exteriores y Procuraduría General de la República, particularmente) son producto de decisiones planeadas y acordadas con sus aliados norteamericanos y colombianos. Se ha revivido incluso el llamado Plan Puebla Panamá, ahora con el nombre Plan Puebla Putumayo, para incluir e Colombia.
La tarea más urgente es echar abajo esa “ficha roja” de Interpol, obligando al gobierno mexicano a desestimarla.
1/octubre/09.